“Al día de hoy, luego de haberse logrado en el 2015 la liberación de 26 ciudadanos que habían sido encarcelados por manifestar, todavía se encuentran recluidas 43 personas. En total, incluyendo otros casos, se mantienen 89 personas encarceladas por motivos políticos, de los cuales 21 son estudiantes, 3 dirigentes políticos (Ledezma López y Ceballos), 8 mujeres y 5 personas por haber emitido mensajes por la red social Twiter, informó el Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero.
“Es importante para nosotros detallar que hay 2010 personas que no sólo se encuentran con procesos judiciales pendientes, si no que soportan medidas restrictivas de su libertad. Deben presentarse regularmente ante un tribunal, algunos tienen prohibición de salir del país, otros tienen prohibición de dar declaraciones a medios de comunicación y de participar en reuniones públicas” dijo Romero.
Desde el Palacio de Justicia en Caracas; y a pocos minutos de celebrarse la audiencia del juicio de los detenidos en el campamento frente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-ONU) el 8 de mayo del 2014, Romero indicó que según registro del FPV, 3.718 personas han sido arrestadas por manifestaciones. Aunque la gran mayoría ya han sido puestas en libertad, sólo el año pasado 296 de esas personas fueron privadas de libertad por mediano o largo plazo por orden de un tribunal.
Adelantó que actualmente se encuentran recopilando información de venezolanos exiliados en el exterior que han sufrido persecución política y que han tenido que salir del país.
“Hoy venimos a la audiencia de ocho personas de las cuales cinco se mantienen privadas de libertad que son Gerardo Carrero, Gerardo Resplandor, Nixon Leal, Ángel Contreras, Carlos Pérez, detenidos en el campamentos frente a la sede de la ONU en Caracas y que el próximo ocho de mayo cumplirán un año arbitrariamente tras las rejas” alertó Romero.
Denunció que ha habido retardo en los procesos, irregularidades así como torturas y tratos crueles e inhumanos, específicamente en el caso de Gerardo Carrero. “Esto ha sido denunciado ante instancias nacionales como la Fiscalía, el tribunal de la causa y la Defensoría del Pueblo, así como ante instancias internacionales”.
“Ayer fue consignada nuevamente por los padres de Gerardo Carrero ante la Defensoría del Pueblo, una solicitud de atención médica inmediata por presentar problemas de salud tanto físicos como psicológicos (…) Carrero se encontraba detenido en “La Tumba” de Plaza Venezuela y luego de múltiples solicitudes e incluso a una medida de protección emanada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) del Helicoide”.
Para el director ejecutivo del Foro Penal, para alcanzar la paz social, se debe partir de materializar las libertades de ciudadanos injustamente presos. “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, y tomamos las palabras del defensor del pueblo Tarek William Saab, en relación a un plan de reconciliación nacional que incluya a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo así como a las ONG de Derechos Humanos y que se tome como principio la reconciliación y la liberación de presos políticos para obtener la paz social” aseveró.
Detalló que el tema de DDHH es un tema universal que le compete a todos los países del mundo. “Nuestra posición como ONG y como FPV no es relacionar el tema de los derechos humanos con posiciones políticas nacionales o internacionales, pero sí acudimos a instancias competentes como la ONU, la Comisión Interamericana de DDHH, entre otras, y el Estado venezolano debe acogerse a las resoluciones de estas organizaciones si no quiere ser señalado como irrespetuoso de los derechos humanos.
Nosotros mismos, los miembros del Foro Penal, hemos obtenido medidas cautelares de protección por parte de la CIDH por acoso en consecuencia de nuestra actividad como defensores de derechos humanos. En cualquier caso, consideramos que el respeto a los derechos humanos debe ser un clamor universal” afirmó Romero.
Así mismo, en relación a la audiencia, el también director del FPV, Gonzalo Himiob destacó que denunciarán las graves violaciones al debido proceso. “Han pasado 83 días, y desde el 2 de febrero el tribunal no ha despachado ni adelantado gestiones propias del juicio. Muchas de las denuncias que haremos fueron formuladas hace mas de dos meses y todavía no tenemos respuesta”, advirtió Himiob.
Además dijo “Esto es una violación clara y flagrante al principio de continuidad, al principio de concentración, de inmediatez que deben regir los procesos de judiciales penales”.
Anunció que el FPV solicitará la aplicación de medidas cautelares sustitutivas de privación de libertad debido que hasta los momentos no han sido condenados y tienen derecho por constitución y por ley de ser tratados como inocentes”.
La audiencia finalizó y el tribunal fijo para el 6 de mayo la nueva audiencia a los efectos de contestar la solicitud sobre revisión de las medidas privativas de libertad.
Fuente: LP
