La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se pronunció hoy contundentemente contra la enmienda debatida en el Congreso con apoyo de varios de sus aliados que reduce de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal en Brasil, por considerarlo un «retroceso» que no resuelve los problemas de seguridad del país.
«Eso sería un gran retroceso para nuestro país. Hace pocos días reiteré mi posición contraria a ese tipo de iniciativas y mantengo mi palabra», afirmó la jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Para la mandataria, reducir la edad de responsabilidad penal «no resuelve el problema de la delincuencia juvenil», como alegan los parlamentarios que apoyan la iniciativa, y lo que se necesita, en su opinión, es castigar con más rigor a los adultos que reclutan a menores para practicar crímenes.
La gobernante se pronunció dos semanas después de que la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados le diera luz verde a la enmienda constitucional que reduce a 16 años la edad a partir de la cual pueden ser condenados a prisión jóvenes acusados de crímenes.
La decisión de esta comisión, por 42 votos a favor y 17 en contra, fue el primer paso en el largo proceso de aprobación de una enmienda constitucional que estaba archivada hacía años en el Congreso pero que algunos legisladores decidieron reflotar ante casos de crímenes practicados por menores que causaron conmoción pública.
Pese a que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) se opone a la iniciativa, el proyecto avanzó con los votos de gran parte de legisladores afiliados a partidos de centro y de derecha que forman parte de la alianza de Gobierno.
Contra la polémica enmienda también se han pronunciado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Rousseff aclaró que su oposición a la enmienda no significa que sea favorable a la impunidad en este tipo de crímenes.
«Los menores que hayan cometido algún tipo de delito tiene que ser sometidos a medidas socioeducativas, que, en los casos más graves, ya incluyen la privación de la libertad. Brasil cuenta con una legislación avanzada, el Estatuto de la Infancia, que siempre puede ser perfeccionado», alegó.
La presidenta agregó que considera adecuado promover un debate sobre la alteración de la legislación pero más enfocado en leyes más duras para sancionar a los «adultos que reclutan menores para el crimen organizado».
Aseguró que ya le pidió a su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, promover una amplia discusión sobre el asunto con el fin de perfeccionar el Estatuto de la Infancia.
«Pero insisto en que no podemos permitir la reducción de la edad de responsabilidad penal. El lugar de los niños y de las niñas es en la escuela. Basta de impunidad para aquellos que reclutan a niños y adolescentes para el crimen», concluyó la mandataria.
En un comunicado divulgado hace dos semanas Unicef alegó que la experiencia de otros países que han adoptado este tipo de reforma penal demostró que la medida «no reduce los crímenes violentos y que penaliza a la infancia».
Fuente: EFE
