El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que espera que las FARC escuchen el clamor internacional por la paz del país expresado por los mandatarios participantes en la VII Cumbre de las Américas celebrada el pasado fin de semana en Panamá.

En esa cita, Santos recibió el apoyo de la mayoría de los presidentes o primeros ministros participantes, quienes elogiaron su empeño por conseguir la paz en los diálogos que su Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan a cabo en La Habana desde noviembre de 2012.

«Ojalá las FARC escuchen que aquí hay una oportunidad de oro, las oportunidades vienen y se van y ojalá podamos avanzar rápido», dijo el mandatario en el programa semanal Agenda Colombia, que emite los lunes la Presidencia.

El jefe de Estado reconoció que las FARC, por su historial de violencia, todavía «generan mucho escepticismo» en grandes sectores de la sociedad, pero se mostró confiado en que en la medida en que se avance en los diálogos «ese escepticismo se va diluyendo».

«Ese escepticismo es normal, la gente no cree en la voluntad de las FARC. Todavía mucha gente cree que no van a hacer la paz y eso genera falta de apoyo» al proceso de negociación, afirmó.

El presidente consideró «normal» esa situación ya que «después de 50 años de guerra son muchas las heridas que tenemos que ir sanando».

Santos subrayó que las FARC también deben entender que las partes deben asumir «algún tipo de justicia transicional» para respetar los derechos de las víctimas «porque de otra forma no vamos a tener el apoyo de la comunidad internacional» a un eventual acuerdo de paz.

«La única forma de blindar los acuerdos para que el día de mañana no abran procesos (contra guerrilleros o militares que participaron en el conflicto armado) es algún sistema de justicia transicional como lo determina la comunidad internacional y la ley internacional, y ese el gran punto de discusión en el proceso», expresó.

En un comunicado divulgado el pasado viernes en La Habana, las FARC rechazaron la posibilidad de que, como parte de un eventual acuerdo de paz, se sometan a mecanismos de justicia que consideran diseñados para «bandas criminales» y reclamaron la aplicación del Protocolo II de Ginebra, referido a «conflictos internos» entre Fuerzas Armadas del Estado y fuerzas disidentes.

El diálogo de paz en La Habana se centra actualmente en el punto de víctimas, que reclaman verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

«Tenemos que ser creativos, audaces dentro de unos parámetros, y ahí es donde necesitamos el apoyo de la comunidad internacional», agregó Santos, quien dijo que con ello se busca «darle legitimidad a cualquier decisión que tomemos».

Fuente: EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy un decreto por el que levanta la prohibición de suministrar sistemas de misiles antiaéreos S-300 a Irán, vigente desde 2010, informó el Kremlin.

El decreto elimina la prohibición de tránsito por el territorio de la Federación Rusa de esos sistemas de misiles, su cruce por la frontera rusa y el suministro a la República Islámica de Irán de sistemas S-300.

Poco antes, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, anunció que Rusia exigirá el levantamiento del embargo internacional de armas a Teherán una vez se firme el acuerdo nuclear con Irán a finales del próximo mes de junio.

«Rusia exige su levantamiento como primer paso tras el cierre del acuerdo» definitivo sobre la política nuclear de Irán, dijo Riabkov.

Irán y las potencias del Grupo 5+1 alcanzaron hace pocos días un acuerdo preliminar que prevé que el programa de enriquecimiento de uranio iraní sea limitado y supervisado por un periodo de hasta 25 años, y establece que el 95 % del uranio ya producido sea diluido o enviado al exterior.

El tratado consensuado, que establece «controles estrictos» de las actividades nucleares iraníes por parte del OIEA, también prevé el levantamiento de las sanciones nucleares impuestas por EEUU y la Unión Europea contra Irán.

En 2010, el entonces presidente ruso, Dmitri Medvédev, canceló el contrato para el suministro de los S-300 en aplicación de una resolución sancionadora de la ONU que restringe el suministro de armas convencionales a Irán.

Según el contrato firmado en 2007, Rusia debía haber suministrado a Irán al menos cinco baterías de sistemas móviles de defensa aérea S-300, capaces con sus misiles de abatir simultáneamente varios objetivos.

Los S-300 son similares a los Patriot estadounidenses y capaces de seguir y abatir varios blancos simultáneamente a alturas de hasta 27 kilómetros, con un alcance de hasta 200 kilómetros.

Estas baterías antiaéreas móviles son mucho más eficaces que los también sistemas antiaéreos Tor M-1, que Irán compró a Rusia por 700 millones de dólares en 2005, contrato que Israel describió como una «puñalada en la espalda».

Irán, en cuyo territorio especialistas rusos construyeron la primera planta atómica en Bushehr, con ayuda de los S-300 durante su conflicto con Occidente pretendía garantizar su defensa aérea de cara a eventuales ataques por parte de Estados Unidos e Israel.

Fuente: EFE

Decenas de miles de personas se volcaron a las calles de Brasil este domingo para protestar contra la presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad se desplomó ante un escándalo de corrupción y problemas económicos.

Los actos callejeros en diversas ciudades brasileñas reunieron al menos 696.000 personas según la policía y 1,5 millones según los organizadores.

Sin embargo, esta segunda ola de protestas antigubernamentales en menos de un mes fue menor a la que hubo el 15 de marzo, cuando más de 1,7 millones de brasileños salieron a expresar su descontento.

«Vine para sacar a Dilma del poder y mostrar mi indignación», dijo Fátima Mourão, una jubilada de 58 años que asistió a la manifestación de este domingo sobre la costa de la playa de Copacabana en Río de Janeiro, a BBC Mundo.

La mayor concentración ocurrió en São Paulo, donde la policía dijo que hubo 275.000 manifestantes en el centro y la encuestadora Datafolha calculó 100.000. En la protesta del mes pasado habían reportado 1.210.000 personas respectivamente.

Los actos fueron convocados a través de redes sociales por diferentes organizaciones no-partidarias, que sin embargo tienen diferencias entre sí sobre cómo debería procederse frente a Rousseff.

¿Impeachment?

Las protestas intentan canalizar un amplio descontento social que existe en Brasil con el gobierno pero también con el Congreso.

Una encuesta de Datafolha indicó el sábado que, ante el gigantesco escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, 63% de los brasileños apoyan un proceso de destitución de Rousseff dirigido por el Congreso y 33% lo rechazan.

No existe ninguna investigación formal contra Rousseff por ese caso, y varios juristas niegan que haya elementos para que el Congreso la destituya como hizo con el presidente Fernando Collor ante otro escándalo de corrupción en 1992.

Pero el «caso Petrobras» ha salpicado la imagen de Rousseff, que encabezó el Consejo de Administración de la empresa en años en que ocurrieron presuntos desvíos.

La mandataria afirma que desconocía los ilícitos hasta que salieron a la luz pública el año pasado.

Los investigadores sostienen que parte de los sobornos multimillonarios que pagaron empresas a cambio de contratos de obras con la petrolera financiaron al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Y los manifestantes de este domingo responsabilizaron a Rousseff por el escándalo en Petrobras y el estancamiento económico del país.

«La situación en que se encuentra Brasil es inaceptable, la corrupción está absurda», dijo Raphael Gonçalves, un estudiante de 16 años que participó del acto en Río con un cartel que reclamaba el impeachment de la presidenta.

«Absoluta certeza»
Rousseff dijo la semana pasada en la emisora CNN tener «absoluta certeza» de que su campaña electoral no recibió dinero de la corrupción y defendió la actuación de su gobierno ante el escándalo Petrobras.

Reelecta en octubre y apenas pasando los primeros 100 días de su segundo mandato, la presidenta ha visto su índice de aprobación desplomarse a 13% según el sondeo de Datafolha.

No obstante, la misma encuesta mostró que menos de 30% de los brasileños cree que se apartará del cargo y una amplia mayoría desconoce que, fuera destituida por el Congreso, asumiría su lugar el vicepresidente Michel Temer.

Temer pertenece al PMDB, un partido que también tiene altas figuras investigadas por los sobornos en Petrobras, y esta semana Rousseff lo nombró articulador político entre el gobierno y el Congreso para intentar calmar una rebelión de aliados.

Esta decisión fue criticada por opositores e incluso por miembros del PT que creen que la presidenta está entregando parte de su poder para sobrevivir políticamente.

Mientras algunos de los grupos que convocaron las protestas callejeras de este domingo reclaman que Rousseff sea destituida por el Congreso, otros evitan hacerlo. También hubo manifestantes con carteles que pedían una intervención militar en el gobierno.

Fuente: BBC Mundo