El Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro en conjunto con la Asociación de Alcaldes de Venezuela y la Alcaldía de Baruta llevó a cabo este viernes 10 de abril el “Ier Encuentro Nacional de Seguridad Ciudadana Municipal”, en donde se debatieron diversas ideas para lograr una buena gestión de seguridad social.
En el evento, Aveledo agradeció la hospitalidad de todos los organizadores y aseguró que el encuentro se hacía con el objetivo de abordar el tema de la seguridad de vida y propiedades de los ciudadanos.
“Gracias a la hospitalaria Alcaldía de Baruta, a los organizadores, a la Asociación de Alcaldes por Venezuela, al equipo del Instituto, a los ponentes, a todos ustedes por decir presente. Este encuentro es acerca de la seguridad de vida y propiedades y pronto volveremos a reunirnos en Lechería, para abordar la cuestión de los servicios públicos. Gobernamos localmente al 42% de los venezolanos. Es una enorme responsabilidad. Estamos muy conscientes de ella. Es lo que he sentido en los 44 municipios que he podido visitar hasta ahora”, indicó.
En la misma línea Aveledo señaló que existe un grave problema de inseguridad donde el acoso de la violencia es un problema central de la sociedad.
“En el primer trimestre de este año tenemos más muertes violentas y más secuestros. Y no se trata de un problema de la gran Caracas, estamos ante una tendencia nacional. Las autoridades nacionales lo saben, pero no lo reconocen. Se recogen firmas, se pronuncian discursos, se hacen cadenas de radio y televisión, nos preparamos para una guerra con el Imperio, pero estamos perdiendo la guerra contra el delito en nuestras calles. Queremos ser parte de la solución a este grave problema. Nos toca. Es nuestra responsabilidad. Garantizar la seguridad es competencia concurrente de los tres niveles del Poder Público: Nacional, Estadal y Municipal”, afirmó el representante del Instituto.
Asimismo, manifestó que las competencias de los municipios en materia de seguridad ciudadana se circunscriben principalmente al manejo de la policía local y a tareas de prevención social, comunitaria y situacional del delito.
“El artículo 272 de la Constitución se establece que las cárceles se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pero, como es conocido, el gobierno nacional ha incumplido con este mandato y, en lugar de descentralizar las cárceles, se ha profundizado la centralización con la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios en el año 2011.Se trata de lograr que la Constitución no sea letra muerta, un librito azul para mostrarlo y alegarlo en la propaganda política. Es la guía y el compromiso de los funcionarios públicos que, como tales, son empleados de la gente”, sentenció.
Por otra parte, el dirigente opositor indicó que la prestación del servicio de policía municipal debe hoy superar obstáculos y dificultades entre las que figuran: la falta de cuerpos policiales en 235 municipios del país, la falta de presupuesto la cual produce limitaciones en la dotación de sus policías, la baja remuneración para todos los funcionarios a nivel nacional, el alarmante número de asesinatos a funcionarios de la policía, entre otros.
“De los 335 municipios que tiene el país, hoy solo 100 cuentan con un cuerpo de policía municipal. Poblaciones importantes, como por ejemplo, Valera o El Vigía, no tienen en la actualidad policía propia. Los problemas presupuestarios de los municipios producen limitaciones en la dotación de sus policías y un importante déficit de funcionarios. Baja remuneración en todos los funcionarios policiales del país, sin proporción con su riesgosa profesión. Mientras en Ecuador, el funcionario policial de menor rango gana cerca de $1.000, en Venezuela el sueldo de un policía que se inicia ronda los $40 (tasa Simadi). Las policías municipales y estadales fueron desarmadas por el Gobierno nacional a través de la resolución 017359 del 13 de febrero de 2011 del Ministerio de la Defensa, la cual limitó a estos cuerpos de seguridad a utilizar solo armas 9 mm y una escopeta calibre 12 por cada 10 funcionarios. Así, deben enfrentar a una delincuencia que con frecuencia dispone de fusiles automáticos y granadas. La gran mayoría de los calabozos de las policías municipales se encuentran hacinados, convertidos en penales paralelos. El Gobierno nacional no adjudica los dólares a tasa de cambio preferente para la dotación de las policías municipales y además deben cancelar el IVA. ¿Es que acaso la seguridad no es prioridad? Las intervenciones inconsultas que viene ejecutando el gobierno nacional afectan el funcionamiento de los cuerpos de seguridad municipales”, manifestó Aveledo.
Sin embargo aseguró que a pesar de estas limitaciones, muchas alcaldías siguen haciendo lo imposible para tratar de salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos.
“Entendemos nuestra responsabilidad. Queremos ser parte de la solución. La Mesa de la Unidad, en documento entregado a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República el 24/04/2014, presentó recomendaciones para optimizar las policías del país. No fueron atendidas. Tenemos este año una gran oportunidad. No la perdamos. Una Asamblea Nacional útil a los venezolanos puede hacer mucho por la seguridad. A la AN incumbe legislar. La legislación puede influir para bien en la seguridad ciudadana. La AN también debe producir instrumentos legales que regulan la actuación de los cuerpos policiales, el sistema carcelario (por ejemplo, una ley que permita el bloqueo de las señales de los celulares en el perímetro de las cárceles) y distintos aspectos de la prevención del delito. La mayoría unitaria en la próxima Asamblea debe promover una agenda legislativa de consenso para la seguridad ciudadana” sentenció.
Finalmente Aveledo dijo que era competencia de la Asamblea Nacional el “control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional”.
“Es hora de que esa competencia sea ejercida. ¿Cuándo exigirá la Asamblea a la Fiscal General, los ministros del Interior y de Servicios Penitenciarios, los directores de los cuerpos policiales, que rindan cuentas de su actuación? Compete a la AN la aprobación del presupuesto nacional y de los créditos adicionales Hoy, solo 1% del presupuesto va a Seguridad, lo anota Transparencia Venezuela. No podemos perder la oportunidad de lograr, con nuestro voto, una Asamblea Nacional útil al pueblo y a derecho con la Constitución. Tenemos mucho trabajo por delante. No hay tiempo qué perder”, concluyó.ç
nota de prensa
