En lo últimos seis meses el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, ha fallado en contra de Venezuela en cinco casos por arbitraje que introdujeron empresas extranjeras cuyos activos en el país fueron expropiados por decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez.

En total por los 5 casos el país debe 2,12 millardos de dólares, más de la mitad de las reservas líquidas del Banco Central de Venezuela, que según el balance de la entidad a noviembre del año pasado (la data más actualizada) son 4 millardos. Economistas advierten, sin embargo, que ese monto puede haber bajado.

El país debe cancelarle a la minera canadiense Gold Reserve 740,3 millones de dólares; a la petrolera estadounidense Exxon Mobil, 853 millones (si se descuenta un pago previo que el país hizo por 747 millones). Al operador aeroportuario chileno IDC y a su socio suizo Flughafen Zürich se le deben pagar 33 millones; a la embotelladora norteamericana Owens Illinois, 455 millones, y a la empresa de servicios petroleros Tidewater, 46,4 millones.

Los pagos presionan aún más las finanzas del país que se han visto afectadas por la caída en el precio del petróleo, que aporta 96% de los ingresos en divisas y cuya cotización no ha mejorado en lo que va de año. Aunque el crudo volvió a alcanzar el tope de 50 dólares por barril a comienzos de este mes, volvió a bajar y el viernes pasado cerró en 46,19 dólares el barril.

Se espera que este año la deuda aumente aun más por la decisión sobre el caso de la petrolera Conoco Phillips que introdujo una demanda por 31 millardos de dólares por la expropiación en 2007 de su participación en los proyectos de crudo pesado Petrozuata y Hamaca en la faja petrolífera del Orinoco. El monto es el más alto al que se enfrenta Venezuela en las 25 demandas que tiene en el tribunal.

Analistas coinciden en que es principalmente por la situación financiera en la que se encuentra el país por lo que el gobierno ha solicitado la revisión de los fallos. El ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, se refirió la semana pasada al caso de Tidewater, y dijo que la república honraría la deuda, pero que se solicitaría una revisión del monto.

“En vista de que en los últimos casos el Ciadi ha fallado a favor del demandante, es probable que Venezuela pierda el caso ante Conoco Phillips, pero también ha pasado en los fallos que la sentencia no se da por el monto de la demanda original. Lo que está intentando el gobierno es postergar los plazos. Intenta que la medida demore en ser tomada y que se recorte el monto que se debe pagar”, afirmó la economista Anabella Abadi, de ODH Grupo Consultor.

Calcula que la sentencia sería por un pago muy por debajo de lo que pide la petrolera, pero reitera que cualquier monto comprometerá aun más al país. “En el caso de Exxon Mobil se logró bajar. Pero con Conoco, así se reduzca en 50%, se estaría hablando de 15 millardos, que sigue siendo mucho dinero”, dijo.

La semana pasada el gobierno informó que presentó ante el Ciadi una solicitud de recusación en contra del juez Kenneth Keith, presidente del tribunal arbitral en el caso de Conoco, y amplió una solicitud de recusación previa contra el árbitro Yves Fortier. La medida se tomó “debido a la marcada actitud en contra de la República de los árbitros en cuestión, con posterioridad a la emisión de la opinión disidente del tercer árbitro, el eminente jurista internacional profesor Georges Abi-Saab”, dijo el Ministerio de Petróleo y Minería en una nota de prensa.

El economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, coincide en que la solicitud de recusación tiene como propósito hacer que el Ejecutivo gane tiempo. “El gobierno tiene un déficit de caja que no puede afrontar. El monto que hace falta para cubrir las necesidades en divisas es de 25,7 millardos de dólares, eso sin sumar la deuda que se tiene con los proveedores internacionales, ni el pago de los juicios por expropiaciones. Lo que necesitan es tiempo, y medidas como la recusación lo que buscan es eso”, dijo.

Pero no es la primera vez que Venezuela hace esa solicitud. En mayo del año pasado el Ciadi rechazó la petición de Petróleos de Venezuela de remover a Keith y Fortier por el mismo caso.

Para evitar embargos

Ya distintas calificadoras de riesgo han advertido sobre el déficit de caja de Venezuela, que podría comprometer el pago del servicio de deuda externa, con lo que el país caería en default. El gobierno, sin embargo, ha afirmado que honrará los compromisos así como el pago que resulta de los casos de arbitraje.

“El Ciadi tiene una serie de reglamentos para que se cumplan las sentencias que emiten. En caso de que un país no pague se puede llegar incluso al embargo petrolero”, explicó Abadí. La economista agregó, no obstante, que el gobierno continuará con varias estrategias para extender los pagos, pero no cree que se incumpla la cancelación de la deuda.

Los más altos

*El monto más alto a pagar por las demandas es el del caso de Exxon Mobil. La decisión del Ciadi es de 1,6 millardos, pero puede que se pague menos de 1 millardo. La demanda fue por la política de renacionalización del sector petrolero que ejecutó el presidente Hugo Chávez.

*El segundo monto más alto que debe pagar el país a una empresa internacional es el del caso de la minera canadiense Gold Reserve por la expropiación de dos proyectos auríferos en el estado Bolívar.

*El fallo a favor de Owens Illinois, que salió el 12 de este mes, es el tercer monto más alto que debe pagar Venezuela. La empresa había demandado por la expropiación de dos plantas en el país. Chávez lo ordenó porque presuntamente la firma explotaba a sus trabajadores y dañaba el ambiente.

Fuente: http://lagranciudad.net/

Productores  de platos a  base de trigo debieron “ponerse creativos” para resolver la falta de la materia prima. Otros rubros también están escasos.

Los precios se fueron arriba. Los pastelitos —uno de los desayunos más tradicionales de Maracaibo— pasaron, sin escándalo, de Bs. 20 a Bs. 25 y hasta Bs. 35 en algunos casos. Los pizzeros también ajustaron —hacia arriba— sus precios de venta. Que cada vez se consiga menos harina de trigo es lo que alegan como causa de estos incrementos.

 
La escasez se limita, como coinciden, uno y otro, sin saberlo, a los precios regulados. Quien quiera conseguir el producto debe pagar más caro por un rubro que, “entre octubre y marzo pasó de Bs. 400 a Bs. 2.500”, más del 500% de incremento, como cuenta la propietaria de una pizzería en la avenida 5 de Julio.

 
Pese a que productores artesanales de pan, como Tulio Becerra —de la panadería Boconó, en el sector El Tránsito—, aseguran que “las distribuidoras de harina venden solo  al precio regulado y sin otros pagos adicionales”, la denuncia de que cobran un exceso que no queda reflejado en la factura siguen apareciendo entre otros consumidores que piden no indentificarse.

 
Tal es el caso de un productor de pastelitos de la avenida La Limpia. Asegura que la exigencia “de un cobro adicional se viene presentando desde hace mucho tiempo, en muchos de los locales que venden harina de trigo. Los afectados somos nosotros, los que compramos poco y por tanto no nos despachan desde los molinos”, explica.

 
“Es cierto que las distribuidoras te entregan una factura legal, pero por debajo hay que hacer otro pago”, cuenta.

 
“Estos negocios están en la subsistencia”, agrega. Explica que “en los mercados populares hay  redes de ‘bachaqueo’ que venden el producto a Bs. 2.500 y hasta Bs. 3.000”, dice.

 
Un saco de harina de trigo de uso industrial trae 45 kilogramos. De ahí salen, entre 800 y 1.000 pastelitos, o 100 pizzas.

 
La pizzera de la avenida 5 de julio detalla que su consumo de harina es de un saco por semana. “La masa de mis pizzas es muy delgadita y por eso no necesito tanta harina. Pero eso no es lo único que ha subido. También la margarina, los huevos, la carne, el pollo, los embutidos”, relata.

 
“He tenido que dejar de comprar a quienes me proveían hace años por el mismo tema del aumento de los precios. Hay que meterse a los mercados a comprar, a buscar mejores precios para que el negocio subsista”, dice.

 
En la misma situación se encuentra  otra pizzería, situada en la avenida Bella Vista. “Consumíamos hasta siete sacos a la semana, porque nosotros fabricábamos el pan que servíamos. Pero con el aumento de los precios, dejamos de hacer pan, y comenzamos a comprarlo. Ahora gastamos solo tres sacos a la semana”, asegura uno de los encargados que declina dar su nombre y se reservó el nombre del negocio.

 
“A principios de año incluso debimos fabricar las pizzas con unos bultos de harina de los que traen paquetes de un kilo, porque no conseguíamos la harina por saco”, manifestó.

 
Becerra agrega que, de suspender el despacho de harina de trigo a través de distribuidoras particulares “nos veríamos afectados todos los que no tenemos código de los molinos. Artesanales, galleteros, y pizzeros”.

Imagen referencial

Ángel Mendoza Zabala

Fuente: Panorama