El expresidente español asumirá la protección legal de Leopoldo López y del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ante la falta de garantías en ese país

El expresidente del Gobierno español, el socialista Felipe González, ha aceptado hacerse cargo de la defensa de los dos principales presos políticos del régimen chavista a petición de sus familias: el líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde hace más de un año, y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el pasado 20 de febrero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Ambos están acusados de ser los responsables del desenlace violento de las protestas del año pasado contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se saldaron con más de 40 muertos en las calles.

La decisión de Felipe González obedece al creciente deterioro de lasituación de los derechos humanos en Venezuela y a la ausencia de garantías jurídicas de los acusados, presos en la cárcel militar de Ramo Verde, a unos 30 kilómetros de Caracas. La iniciativa del político español, según ha sabido este diario, pretende también romper el silencio que han mantenido la mayoría de los Gobiernos de América Latina ante los abusos del régimen chavista.

Instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unasur han fracasado hasta ahora en suintento de mediar en la crisis política venezolana. Caracas tampoco ha atendido las reclamaciones para que libere a los presos políticos formuladas en las últimas semanas por la ONU, el Parlamento Europeo, los Gobiernos de Estados Unidos, España, Canadá y Colombia así como la Internacional Socialista, Amnistía Internacional o Human Rights Wacht, entre otros.

Una treintena de exjefes de Estado y de Gobierno suscribieron un texto en el que calificaban de “arbitraria” la detención de Leopoldo López
El propio Felipe González, quien mantiene una profunda relación con Venezuela desde los años ochenta, expresaba el pasado domingo en una entrevista con este periódico su preocupación por el actual “descenso en la defensa del funcionamiento de la democracia en América Latina” y abogaba por un “diálogo serio” entre el Gobierno y la oposición de Venezuela. “Y parte del diálogo es que no se puede detener a los representantes políticos. El presidente Maduro dice que allí no hay presos políticos sino políticos presos; yo diría que hay políticos presos por ser políticos”, afirmaba.

Ya en noviembre una treintena de exjefes de Estado y de Gobierno, integrados en el Club de Madrid, suscribían un texto datado en Florencia (Italia) en el que calificaban de “arbitraria” la detención de López y exigían su puesta en libertad. La declaración estaba firmada, entre otros, por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Óscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador).

Desde entonces, la situación política, social y económica de Venezuela no ha dejado de deteriorarse. A la más alta inflación del mundo, que ronda el 70%, las reiteradas devaluaciones del bolívar, la escasez de alimentos básicos y medicinas y el aumento de la inseguridad ciudadana se ha sumado el endurecimiento del Gobierno de Maduro contra la oposición —el Ejército ha sido autorizado, contraviniendo la Constitución, a disparar contra los manifestantes— y la prensa independiente.

La mujer de Ledezma, Mitzy Capriles visitó recientemente el Parlamento Europeo y también Madrid
El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido en su oficina, golpeado y encapuchado por una veintena de agentes de la Sebin que tuvieron que realizar varios disparos al aire para dispersar a vecinos y curiosos. Horas después de su arresto, Maduro lo acusó en radio y televisión de estar detrás de un supuesto golpe de Estado, que se habría activado a partir del manifiesto llamado Acuerdo Nacional de Transición firmado por Ledezma, Leopoldo López y la diputada María Corina Machado. En su alocución, el sucesor de Hugo Chávez calificó a Ledezma de “vampiro” y amenazó a los firmantes con un “puño de hierro chavista” ante la justicia.

La mujer de Ledezma, Mitzy Capriles, que ha hecho a Maduro responsable de la vida de su esposo, visitó recientemente el Parlamento Europeo y también Madrid, donde se entrevistó con el presidente Mariano Rajoy, los exmandatarios Felipe González y José María Aznar y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, entre otras personalidades. “El único golpe de Estado en Venezuela es el que recibe el ciudadano en el estómago cuando no encuentra los alimentos necesarios para subsistir”, comentó en conversación con este diario.

Ledezma comparte penal con Leopoldo López, preso desde que se entregó voluntariamente el 18 de febrero de 2014 y sometido desde entonces a un proceso judicial tan opaco como lleno de incidencias. López, exalcalde de Chacao y líder del partido Voluntad Popular, a quien Maduro suele llamar el Monstruo de Ramo Verde, está acusado por la fiscalía de instigar los incidentes que sacudieron Venezuela entre febrero y mayo del año pasado. De forma intermitente e imprevisible, López que estudió Derecho en la Universidad de Harvard, es trasladado desde la cárcel al tribunal de Caracas para asistir a las audiencias de su caso. La juez se encarga de que nada de lo que diga López trascienda a la opinión pública pese a que se trate de un acto público como es por ley un juicio oral. En la sala no se admiten ni periodistas ni representantes diplomáticos ni se pueden tomar notas. Además, los equipos electrónicos son incautados a la entrada.

Mucho peor es su circunstancia en prisión. En una entrevista manuscrita filtrada a través de la cárcel con EL PAÍS, López contaba que había pasado los primeros seis meses de encierro en total aislamiento y describía así su situación: “Las conversaciones con mi defensa son grabadas. Leen y confiscan mi correspondencia de manera arbitraria, hemos sido víctimas de requisas violentas por parte de comandos de inteligencia militar, han lanzado excremento humano dentro de nuestras celdas y en todo momento somos grabados directa o clandestinamente”.

La ONG venezolana Foro Penal calcula que en la actualidad hay 102 personas que cumplen condena o están siendo procesadas por casos relacionados con la violencia política. También denuncia las arbitrariedades judiciales que se llevan a cabo. A la defensa de López no se le ha permitido hasta el momento presentar a sus testigos. En el caso de Rodolfo González, de 64 años, hallado muerto en su celda el pasado día 13 y también acusado de organizar las protestas de 2014, la única prueba en su contra provenía de un testimonio anónimo. El régimen llama a estos delatores “patriotas cooperantes”.

Fuente: El País

El PSOE aguanta por encima de lo esperado el embate de los partidos emergentes
Susana Díaz, con 47 escaños, iguala los resultados de José Antonio Griñán en 2012

Susana Díaz ha resistido (con 47 diputados) por encima de lo esperado el embate de los partidos emergentes, aunque se queda a 8 escaños de la mayoría absoluta (55 diputados). La llave de un gobierno estable la tiene ahora Ciudadanos (9 diputados). Pero, con los resultados sobre la mesa, Susana Díaz podría plantearse gobernar en solitario, aunque con los acuerdos puntuales que requiere la acción legislativa y la aprobación de los presupuestos.

La apuesta de Díaz de adelantar las elecciones le ha dado, por tanto, parte de los frutos deseados. Porque, por un lado, coloca al PSOE de nuevo como fuerza más votada en Andalucía (el PSOE no lo fue en 2012) y, por otro, iguala los resultados de José Antonio Griñán, en un panorama político mucho más complicado de lo que lo tuvo su antecesor por la irrupción en el debate andaluz de partidos como Podemos o Ciudadanos.

Díaz, Moreno, Maíllo, Rodríguez, Marín y De la Herrán.
Ese triunfo de la socialista de Triana no significa, sin embargo, que el paisaje que se abre a sus pies sea menos complicado. Las posibilidades de formar un nuevo gobierno de coalición son ahora mucho menos evidentes para Susana Díaz. Principalmente, por que ya no suma suficientes apoyos con su socio ‘natural’, Izquierda Unida. El pacto con Ciudadanos no es imposible, pero el partido de Albert Rivera no querrá probablemente comprometer sus aspiraciones a ser igualmente decisivo en las próximas elecciones generales.

Un gobierno en minoría sería, por tanto, la opción más plausible para Susana Díaz, siempre que consiga superar en primera instancia la investidura, para la que también necesitará el concierto (en forma como mínimo de abstención) de alguna de las fuerzas políticas con más peso parlamentario.

El Partido Popular, por su lado, ha recibido el castigo que todos los sondeos le pronosticaban. Con 33 diputados, la candidatura de Juan Manuel Moreno Bonilla se queda a 18 escaños de los 50 que obtuvo Javier Arenas en 2012. Aquella amarga victoria se ha convertido para el Partido Popular de 2015 en una utopía inalcanzable. El PP de Rajoy había confiado en que la incipiente recuperación económica pudiera apuntalar los apoyos que el PP obtuvo en la convocatoria anterior. El desembarco de dirigentes nacionales y ministros, capitaneados por un omnipresente presidente del Gobierno, no ha conseguido convencer al electorado de que, como era su discurso, sólo el PP garantiza la consolidación de la incipiente recuperación económica.

El resultado electoral resulta especialmente adverso para dos fuerzas políticas que se quedan fuera de la Cámara andaluza.

Por un lado, el Partido Andalucista (PA), que tendrá que replantearse su propia supervivencia, ha quedado relegado a un papel irrelevante en la política andaluza pese al peso que llegó a tener hace escasamente una década. Su fracaso se produce en un escenario inicialmente beneficioso para fuerzas mayoritarias, lo cual deja constancia de que el nacionalismo andaluz no es ya una opción para electorado, que ha preferido confiar en otras fuerzas políticas de reciente aparición.

El caso de UPyD es diferente. Por segunda convocatoria consecutiva, la fuerza que lidera Rosa Díez se queda a las puertas del Parlamento, a pesar del trabajo relevante que esta formación ha venido haciendo en los últimos años en la lucha contra la corrupción, de la mano de su coordinador territorial en Andalucía, Martín de la Herrán, abogado de profesión. Los esfuerzos, sin embargo, han resultado vanos, y han demostrado que, al menos en la comunidad andaluza, el partido magenta está pagando el error de no haber concurrido a las elecciones de la mano de Ciudadanos, que ha copado en solitarios los apoyos del electorado del centro ideológico desengañado con los grandes partidos.

 
Fuente: El mundo.es