El diploma otorgado por una universidad en Venezuela es un documento único e irrepetible. Si se deteriora o extravía, no hay reemplazo salvo copias certificadas del acta de grado, útiles para determinadas gestiones. Asimismo, para que sea totalmente válido, el mismo debe ser legalizado ante el Sistema Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
En el pasado, la legalización o registro del título era una gestión bastante engorrosa y demorada, por lo que muchas personas preferían la intermediación de un gestor quien, a cambio de una tarifa considerable, se ocupaba de agilizar todo el trámite gracias a sus relaciones y contactos en los registros.
Sin embargo, desde la entrada en vigencia del decreto ley de Simplificación de Trámites Administrativos a finales de 2014, esta diligencia supuestamente es algo que puede hacerse en relativamente poco tiempo, siguiendo unos pasos claramente explicados en el portal www.saren.gob.ve, y la ayuda del intermediario se hace no sólo innecesaria sino ilegal. Esto dicta la medida.
En la realidad, toda persona que requiera una gestión ante el SAREN lo primero que debe es acudir el día que le corresponde según su último número de la cédula de identidad (lunes 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7, y viernes 8 y 9), hacer una cola tan temprano como las 4:30 de la madrugada, para asegurarse el cupo que le permitirá ingresar ese día a la oficina de registro para entregar sus recaudos, que incluyen compra de timbres fiscales, fotocopias, depósito bancario de la tasa requerida, etc. Y es a lo largo de este proceso que el ciudadano se convierte en la potencial víctima del robo de su diploma.
Pero, ¿para qué robar un título universitario?, pensará alguien ingenuamente. Pues para pedir importantes sumas de dinero a cambio de la devolución de este documento irreemplazable.
Según una alerta noticiosa publicada por el portal www.informe21.com, a través de las redes sociales usuarios del SAREN y víctimas de este delito reportan que las recompensas solicitadas alcanzan montos de hasta 100.000 bolívares.
«Mis planes están parados»
Luisa Tovar (no es su nombre verdadero por seguridad) concluyó sus estudios universitarios el pasado año y durante el último trimestre de 2014 recibió, con honores, su diploma. Actualmente se encuentra realizando todas las gestiones pertinentes para poder emigrar a Europa, con la idea de homologar su título, ejercer su profesión y con el fruto de su trabajo pagarse estudios de postgrado.
Pero, por el momentos, parte de sus planes están detenidos. El pasado mes de enero, a Tovar le fue arrebatado su título a dos cuadras del registro principal –ubicado en la céntrica avenida Urdaneta de Caracas–, cuando salía de haberlo retirado ya legalizado por esa institución. “Lo irónico de todo, es que el registro principal queda muy cerca del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), y nadie me ayudó”, afirmó.
“Esa noche me comenzaron a llamar, y me están pidiendo 80.000 bolívares. Pero simplemente no los tengo ni tengo a quién acudir para que me los preste. Mi familia no es adinerada; el fruto de nuestro trabajo apenas nos alcanza para vivir. Por eso, por las pocas oportunidades que hay para mí, y por la inseguridad, es que mi plan era irme a España, a buscar un mejor futuro”, comentó.
“Puse la denuncia ante el CICPC por robo y extorsión; más que nada porque necesito la constancia de la denuncia para solicitar la copia certificada del título. Pero en realidad necesito el original para sellarlo y apostillarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin eso no puedo hacer nada en el exterior”, explicó.
“La persona que me lo robó, y que me ha seguido contactando, amenazándome con destruir mi título si no le consigo el dinero, debe tener algún contacto en el registro, porque tiene todos mis datos. Además, sabe el daño que me está ocasionando y mi necesidad de recuperar el diploma, cosa que me recuerda cada vez que me llama”, subrayó.
A la pregunta de si le piensa pagar al extorsionador para recuperar su título, respondió: “Si tuviera el dinero ya lo habría hecho, aunque me produce mucha rabia. Pero en realidad no tengo los recursos y al ladrón eso parece no importarle”.
La Mafia
Diario de las Américas contactó a una fuente cercana al registro principal en Caracas, quien ofreció información bajo el compromiso de que se preservara su identidad, debido a que “internamente hay mucho miedo. Hay gente del CICPC en comisión de servicio en el SAREN. Hay abogados del servicio metidos en eso. Los pocos empleados honestos temen que si explota una noticia como ésta, sean culpados por ello”.
La fuente señaló que luego de la implementación de la Ley de Simplificación de Trámites, “los gestores, que antes cobraban importantes sumas de dinero por prestarle estos servicios a las personas, y sus contactos internos que comisionaban, vieron mermados sus ingresos por lo cual las mafias internas empezaron con esta modalidad”.
Explicó que hay varias formas de ejecutar el delito, en todos los casos de manera orquestada entre personal externo e interno. “En general, hay dos maneras de proceder para el robo de títulos. Una es mediante personas que se hacen pasar por gestores y captan afuera, en la cola, sobre todo a gente que viene de lejos; les ofrecen un “combo de servicios”, dentro del SAREN, incluyendo la legalización de su título en la sede central o registro principal. Este supuesto gestor, como es alguien conocido internamente, se mueve con soltura, saluda a funcionarios y abogados casi como si fuera un trabajador más… Luego, a la hora de entrega del documento simula un atraco o simplemente dice que lo asaltaron”, amplió.
“Otra modalidad es a través del ‘picheo’. La persona hace su cola y sus pasos de manera regular; luego, cuando el funcionario le revisa la documentación, le hace la mayor cantidad de preguntas posibles para saber de dónde viene, de qué se graduó, cuán urgida está la persona por tener el título registrado, si es para un trámite importante posterior o para irse al exterior. Hace una especie de perfil para ver si la persona actúa confiada, si anda sola. Por ejemplo, le pregunta si vino a pie porque en la zona es difícil estacionar… Cosas por el estilo, a modo de conversación para ganarse su confianza”, apuntó.
“Esto lo hacen así porque simplemente robarle el título a alguien en la calle no garantiza poder contactarlo luego para hacer la extorsión. Es necesario pasar por la mafia interna en el registro para conseguir los datos y así poder llamar a la persona para pedir dinero a cambio de su título”, aclaró.
Explicó que “de esta manera, la persona, sin saberlo, de algún modo queda ‘marcada’ y así, transcurridos los días estimados para que el trámite esté listo, ésta acude a retirar su título registrado. Una vez afuera de las oficinas del registro, es atracada y le quitan el título o simplemente se lo arrebatan”.
“La víctima que puede pagar, prefiere recuperar su documento y no tener más problemas con los delincuentes; teme que si lo denuncian, como tienen todos sus datos, puedan hacerle daño. Y los funcionarios que saben que esto sucede pero no están involucrados con la mafia interna que opera en los registros, prefieren callar para preservar su seguridad y su trabajo”, finalizó.
Con información de El Diario de las Américas / nuevaprensa.com.ve
