Menos de tres meses después de iniciar su segundo mandato, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se enfrenta hoy con un nuevo desafío: dar una respuesta a los casi 1,7 millones de manifestantes que este domingo tiñeron de amarillo las calles de todo el país para pedir su salida.
Dos días antes, una manifestación de apoyo a Rousseff organizada por entidades sindicales, campesinas y estudiantiles logró reunir a solamente 50.000 personas, según las estimaciones oficiales, informó DPA.
La adhesión a la jornada de protesta contra la corrupción y las políticas del Partido de los Trabajadores (PT) -en el poder desde 2003- superó ampliamente las expectativas más optimistas de los organizadores y los peores temores de Rousseff.
Además, los actos se sumaron a la «tempestad perfecta» que enfrenta el gobierno, debilitado por un escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, por el deterioro de las relaciones con los aliados en el Congreso, por una crisis económica y por la resistencia al plan de ajuste fiscal para superarla.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, rechazó sin embargo la tesis de que las protestas revelan una debilidad de Rousseff.
«Una persona que hace cinco meses recibió casi 55 millones de votos no puede estar frágil. Las protestas no revelan una fragilidad del gobierno, sino que demuestran que nuestras instituciones son capaces de absorber manifestaciones contrarias», argumentó, al aludir a la victoria de Rousseff en los comicios de octubre.
Según el ministro, en los próximos días el gobierno anunciará «un conjunto de medidas contra la corrupción y la impunidad», que fue uno de los compromisos asumidos por la presidenta durante la campaña electoral del año pasado.
«El gobierno anunciará en los próximos días un conjunto de medidas de combate a la corrupción y a la impunidad. Estamos abiertos a escuchar propuestas, tanto de los que defienden al gobierno como de los que lo critican», expresó Cardozo.
El rechazo a la corrupción fue una de las principales consignas de los manifestantes que ocuparon las calles de 65 ciudades del país para demandar un juicio político del Congreso a Rousseff, a la que responsabilizan del multimillonario escándalo de corrupción en Petrobras detectado por el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, una red ilegal que operó en la petrolera entre 2004 y 2012 desvió unos 3.700 millones de dólares para pagar sobornos y para financiar partidos políticos.
La lista de investigados incluye a 51 políticos (casi todos oficialistas), incluso dos gobernadores y 34 congresistas, entre ellos los presidentes del Senado y de la Cámara Baja.
Cardozo y el secretario general de la Presidencia, Miguel Rossetto, aseguraron que el combate a la corrupción ha sido «siempre» una prioridad del PT, y responsabilizaron de los escándalos al sistema brasileño, que permite a las empresas financiar campañas políticas.
«Es necesario un cambio en nuestro sistema político-electoral, que a nuestro juicio es la puerta de entrada principal para la corrupción. No es posible seguir con los financiamientos de empresas a las campañas electorales: hay que cerrar de inmediato esta puerta de entrada para la corrupción», dijo el ministro de Justicia.
Algunos analistas dudan de la posibilidad del gobierno de impulsar una reforma política en momentos que sus relaciones con los partidos conservadores aliados atraviesan una crisis que amenaza incluso la aprobación del Congreso a las medidas de ajuste fiscal.
A su vez, el historiador José Murilo de Carvalho considera que la principal amenaza al gobierno no es la corrupción, sino la inflación y el estancamiento económico, que amenazan principalmente a los 50 millones de brasileños que ingresaron en el mercado consumidor gracias a las políticas sociales del PT y ahora temen perder su nuevo estatus social.
«Los que ascendieron y probaron el fruto del bienestar no admiten ser expulsados del paraíso», advirtió en una entrevista reciente Carvalho, quien completó: «El bolsillo comanda el humor nacional».
Fuente: El Universal
