Colas y diversas regulaciones para la adquisición de bienes escasos vulneran garantías ciudadanas contempladas en los artículos 117 y 305 de la Constitución
Son las 10:00 am y en las afueras de un supermercado del este caraqueño está a punto de armarse una trifulca. El pan de cada día: alguien intentó colearse y a quienes han estado aguardando a las puertas del comercio, desde antes que el día aclarara, por los productos escasos, la impotencia se les convierte en furia, en gritos, en alboroto. Cuadra arriba, la abultada fila se extiende. Es una multitud la que espera.
“Horrible”, “frustrante”, “humillante” son las palabras que más usaron catorce consumidores entrevistados por El Tiempo para describir la experiencia de hacer cola por bienes de primera necesidad.
María (quien tiene miedo a “las represalias del Gobierno” y por eso prefirió no revelar su nombre) contó que, a veces, cuando llega a casa sin nada, llora en silencio. Es una señora mayor, con los años marcados en un rostro surcado de arrugas y cabellos casi blancos. Vive con dos nietos a quienes mantiene y, sí, se las arregla como puede para que no les falte lo necesario: con frecuencia se escapa de su trabajo –es asistente odontológica– o llega tarde por ir a la caza de harina de maíz, papel higiénico o cualquier otro producto ausente de los anaqueles. “Es muy frustrante”, se lamentó.
Rutina nacional
Desde hace poco más de un año esperar por horas en las inmediaciones de alguna cadena comercial, para comprar bienes básicos se convirtió en rutina: “ocho de cada diez venezolanos hacen cola”, dijo a finales de febrero el abogado y presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli.
A finales de 2014, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, explicó que durante ese año el consumo venezolano se mantuvo “estable”, no así el patrón de comportamiento de los consumidores. En promedio, “una persona ahora tiene que visitar por lo menos cuatro locales para completar su mercado mensual y, en algunos casos, acudir al sector informal”, precisó entonces.
Hoy es el “Día Mundial de los Derechos del los Consumidores”, y explica Parilli que en el caso de los venezolanos hay “insatisfacción” y, en definitiva, una “sensación” de que “la calidad de vida está lejos de ajustarse a los derechos contemplados en la Constitución”.
Desvelos y trajines
Rosa (otra señora que pidió no revelar su identidad) trabaja de noche y de día hace cola. Está trasnochada y visiblemente alterada, pero necesita comprar harina, aceite, detergente –y, en general, lo que llegue al supermercado, a las afueras del cual se apostó desde bien tempranito a hacer cola.
“Traigan a Ernesto Villegas (jefe de Gobierno del Distrito Capital) para que vea que las colas no son un invento como él dice”, vocifera. No es la única que manifiesta en voz alta su enojo. Pero la mayoría voltea la cara. La procesión se lleva por dentro.
La escalada de la crisis económica venezolana alcanzó niveles estratosféricos el año pasado. En 2014, el índice inflacionario del país cerró en 68,5% (cifra del Banco Central de Venezuela) y la escasez, pocas veces admitida por el Ejecutivo (el indicador dejó de publicarse hace más de 13 meses), se hizo evidente en los anaqueles.
Las predicciones para 2015 están lejos de ser alentadoras. Los platos rotos los pagaron los consumidores venezolanos.
En resumidas cuentas, ellos son los grandes perdedores de lo que el Gobierno llama “guerra económica” y la oposición califica como “desgobierno”.
Las colas no son lo único a lo que han tenido que adaptarse los venezolanos. Más recientemente, a principios de este año, al menos cuatro reconocidas cadenas de supermercados comenzaron a implementar un mecanismo que, prometieron, “aligeraría” las largas filas de consumidores: la compra de productos regulados por el terminal de la cédula. La metodología ya había sido implementada antes en establecimientos comerciales del Estado. Pero las colas persisten.
Apenas hace una semana el Gobierno puso en marcha un nuevo dispositivo regulatorio, que como su predecesor ha ofrecido acabar con las masas de gente en los automercados: se trata del sistema biométrico.
“Así como vencimos el fraude electoral, el fraude político, vamos a vencer el fraude económico, el fraude comercial, tenemos que vencerlo. Pido la comprensión de toda Venezuela, entender el problema porque hay mucha manipulación”, dijo el presidente Nicolás Maduro, cuando anunció la instalación de 20 mil captahuellas en establecimientos privados de distribución de alimentos.
Más allá de que los expertos aseguren que las medidas gubernamentales, si bien pueden surtir algún efecto temporal, no resolverán el problema de fondo; están las posiciones encontradas de quienes padecen los efectos de las regulaciones en carne propia: un grupo de los que entrevistó El Tiempo se siente indignado, no concibe que alguien les diga “qué, cuándo y cómo tienen que comprar”; otro, en cambio, espera que los mecanismos de control surtan algún efecto.
Para Parilli es muy sencillo: “la gente trata de justificarse políticamente”. El presidente de Anauco aseguró que quienes simpatizan con el Gobierno “aplauden la medida, a pesar de que en su interior no les gusta”; y que, quienes no se identifican con el proceso revolucionario la desdeñan, a veces sin argumentos sólidos.
“Se ha perdido la objetividad. La política no puede dominar los derechos de las personas ni su calidad de vida. La política no está por encima de los derechos de la gente”, sentenció el especialista.
Desgaste inevitable
Wendy Martínez está lejos de la entrada del automercado. No hay garantía de que cuando ingrese al establecimiento consiga los productos que está buscando. Está molesta y no hace ningún esfuerzo para ocultarlo. “Yo no hago cola, no estoy de acuerdo con hacer cola”, afirmó. Pero ésta, confesó, le tocó hacerla por necesidad: en casa se acabó la harina de maíz.
El de Venezuela no es un problema de marco regulatorio, explicó Parilli. Las leyes existen. En la Constitución están consagrados los derechos fundamentales de los consumidores. “Pero el consumidor está muy solo, individualizado en su problema y aunque existen los derechos no se respetan”.
El artículo 117 de la Constitución Bolivariana, establece : “todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad (…) a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno”.
Al respecto, Parilli aseveró que el desabastecimiento alimentario ha cercenado ese derecho a elegir. “Ahora, ya no importan precio ni condiciones, sencillamente la gente va por lo que hay en anaqueles”.
Otro derecho que, aseguró el abogado, no está siendo garantizado por el Estado a los consumidores es el contemplado en el artículo 305 de la Carta Magna: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor”.
Parilli adujo que por cuanto no hay abastecimiento pleno, esa garantía está en entredicho. “No hay como satisfacer la demanda del consumidor”, sentenció.
Si hoy Venezuela fuera evaluada en materia de derechos al consumidor, inevitablemente reprobaría. “Los derechos del consumidor son una conquista importante y hay que velar porque sean respetados”, concluyó el presidente de Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores.
Protección internacional
En 1985 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó las Directrices para la Protección de los Consumidores en el ámbito internacional. La federación mundial de organizaciones de consumidores, Consumers International (CI), las interpretó y tradujo en derechos de los consumidores. La ONU está revisando la normativa. Se espera que el proceso culmine este año.
1983 fue el año en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 15 de marzo como el “Día Mundial de los Derechos de los Consumidores”. La conmemoración fue instaurada para recordar a las personas sus garantías como usuarios de bienes y servicios y en honor a John F. Kennedy, expresidente de EE UU, que el 15 de marzo de 1963 pronunció un discurso ante el Congreso en el que se refirió a estos derechos.
“Ciudadanos están en una encrucijada”
Los venezolanos están aún en shock, sorprendidos, perplejos, como tratando de asimilar la escasez e inflación que los agarró, así en criollo: “fuera de base”.
Los efectos empiezan a sentirse. Las largas horas de espera para adquirir bienes de primera necesidad están “cambiando, sin duda, los hábitos de consumo de los venezolanos”, pero “la variación no es aún estructural”, aseguró el psicólogo y doctor en Ciencias Económicas, Axel Capriles.
“Ha habido un cambio en el comportamiento por las circunstancias obvias, el venezolano consume lo que consigue, no lo que quiere, pero creo que todavía no ha cambiado actitudes y patrones mentales. Este es un momento de sorpresa, de perplejidad, como si no pudiéramos creer lo que nos está sucediendo, pero si volviéramos a los mismos niveles de importación volveríamos a nuestros patrones de consumo habituales”, explicó el especialista.
A estas alturas nada es difinitivo. Los cambios visibles son circunstanciales, pero Capriles cree que en el largo plazo sí es posible que ocurra una transformación definitiva en los patrones de comportamiento de los consumidores criollos. El matiz de esos cambios dependerá de las actitudes que frente al consumo asuma desde ahora la ciudadanía.
se reduzca, y las personas se vuelvan menos derrochadoras y más ahorrativas, y, en fin, aprendan a valorar las cosas por su efecto”. Pero, a título personal, cree que lo más probable es que, a medida que el tiempo transcurra, “se sientan mucho más los efectos perversos de la escasez que transformaciones positivas, y en general las personas desarrollen una psicología de pobreza caracterizada por la sumisión y la dependencia que los hará necesitar más al Estado”.
La crisis económica y las cada vez más férreas regulaciones han puesto al consumidor venezolano en una “encrucijada, en un difícil proceso de integrar su realidad material con los hábitos de consumo que mantuvo durante años”, puntualizó el experto.
Desprotección
La Ley Orgánica de Precios Justos (Lopj), aprobada en 2014, derogó la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, pero reguló solo lo relativo a precios y ganancias y omitió normar el régimen de protección al consumidor. El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, cree que la regulación dejó, en parte, indefensos a los consumidores.
Fuente: El tiempo.com.ve
Alejandra Rodriguez
