El Gobierno está en alerta ante el peligro de que se produzcan represalias, incluso en forma de expropiaciones de empresas en Venezuela tras las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Fuentes gubernamentales admitieron a este diario su temor a que Maduro quiera dar algún golpe de efecto sobre alguna o varias de las compañías españolas.
Un informe oficial que maneja el Gobierno y al que ha tenido acceso EL MUNDO indica que varias sociedades del Ibex encabezadas por Telefónica, Repsol, BBVA o Mapfre acumulan un riesgo de, al menos, 9.000 millones de euros en Venezuela, por lo que el impacto de cualquier represalia podría ser sustancial.
Las declaraciones del propio Maduro en la noche del viernes sobre la existencia de un eje que conspira contra su poder desde España, Colombia y EEUU han agregado preocupación al Gobierno deMariano Rajoy.
«Desde Madrid, la derecha; de Bogotá, la ultraderecha, y de Miami, la ultraderecha, han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria, y todos los días sacan barbaridades de Venezuela», afirmó Nicolás Maduro en un acto en Caracas, poniendo de ejemplo a la prensa española.
Venezuela enviará una delegación a Madrid
«Es una campaña contra Venezuela, contra la revolución, como se hizo contra Chávez también, ahora lo hacen contra mí», afirmó el sucesor de Hugo Chávez mostrando que las conciliadoras declaraciones 48 horas antes del viceministro Calixto Ortega sobre las empresas españolas pueden ser un espejismo.
En paralelo, el régimen venezolano prevé enviar en los próximas días una delegación política a Madrid «para explicar la verdad» de su país, según las fuentes consultadas. Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está extremando su vigilancia y capacidad de recabar información en las últimas semanas para proteger los intereses de empresas españolas en el país, según fuentes próximas al organismo.
El documento oficial interno del Gobierno no ve sentido a que Venezuela impusiera barreras comerciales, puesto que además de «ilegal» sería «incoherente», ya que tiene superávit con España gracias al petróleo. Pero el Gobierno no descarta expropiaciones, pese al daño reputacional que, como le sucedió a Argentina, suponen estas medidas para los regímenes latinoamericanos.
Empresas españolas en el objetivo
El informe describe que «se han detectado unas 110 filiales de empresas españolas establecidas en Venezuela cuyas operaciones adquieren una trascendental relevancia dentro de la estrategia general de sus respectivos grupos».
Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre e Iberia figuran ente ellas con riesgos multimillonarios de impacto, incluso si la represalia no llega a la expropiación. Diversos empresarios ya han transmitido al Gobierno que vienen teniendo problemas de cobro de deudas, retrasos en las concesiones de autorización de divisas para poder realizar importaciones y también para que puedan repatriar dividendos. Se evalúa en cerca de 8.000 millones de euros lo adeudado a las empresas españolas por diversos conceptos, sin incluir los 1.000 millones adicionales pendientes de compensación al grupo agroalimentario Agroisleña, por la expropiación decretada en 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez. Además del riesgo de impagos, los activos de las grandes empresas españolas en Venezuela son valiosos.
TELEFÓNICA. Las empresa ya ha reconocido un serio daño en sus cuentas por la depreciación del bolívar y el hundimiento de la economía de Venezuela. Pero una expropiación sería muy perjudicial para su balance. El informe gubernamental calcula que la operadora que preside César Alierta cuenta con activos en el país valorados en 1.100 millones de euros.
BBVA. Cuenta con una filial valorada en 1.600 millones que da empleo a más de 5.000 personas en 330 oficinas. Tiene acumulados 500 millones de dólares de dividendos desde 2007 pendientes de repatriación, según el documento. A valores originales llega a 900 millones.
REPSOL. Sus activos están valorados en 2.500 millones. «Lo más preocupante de una nacionalización sería que Venezuela podría seguir explotando los pozos al día siguiente», señalan en el Ejecutivo. Pero Repsol tiene a favor que opera en el sector clave para el régimen de Maduro y que es socio minoritario de PVDSA, la petrolera estatal venezolana que le paga con petróleo. «Seguimos trabajando con normalidad», señalan fuentes de la petrolera española que ya sufrió una expropiación en Argentina con YPF.
MAPFRE. La aseguradora española cuenta con activos valorados en más de 800 millones y cantidades pendientes por diversos conceptos.
IBERIA Y AIR EUROPA. La línea de Iberia con Venezuela es altamente rentable pero no logra repatriar beneficios. Tiene retenidos 265 millones de dólares del último ejercicio y una amenaza judicial de embargo de sus aviones. La compañía que preside Luis Gallego mantiene la precaución de no volar a Caracas con aparatos de su propiedad. Por su parte, el grupo Globalia-Air Europa posee activos por valor de unos 100 millones de dólares.
MELIÁ. Entre inmuebles, inversiones y tesorería posee más de 300 millones. La cadena hotelera española participa en empresas locales.
ZARA. El grupo Inditex mantiene tiendas en Venezuela, pero ya no son de su propiedad, sino franquicias en poder de empresarios locales. La empresa gallega sí podría sufrir la represalia de no poder seguir exportando sus prendas a Venezuela.
CARLOS SEGOVIA
EL MUNDO.ES
