Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes, según denunció hoy en Ginebra el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
«Cuantas desapariciones forzadas hay no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas», sentenció en rueda de prensa Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU divulgó hoy sus conclusiones sobre el reciente examen a México, que señala que «la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México, muchas de las cuales «podrían calificarse como desapariciones forzadas».
«El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas», concluye.
Durante la evaluación del caso de México, los días 2 y 3 de este mes, el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero), surgió en varios momentos del interrogatorio y los relatores hicieron hincapié en que era un caso muy emblemático y un ejemplo de un problema lamentablemente mayor.
Huhle añadió que del estudio del caso de México se desprende que «en más de la mitad de los estados del país se han dado casos de este atroz delito» y recordó que las denuncias no son recientes, sino que se remontan a varios años atrás.
«Es por eso que hablamos de impunidad. Porque es un problema de años y el Estado no ha hecho suficiente para resolver», agregó.
De hecho, las conclusiones explicitan que «el Comité se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito».
«Las cifras hablan por sí mismas si tenemos en cuenta que hablamos de miles de casos de desapariciones forzadas y sólo seis personas han sido condenadas», puntualizó el experto.
«Repito, hablamos de miles de desapariciones, el Estado no debería buscar excusas y debería implementar de inmediato todas nuestras recomendaciones», agregó.
Entre las recomendaciones, los expertos han destacado tres como las más acuciantes, por las que México deberá responder sobre su implementación antes de un año, mientras para el resto tendrá tres años.
La primera se refiere a que México no cuente con un registro nacional sobre desapariciones forzadas, «lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad».
México «debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante», dijo.
La segunda se refiere a que México debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de emigrantes que cruzan su territorio «en busca del paraíso más allá del Río Grande», en palabras de Huhle.
La tercera se centra en «las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata».
«Sorprende la falta de unidades científicas y forenses para buscar a los desaparecidos», dijo Luciano Hazan, el segundo de los relatores.
Otra de las recomendaciones «alienta enérgicamente» a México a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias presentadas por individuos.
El documento también sugiere «la necesidad de adoptar medidas para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención», dado que no todos los estados la incluyen en su normativa.
Finalmente, los expertos del Comité de la ONU solicitan, además, que la legislación prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos.
Fuente: EFE
