Para este miércoles está fijada una nueva audiencia de juicio al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, a las 10 de la mañana en el Palacio de Justicia, tribunal 28 de juicio, a cargo de la juez Susana Barreiros.

De acuerdo a la defensa, en la última audiencia, que se llevó a cabo el lunes 9 de febrero, se tenía previsto presentar 13 pruebas por el Ministerio Público; sin embargo, solo 6 fueron presentados todos ellos funcionarios del Cicpc, quienes en su momento tuvieron la función de aprehender a las personas vinculadas con los hechos del 12 de febrero.

Asimismo, explicaron que los testimonios difundidos en la audiencia del pasado lunes, ninguno de los 5 enjuiciados tuvieron relación con los actos de violencia.

López se encuentra detenido desde febrero de 2014 acusado de incitar a la violencia durante la ola de protestas desatadas ese mes y que dejó un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.
 Globovisión.

El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) exige al gobierno, en defensa del patrimonio nacional y de la transparencia en el manejo de los recursos del Estado, una explicación clara sobre las operaciones realizadas entre 2005 y 2007 por más de 12 mil  millones de dólares del erario  nacional, que fueron colocados en cuentas de la banca privada de HSBC en Suiza, transacción que se creía protegida por el secreto bancario y hoy sale a la luz pública.

 
La solicitud la hizo, en nombre de UNT, el diputado a la Asamblea Nacional Omar Barboza, quien se refirió a  una información publicada por medios internacionales, donde figuran cuentas venezolanas entre las casi 85 mil 500 cuentas, cuyos datos se filtraron desde el interior de la institución financiera HSBC en Suiza.

Indicó Barboza que los venezolanos que están pasando por tantas necesidades, desabastecimiento, escasez de alimentos, inseguridad e incertidumbre en  materia económica, tienen derecho a saber porque el gobierno realizó dicha operación “secreta”.

 
“El pueblo de Venezuela tiene derecho a una explicación del gobierno nacional, en la persona del Ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres,  quien en esa oportunidad era presidente del Banco del Tesoro y de Alejandro Andrade quien era titular de la Tesorería Nacional, sobre estos depósitos realizados en Suiza entre 2005 y 2007, que creían protegidos por el secreto bancario, por sumas que ascienden a 11.900 millones de dólares del Banco del Tesoro, por un lado, y a 700 millones de dólares de la Tesorería Nacional, por el otro”.

 
Se preguntó  Barboza ¿Quién se benefició con tales depósitos? ¿Cuál fue la justificación financiera de esta colocación millonaria?  que calificó de muy sospechosa. Los beneficios de esa operación, ¿ingresaron al Banco del Tesoro o a la Tesorería Nacional?

 
“El silencio crea mayor sospecha sobre el trasfondo de estas operaciones. Hoy es un hecho público y notorio que el Sr. Alejandro Andrade se mueve por el mundo como un multimillonario, sin que su origen o sus actividades militares y civiles justifiquen esa riqueza”.

Según publicó la prensa internacional, la operación del Banco del Tesoro fue abierta el 10 de octubre de 2005 a las 9:10 de la mañana en la sede del HSBC de Ginebra. En la ficha de la institución financiera figura como responsable el propio Rodolfo Marco Torres, quien entonces se mantenía al frente del Banco del Tesoro y hoy ocupa los cargos de Ministro para las Finanzas y Vicepresidente del Consejo de Ministros para Planificación y Conocimiento.

NOTA DE PRENSA

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Política y Derechos Humanos de San Cristóbal, concejal José Vicente García, rechazó los hechos ocurridos en la Universidad Católica del Táchira, donde presuntamente tres estudiantes fueron heridos de bala durante una manifestación. Anunció que su despacho gestionará los mecanismos necesarios para obtener la información de los afectados, así como de sus familiares a fin de generar un informe detallado y hacerlo llegar a los principales organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos.

“Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, Política y Derechos Humanos rechazamos la violencia venga de donde venga, pero sobre todo rechazamos esta resolución que pudiera generar en una fatalidad en nuestro estado y de allí que hacemos un llamado a los agentes de seguridad a que usen con sentido de responsabilidad las armas de fuego y recuerden que los criminales no son los estudiantes que piden un cambio para un mejor país, sino aquellos que asesinan a diario venezolanos para robarles sus pocas pertenencias”.

El dirigente de Voluntad Popular explicó que es un hecho que los organismos de seguridad actuarán bajo el amparo del decreto 008610 que les permite usar armas de fuego durante las manifestaciones. “Qué justificación hay al uso de armas de fuego en esta situación de la UCAT, no es suficiente con el uso de gas del bueno y perdigones, acaso es necesario matar a quienes protestan para silenciarlos para siempre. El uso de municiones letales obviamente lo dejaron amparado los señores del gobierno con la resolución 008610”.

Resaltó García que desde ya la Comisión de Seguridad Ciudadana, Política y Derechos Humanos del Concejo Municipal de San Cristóbal se activa para recabar la información necesaria generada en estos hechos. “Vamos a buscar a las víctimas, contactaremos con sus familiares y haremos llegar ante las instancias internacionales correspondientes las denuncias competentes contra los Derechos Humanos. Se ha visto una represión brutal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado al punto tal que tres estudiantes fueron heridos de bala, uno en la espalada, otro en el glúteo y otro más en un pie, por lo que estamos viendo claramente que la resolución del Ministerio de la Defensa del uso de armas de fuego ya es una realidad”.

En ese sentido, el concejal en el estado Zulia, Ángel Machado, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro utiliza la violencia y la persecución como política de Estado. Dijo que desde el inicio de las protestas en el 2014, el régimen de Nicolás Maduro ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos, por lo que consideró que el Gobierno intimida, censura y persigue a quienes difieren de sus políticas. “Este 12 de febrero se cumple un año desde que Nicolás Maduro y su régimen se quitaron la careta y utilizan la tortura y persecución como política de Estado. La violencia gubernamental cobró la vida de 43 venezolanos que protestaban pacíficamente sin que hasta el momento hayan sido enjuiciados los verdaderos responsables de estos hechos. Por reclamar sus derechos falleció Bassil Da Costa, de un disparo en la cabeza el pasado 12 de febrero en la esquina de Tracabordo en Caracas, y los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado implicados en este asesinato están protegidos por las autoridades. La impunidad reina en su caso”.

Machado denunció la existencia de “La Tumba”, celdas situadas en el nuevo edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde se encuentran recluidos los estudiantes Lorent Saleh, Gabriel Valles y Gerardo Carrero. “En La Tumba cada minuto se violentan los derechos humanos de todos los detenidos. Los estudiantes son sometidos a abusos físicos, psicológicos y torturas por oponerse al régimen. A pesar de todas las denuncias sobre los delitos que se cometen en este lugar, ni el Poder Judicial ni el Poder Ciudadano venezolano investigan estos hechos, mientras el régimen continúa persiguiendo, oprimiendo y encarcelando injustamente a todo el que levanta su voz en contra esta dictadura”.

El coordinador político de la tolda naranja calificó como “ilógico”, que la Fiscalía utilice a sus altos funcionarios para investigar el asesinato del diputado Robert Serra, pero no esclarecen las 43 muertes que ocurrieron durante las manifestaciones en el 2014, que en muchos casos se conocen los responsables o los 28 mil homicidios que se registraron el año pasado. “El Ministerio Público no ha abierto una investigación contra los funcionarios policiales que dispararon contra la manifestación pacífica del pasado 12 de febrero. Solo investigan los hechos delictivos que sufren los personeros del Gobierno, discriminando así a los ciudadanos de acuerdo a su pensamiento crítico o complaciente”, puntualizó.

NOTA DE PRENSA

La Alcaldía de Baruta invertirá en el año 2015 más de Bs. 62 millones en el Plan de Limpieza y Mantenimiento del municipio, el cual arrancó en el mes de enero en la urbanización Santa Clara y hasta la fecha ha cubierto más de 15 urbanizaciones.

El operativo, ejecutado por la dirección de Áreas Verdes, incluye desmalezado y barrido así como el cuidado de 88 parques, con una frecuencia mensual que abarca los ocho sectores en los que se encuentra dividida la localidad.

De acuerdo con el director de Áreas Verdes, Simón Tenorio, las jornadas de limpieza han recorrido hasta el momento las urbanizaciones Santa Clara, Santa Paula, La Bonita, Los Samanes, parte baja de Bello Monte, avenidas principales de Prados del Este y Alto Prado, así como Valle Arriba, Chulavista, Lomas de la Trinidad, El Placer de María y Las Mercedes.

Tenorio precisó que para la ejecución de los trabajos se emplean durante todo el año a ocho cuadrillas, integradas por seis personas y con la ayuda de más de 140 barrenderos desplegados a lo largo y ancho del municipio.

Agregó que las labores se efectuarán de forma integral en calles, avenidas y parques, con la colaboración de Fospuca, concesionaria encargada de recoger los desechos en la localidad.

 
Asimismo, el director de Áreas Verdes hizo un llamado a los vecinos de la localidad para que colaboren en el mantenimiento de las instalaciones públicas. “Es importante que las personas valoren el esfuerzo que se hace y cuiden los espacios que día a día rescatamos”, acotó.

Durante los 6 años de gestión del alcalde Gerardo Blyde, más de cien parques han sido rehabilitados y además se consolidó el plan Baruta Recicla, proyecto que busca crear conciencia en los ciudadanos para la disposición final de desechos como: cartón, vidrio, metal, plástico, aceite vegetal, baterías y chatarra electrónica.