El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó desde el estado Anzoátegui que la próxima semana profundizará sobre la resolución 008610 publicada en gaceta oficial el 27 de enero del 2015, la cual establece un nuevo modelo de control militar del orden público.

La autoridad aseguró que la institución no ha emitido ninguna opinión en cuanto a la resolución, y destacó que el artículo 15 establece de manera taxativa la prohibición del uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas y reuniones.

En contraste, Manuel Ferreira, coordinador de la comisión de los derechos humanos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Anzoátegui, calificó la resolución como una “aberración jurídica”.

“Es un intento fallido y torpe por parte de este gobierno de tratar de legalizar algo que ya hacen. Acá en Anzoátegui hemos tenido dos heridos de bala en manifestaciones pacíficas y los funcionarios de resguardo ya venía portando armas de fuego. Esto está persiguiendo darle una especie de barniz legal”.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Aristóbulo Istúriz, señaló que Anzoátegui será una región garante de los derechos humanos cuyos cuerpos de seguridad estén plenamente formados en la materia.

Fuente: Globovisión

Una iglesia de la ciudad venezolana de Mérida fue atacada la madrugada de este viernes con bombas incendiarias y en sus muros se pintaron leyendas de carácter político, informó a medios locales el párroco del templo Luis Sánchez.

“A la 01h00 (05h30 GMT) escuchamos movimientos extraños fuera de la iglesia, mientras estábamos en oración (…) fuimos sorprendidos por ruidos extraños. Luego escuchamos sirenas de policía y (los uniformados) nos dijeron que se estaba incendiando la puerta del templo parroquial”, dijo Sánchez a la prensa.

En imágenes difundidas en redes sociales y medios de prensa se observan algunas quemaduras en el portón de madera de la Iglesia de El Llano. No hubo lesionados.

En los muros se leen leyendas como “Nuncio traidor” y “Liberen a Leopoldo”, en aparente alusión al opositor radical Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular detenido en una prisión militar desde febrero de 2014 acusado de llamar a la violencia en protestas antigubernamentales.

En Mérida, junto con San Cristóbal (oeste), se escenificaron las primeras protestas de la ola de manifestaciones opositoras que de febrero a mayo del año pasado sacudieron a Venezuela con saldo de 43 muertos.

Las manifestaciones, que se desencadenaron en reclamo contra la inseguridad, la inflación superior a 64% en 2014 y la escasez, se han reanudado pero de manera esporádica y menor número de participantes.

Fuente: LP

Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, denunció que el gobierno frente a la crisis económica que se está viviendo,  la ingobernabilidad, la inseguridad, el desabastecimiento, la escasez y la inflación tan alta que tenemos, en las próximas horas va a promover la violencia, para tener así una excusa y no dar la cara al país, del reclamo que se está haciendo desde todos los sectores de la sociedad venezolana.

A juicio del líder de la unidad venezolana, el gobierno al publicar la resolución y 008610, del Ministerio de la Defensa en Gaceta Oficial N. 40.589 de fecha 27 de enero de 2015 que a su juicio, no es más que, una medida desesperada y de amedrentamiento para desmovilizar a los millones de venezolanos que están en las calles protestando y exigiendo comida, medicinas y justicia por la grave situación de desabastecimiento y escasez que hoy se vive en Venezuela.

– El gobierno se está quitando la careta y está enseñando lo que es. “Un Estado violador de los Derechos Humanos, que autoriza el uso de la fuerza potencialmente mortal, con armas de fuego, como respuesta para evitar las manifestaciones y protestas que no cesarán, porque cada día la situación es peor. No obstante, Maduro antes de salir a su último viaje, anunció la creación del Estado Mayor Popular, con el objeto de infiltrar en las colas a los colectivos y saboteadores de oficio, para justificar así, el uso abusivo de armas mortales y la represión, advirtió.

En este orden de ideas el diputado a la Asamblea Nacional expuso que esta resolución, no sólo viola el artículo 68 de la Constitución Nacional, que dice claramente que se prohíbe el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, sino que también violenta además todos los convenios internacionales que rechazan la violencia como mecanismo para callar las voces de quienes protestan.

– Este es el último recurso que le queda a este gobierno para evitar lo inevitable, y es que la gente salga a las calles desesperadas e indignadas, porque tienen que hacer largas colas para adquirir un alimento o un medicamento, las madres tienen que amanecer a las puertas de los establecimientos con muchacho en mano para que les vendan un paquete de pañales, la gente está cansada que los marquen como animales o que les administren el hambre y los obliguen a comprar por terminales de cédulas. Ya basta, este es un estado forajido, violador de los Derechos Humanos, de la Constitución Nacional y de todos los organismos internacionales que están a favor de la paz, reafirmó.

El abanderado aurinegro hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y les recordó que su función es para cooperar y proteger al pueblo venezolano y no para enfilar sus armas contra quienes exigen justicia en este país. “Yo les recuerdo un pensamiento del Libertador Simón Bolívar, para que reflexionen y entiendan que estas actitudes son condenadas por la humanidad. “Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo”, sentenció.

– Finalmente hago un llamado al país y me plego absolutamente al llamado de Henrique Capriles Radonski a la unidad, porque solo juntos podemos enfrentar con fuerzas el tiempo final que se avecina de toda esta crisis. Mi llamado es a redoblar los esfuerzos y rechazar con contundencia la resolución N.008610, que pretende aniquilarnos e intimidarnos, como que sin con esa actitud cobarde que merece el desprecio de toda la sociedad venezolana, fuesen a aparecer en los anaqueles leche, harina, azúcar, pañales y los medicamentos. Esta actitud del gobierno, los pone al descubierto y lo que ocasiona es más descontento y más fuerzas para salir a las calles, no sólo exigiendo su derogación,  sino la justicia que nos merecemos los venezolanos”, señaló.

NOTA DE PRENSA

La crisis venezolana, y su expresión en la escasez de alimentos, no es fruto de una “guerra económica” ni de la caída de los precios internacionales del petróleo, sino consecuencia de la sistemática destrucción de la producción nacional privada, convertida en política de Estado para controlar a la población.

As lo señaló el Secretario Nacional de Políticas Públicas de Un Nuevo Tiempo, Ysrrael Camero, en rueda de prensa donde desmontó la tesis del gobierno nacional que intenta escudar el fracaso de su modelo en una supuesta “guerra económica” protagonizada por el sector privado nacional.

 
Para Camero “el origen de esta crisis tampoco es la caída del ingreso petrolero, a lo largo de una década el gobierno destruyó toda la cadena de producción y abastecimiento de alimentos, bloqueando inventarios, pretendiendo sustituir con importaciones lo que antes producíamos, fue el gobierno quien montó la escasez y la caída del petróleo solo desnudó la destrucción creada”.

 
Destacó que el problema económico es político y para su resolución no bastan medidas económicas aisladas, ni siquiera “un paquete económico”.  “Se necesita un cambio político integral en el funcionamiento económico del poder, para ello el país exige una cambio de 180 grados”.

 
En ese sentido propone que el gobierno reconozca la existencia de una emergencia agrícola. Interpelar en la Asamblea Nacional a los Ministros de Alimentación, Yván José Bello, y al de Agricultura y Tierras, José Luis Berroterán. Para Camero hay que desmontar toda la política de controles arbitrarios que lo estimula la corrupción y aumenta la escasez.

 
“Tienen que desaparecer artefactos como los Estados Mayor económico y el Agroalimentario, estas estructuras militares no resuelven el problema, y que tratan al país fuera un cuartel. Hay que construir mesas de concertación económica y productiva, con los productores con quienes el gobierno debe establecer una relación horizontal de respeto. Al país no le interesa tener un Ministro de Agricultura y Tierras o de Alimentación que convoque a los productores para humillarlos e insultarlos”.

 
Destacó que es preciso restablecer el derecho a la propiedad, devolver las unidades productivas invadidas y expropiadas por el Estado a los productores agrícolas. “Hay que devolver íntegramente las tierras a los productores, porque no se está produciendo nada en el país, a raíz de esta política errada. El Estado no está trabajando las tierras, no está produciendo, hay que entregarle las tierras a los que la hacen producir, a sus antiguos propietarios”.

 
Aseguró que mientras en el país no exista Estado de Derecho no habrá confianza para invertir un solo dólar. “Sin justicia autónoma no van a invertir en el país, porque no existe seguridad jurídica, de manera que el problema no es solamente económico, sino político”.

 
Considera que es necesario definir, en consulta plural, con productores, universidades y especialistas, un Plan de Emergencia para la reconstrucción del aparato productivo agroalimentario, que está “desmantelado”.

 
“Hay que focalizar el subsidio de alimentos en los sectores más vulnerables, privilegiando la población más pobre, que hoy alcanza al 48 por ciento de la población. Hay que ir eliminando las mafias de importadores que el gobierno ha alimentado a punta de un dólar ficticio a 6,30. Por último se debe estimular lo hecho en Venezuela, fortalecer el sector productivo nacional para depender menos de las importaciones”.

 
El control y la caída de los precios del petróleo

Explicó Camero que, desde que se iniciaron los procesos de expropiación de las unidades productivas agrícolas privadas, se redujo la seguridad alimentaria de los venezolanos, al destruirse la producción nacional,  política que ha seguido hasta  hoy.

 
“El gobierno controla todo el proceso de distribución de alimentos en Venezuela, con las guías, por lo que conocen cada grano de arroz, cada kilo de harina, cada litro de leche que se comercializa. Eso no ha mejorado el abastecimiento, la irregularidad genera incertidumbre. Trataron de subsanar la destrucción productiva pagando importaciones con petróleo, esa política se sostuvo hasta que cayeron los precios del petróleo”.

 
Agregó que la caída de los precios del petróleo lo que hizo fue desnudar la crisis productiva, profundizando la escasez, la incertidumbre y la desconfianza. “La mezcla de controles, persecución y expropiación ha fortalecido a los monopolios en la estructura agroalimentaria venezolana, sobre todo a los monopolios estatales, al crear un entorno que destruye la posibilidad de competencia. El mantenimiento del precio del dólar a 6,30 para la importación de alimentos, que controla el gobierno, solo beneficia a una gigantesca mafia de importadores y a los productores extranjeros, de Nicaragua, de Brasil, de Argentina, etc. “Sin revertir esto no habrá confianza en la población de un abastecimiento suficiente y regular”, finalizó Camero.

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NOTA DE PRENSA