La Justicia de Panamá dio hoy el primer paso para procesar por supuesta corrupción al expresidente Ricardo Martinelli, con la decisión del Supremo de abrir un proceso para investigar su participación en la firma de contratos con presuntos sobrecostos para la compra de comida deshidratada.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó de que sus nueve magistrados decidieron unánimemente admitir a trámite una «causa penal» contra Martinelli «por los supuestos delitos contra la administración pública».

El exgobernante panameño fue señalado por el exdirector del gubernamental Programa Nacional de Ayuda (PAN) Giacomo Tamburrelli, investigado y en prisión preventiva por ese caso, como supuesto responsable de la firma de un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada, destinada a los comedores públicos escolares.

Tamburelli aseguró en diciembre pasado que todas las órdenes y trámites de lo que se debía comprar a través del PAN las impartía Martinelli.

Aún así, solo podrán abrir la investigación contra el exjefe del Estado panameño (2009-2014) y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) después de que el Tribunal Electoral levante el fuero electoral que lo reviste, por ser el líder del partido Cambio Democrático (CD-opositor).

En el breve boletín emitido este miércoles por el Supremo, se indica que los magistrados en su resolución solicitan «al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral del presidente del partido Cambio Democrático, Ricardo Martinelli».

Es ese punto del fuero electoral lo que genera versiones encontradas sobre el debido proceso que debe seguirse para sentar a Martinelli en el banquillo.

La misiva de la Corte Suprema señala que Martinelli «en la actualidad es diputado del Parlamento Centroamericano», pero no se refiere a que por ello goza de alguna inmunidad ni que pedirá al foro regional que la levante.

Sin embargo, los abogados del exgobernante alertaron este mismo miércoles en la sede del Supremo que su defendido también goza de «todas las inmunidades y todos los privilegios de los agentes diplomáticos» por ser diputado del Parlacen.

«La Corte tiene, en caso de que quiera admitir a trámite una denuncia, que acudir ante el Parlacen y pedir el levantamiento de ese fuero (del que goza por ser diputado de ese organismo regional) no es solamente a nivel local en el Tribunal Electoral», dijo a los periodistas el abogado Sydney Sittón.

La abogada y diputada del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, dijo que al ser diputado panameño en el Parlacen, a Martinelli lo cobijan las mismas prerrogativas que al resto de los legisladores de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), quienes no gozan de inmunidad sino de fuero electoral.

El exgobernante, que sostiene que es víctima de una «persecución política» dirigida por su sucesor en la Presidencia y antiguo aliado electoral, Juan Carlos Varela, viajó este miércoles a Guatemala donde asistió a la primera sesión de este año del Parlacen.

«Aquí lo que hay es una verdadera persecución política por parte del presidente Juan Carlos Varela, quien está violando todo el proceso sobre la reserva del sumario» del caso que lo involucra, declaró Martinelli en Guatemala.

El expresidente panameño aseveró que las acusaciones en su contra son «totalmente irracionales e ilógicas».

«No vengo a esconderme en ningún lugar», añadió.

Para enconados adversarios del exgobernante, la salida de Martinelli precisamente hoy demuestra que no piensa regresar al país para enfrentar un eventual proceso penal.

«Desde hacía dos semanas yo había señalado que este señor se iba a ir del país, que por favor le pusieran una medida cautelar (…) se fue (…) cuidado y ese señor no regresa más», alertó la diputada Rodríguez.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, rechazó las denuncias de Martinelli de supuesta persecución política y sostuvo que la Administración de Varela respeta la independencia de los poderes públicos.

«Esperamos que él regrese al país y enfrente la Justicia. A él se le van a dar todas las garantías. Si decide no regresar será una demostración de que considera que no tiene manera de enfrentar los cargos que se le formulen», añadió Alemán.

El abogado Sittón explicó que, tras su visita a Guatemala, el exmandatario iniciará una gira internacional para «denunciar las violaciones a los derechos humanos y la persecución política» de la que dice ser víctima, sin que haya quedado claro si Martinelli regresará primero a Panamá.

Fuente: Agencia

Hacienda le exigirá los contratos para justificar cobros por «asesorías internacionales»

Juan Carlos Monedero, secretario del Proceso Constituyente y de Programa de Podemos, se ahorró 68.351,91 euros en impuestos al utilizar de forma irregular su sociedad Caja de Resistencia Motiva 2 para cobrar asesorías internacionales. Así se desprende del análisis de sus cuentas que han realizado expertos fiscales para ABC.

El dirigente de la formación que encabeza Pablo Iglesias cobró a finales de 2013 un total de 425.150 euros por, según reconoció él mismo, haber asesorado en años anteriores a Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua para la posible creación de una moneda única latinoamericana. A esos ingresos le descontó 59.707,35 en gastos, lo que se tradujo en un beneficio bruto de 365.442,65 euros. Con este resultado, su sociedad unipersonal pagó un 19,27 por cien en concepto de impuesto de sociedades, lo que le supuso 70.417,30 euros.

Esto le permitió pagar a Hacienda la mitad de lo que le habría correspondido si tributara como persona física, lo que, según todos los expertos consultados, debería haber hecho.

Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), asegura a ABC que la Agencia Tributaria va a exigir a Monedero los contratos que justifican esos ingresos «y no puede alegar secreto profesional, los tiene que entregar». Si esos contratos son anteriores a la creación de la sociedad, que fue registrada el 23 de octubre de 2013, «los ingresos corresponderán a la renta de Monedero», añade el representante de los técnicos de Hacienda.

Lo reconoció
El propio Monedero ha dicho públicamente que los trabajos fueron «una colaboración que lleva más de dos años y que facturan cuando quieren y cuando pueden. Por eso se ingresa el dinero en un plazo que parece muy corto». Es decir, Monedero reconoce que le pagaron de golpe los trabajos realizados. Para ese cobro creó su sociedad, algo irregular. Según expertos fiscalistas consultados, «es ilegal crear una sociedad a la que imputar ingresos procedentes de trabajos realizados con anterioridad a la creación de esa empresa».

De este modo, Monedero debió declarar los ingresos como persona física, vía IRPF. Un asesor fiscal ha configurado para ABC una declaración de IRPF con los datos que el dirigente de Podemosdeclaró a través de su sociedad.

De este modo, el político declararía unos ingresos de 425.150 euros. Dando por buena su explicación de que los trabajos se desarrollaron en dos ejercicios, estamos ante «ingresos irregulares en el tiempo». Esto se traduce en una reducción: los ingresos se tienen que declarar en el año en el que se reciben, aunque correspondan a trabajos realizados durante más de un ejercicio fiscal, lo que se traduciría en un tipo impositivo mayor por haberlos cobrado de golpe.

Así, si Monedero demuestra que trabajó varios años, se aplicaría una reducción de 120.000 euros, con lo que reduciría el beneficio hasta los 305.150 euros. Esta base imponible le supondría pagar por IRPF 138.769,21 euros, es decir, 68.351,91 menos de lo que tributó.

Precisamente, la inspección de oficio que ha abierto la Agencia Tributaria a Juan Carlos Monedero coincide con una muy intensa campaña de lucha contra presuntos fraudes similaresque ha puesto el foco en colectivos como los artistas. Es el caso de Joaquín Sabina, al que se abrió una inspección por percibir ingresos a través de sociedades en casos en los que la Agencia Tributaria considera que son trabajos realizados por la persona física, sin una estructura empresarial.

De hecho, las directrices del plan de control tributario de 2014 marcaban que «se intensificarán los controles en la utilización improcedente de personas jurídicas que canalicen rentas de personas físicas con el único objeto de reducir la tributación de la persona física por la diferencia de tipos o que incorporen gastos personales no relacionados con la actividad».

Fuente: ABC.es

Javier Chicote