MÉXICO DF (Reuters) – La gigante petrolera estatal mexicana Pemex pagó nueve millones de dólares en el 2011 por remolcar una plataforma petrolera desde Emiratos Árabes Unidos hasta el Golfo de México. Cuando auditores del Gobierno revisaron el contrato, se percataron de algunos problemas.
La plataforma tenía el equipo equivocado para el contrato, de acuerdo con un reporte de una auditoría del Congreso. Y el traslado en sí era una ficción: la plataforma no necesitaba ser movida porque ya estaba en el Golfo de México.
Los auditores alertaron a Pemex en febrero del 2013 y le urgieron sancionar a los empleados que manejaron el contrato pero la compañía no hizo nada. Alrededor de un año después, una explosión en la plataforma provocó la muerte de dos trabajadores. Las causas de la explosión siguen bajo investigación por parte de la empresa.
Lo ocurrido con este contrato, de acuerdo a lo encontrado en una revisión de Reuters, es la típica forma en la que Pemex responde a los indicios de fraude en su amplio presupuesto de contratación: haciendo la vista gorda.
Reuters identificó más de 100 contratos firmados entre el 2003 y el 2012 por un valor de 11,700 millones de dólares sobre los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados hizo señalamientos después de detectar irregularidades.
Estas van desde sobrecotizaciones de trabajos de mala calidad que no cumplieron especificaciones hasta el fraude descarado. Los contratos cuestionados abarcan alrededor del 8 por ciento de los 149,000 millones de dólares en contratos de Pemex registrados en la base de datos federal en ese periodo.
Pemex casi siempre desestima esas advertencias. Del 2008 al 2012, el año más reciente para los que hay datos disponibles, los auditores del Congreso emitieron 274 recomendaciones para que la empresa estatal tomara medidas sobre las irregularidades en los contratos, como presentar una denuncia, medidas disciplinarias o tratar de recuperar parte del dinero.
Pemex respondió a 268 de los casos, pero en sólo tres de ellos tomó medidas, como suspender a un puñado de empleados. Los órganos internos de control de Pemex desecharon 157 de los casos y hasta el mes pasado, 108 casos estaban sin resolver.
«En México no castigan a nadie», dijo Arturo González de Aragón, un ex jefe de la ASF. «Como no castigamos a nadie, la impunidad se convierte en el incentivo perverso de la corrupción», destacó.
Pemex recibe una segunda supervisión, pero también este sistema falla. La Secretaría de la Función Pública (SFP), organismo del Poder Ejecutivo que vigila el fraude en el Gobierno, supervisa a los órganos internos de control en Pemex.
Entre los contratistas que burlaron esta red de seguridad está Francisco «Pancho» Colorado, presunto colaborador de los Zetas, uno de los cárteles de la droga más sanguinarios de México.
Su compañía recibió decenas de millones de dólares de Pemex aún después de que la SFP buscó inhabilitarla por supuesto fraude. Posteriormente, Colorado fue condenado por una corte federal de Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero para los Zetas, un caso actualmente bajo apelación.
El no responder a las señales de que existe un fraude, dijo González de Aragón y otras fuentes familiarizadas con Pemex, es sintomático de la falta de supervisión en el gigante petrolero.
Los auditores de la ASF dicen no tener autoridad para imponer multas o abrir procesos penales. Ellos sólo pueden pasar sus recomendaciones a fiscales o a los órganos internos de control de Pemex.
INVESTIGADORES REACIOS
Los investigadores del órgano interno de control de Pemex, sin embargo, son reacios a perseguir casos contra funcionarios que se supone deben regular. Los investigadores internos son técnicamente independientes de Pemex, como empleados de una agencia federal separada.
Pero en la práctica los agentes federales -principalmente abogados y contadores- son parte de Pemex, que paga sus sueldos y alberga las oficinas en las que trabajan.
Pemex declinó comentar sobre casos específicos descritos en este artículo, pero su director de Procura y Abastecimiento, Arturo Henríquez, dijo que la empresa sabe que ha padecido fraudes y despilfarro «en el pasado».
Los cambios que reducirán las posibilidades de abuso están en marcha, aseguró. Pemex está creando una unidad de contratación centralizada que hará que sea más difícil para los empleados de la empresa favorecer ciertos negocios, dijo.
«Lo que estamos haciendo es (…) mitigar malas prácticas a través de un proceso homologado, centralizado, con sus debidos controles internos», dijo el funcionario.
El fraude y el despilfarro en Pemex son críticos debido al papel que tiene la empresa en la economía mexicana. Los impuestos y derechos que paga Pemex financian alrededor del 30 por ciento del presupuesto federal.
El abuso en los contratos en el gigante petrolero tienen directa incidencia en el margen de maniobra que tiene el Gobierno para financiar desde servicios de salud hasta la construcción de caminos.
Los problemas de Pemex para fiscalizarse a sí mismo tienen además importancia internacional. La producción de petróleo de México está cayendo y en un esfuerzo por revertir esto el país está a punto de abrir sus reservas de petróleo a extranjeros.
Nuevas leyes obligarán a Pemex a competir por superficie para perforar y producir crudo y gas por primera vez desde la nacionalización de la industria petrolera en 1938. Pemex, sin embargo, seguirá siendo responsable de la asignación de miles de millones de dólares en contratos de servicios.
Citigroup dijo en febrero del año pasado que fue defraudado por más de 400 millones de dólares por un importante contratista de Pemex que utilizó facturas falsas de la petrolera para garantizar créditos del banco.
Durante años, auditores del Congreso emitieron múltiples advertencias sobre el contratista Oceanografía, pero Pemex siguió haciendo negocios con la firma.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha dicho que planea reemplazar a la SFP con un organismo anticorrupción independiente pero a dos años de haber iniciado su Gobierno la iniciativa está estancada en el Congreso, donde legisladores están divididos sobre el plan.
La iniciativa anticorrupción forma parte de una serie de reformas que Peña Nieto anunció cuando tomó el poder en diciembre del 2012. La iniciativa más ambiciosa era la del sector energético y Pemex, pero el desplome de los precios del petróleo y una serie de crisis políticas internas han complicado la agenda.
Más recientemente, Peña Nieto, su esposa y el secretario de Finanzas, Luis Videgaray, quedaron bajo el escrutinio público después de que salió a la luz que habían comprado o usado casas de un contratista del Gobierno que formaba parte del consorcio ganador de un proyecto multimillonario para la construcción de un tren rápido de pasajeros.
Salvador Vega, un senador de oposición y ex jefe de la SFP, dijo que los investigadores federales dentro de Pemex han disciplinado a miles de empleados y algunos contratistas basados en sus propias investigaciones, independientes de la ASF.
Investigadores del órgano interno de control de Pemex, sin embargo, critican a los auditores del Congreso, diciendo que carecen de la preparación técnica para entender los contratos petroleros.
José Muñoz, presidente de la comisión de vigilancia de la ASF, dijo que las auditorías del Congreso son sólidas, escritas con la ayuda de técnicos expertos externos.
Los órganos internos de control en Pemex descartan o hacen a un lado las recomendaciones de la ASF del Congreso, señaló, porque los investigadores internos están muy cerca de los empleados de Pemex a los que deben examinar.
Un portavoz de la ASF dijo que la oficina apoya la idea del presidente de establecer un organismo regulador independiente en lugar de la SFP.
ÓRDENES SUPERIORES
Un contrato con la firma Unigel Química ilustra este aspecto.
La empresa, una subsidiaria de la productora química brasileña Unigel, recibió un lucrativo contrato de una unidad de la petrolera mexicana Pemex Petroquímica por la cual ésta le vendió a Unigel un químico llamado acrilonitrilo, con un gran descuento desde el 2009 al 2011, de acuerdo con un reporte de la SFP. El químico se utiliza en la fabricación de plásticos.
No está claro por qué Pemex le vendió a ese material tan barato, porque eso le produjo pérdidas por 24.2 millones de dólares en ese periodo, según el reporte. Unigel ganó por encima de los 30 millones de dólares en el acuerdo.
Los dos ejecutivos de Pemex que autorizaron la parte problemática del contrato, Lorenzo Aldeco y Manuel Sánchez, lo hicieron sin pedir autorización del departamento legal o de sus gerentes en Pemex, saltándose controles de rutina, según el reporte de la SFP.
Aldeco dejó Pemex más tarde y se convirtió en ejecutivo de Unigel, mientras que Sánchez actualmente dirige Pemex Petroquímica.
Los investigadores del órgano interno de control recomendaron que la división petroquímica de la petrolera renegociara una parte del contrato. En una auditoría separada emitida el año pasado, auditores del Congreso le pidieron a Pemex sancionar a los empleados que supervisaron el contrato.
En lugar de ello Daniel Ramírez, el entonces jefe del órgano interno de control en Pemex, envió un oficio a sus colegas en el órgano de control en Pemex Petroquímica, instruyéndolos a resolver los problemas con Unigel, de acuerdo con una copia del documento vista por Reuters.
«Se recomienda coadyuvar con la dirección general de Pemex Petroquímica en la atención y solventación de estos PRAS (promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria) y PO (pliego de observaciones), con el objeto de evitar que estos asuntos se conviertan en definitivos», reza el texto.
Sánchez dijo en la entrevista que no había nada inusual en la carta. El actual jefe de Pemex Petroquímica dijo en una entrevista que aprobó una estimación de la inversión planeada por Unigel en la negociación que no requería revisión legal.
El precio del contrato no fue renegociado a pesar del reporte de la SFP, dijo. Al preguntársele por qué, comparó la relación con un «matrimonio». «No todo es perfecto, perfecto, perfecto (…) nos dimos cuenta que hay cosas que mejorar».
Ramírez fue nombrado el mes pasado a la posición recién creada de auditor general de Pemex. El ejecutivo no respondió a las solicitudes de comentario sobre el caso Unigel. La oficina de prensa de Pemex declinó comentar.
Según investigadores internos de Pemex, la pesquisa acerca del contrato con Unigel continúa.
Aldeco salió hace unos seis años de Pemex y ahora es el director de la unidad mexicana de Unigel. El ex funcionario declinó comentar sobre el contrato, excepto para decir que la planta relacionada con el contrato no puede operar sin Unigel.
Alegó que su actual empleo en la empresa no representa un conflicto de intereses y que no tenía idea de que algún día trabajaría para Unigel cuando ésta ganó el contrato en el 2007. Él dejó Pemex en el 2008 y se unió a Unigel en el 2012.
José Francisco Rivera es un ex investigador senior del órgano interno de control que examinó el caso de Unigel. Comentó que otras agencias federales hubiesen actuado si la ASF hubiese encontrado problemas mayores con un contrato.
«Desde que yo estoy en la administración pública (…) a partir del año 2004, pues los PRAS siempre llegaron a una conclusión, siempre se concretó todo el procedimiento que normalmente termina con la imposición de una sanción a un servidor público», dijo. Pero eso fue «hasta que llegué a Pemex Petroquímica», añadió.
La petrolera estatal actúa ocasionalmente. En el 2012, la ASF dictaminó que Gutsa, una constructora mexicana, no cumplió un contrato por 30 millones de dólares con Pemex para construir un monumento por los 200 años de la independencia mexicana. La firma no terminó la obra a tiempo para el aniversario y sus costos se dispararon por arriba de 90 millones de dólares.
Esa investigación culminó con tres empleados de Pemex despedidos por la SFP.
Pero ese mismo caso ocurrió tras un error de supervisión, dado que Gutsa ganó el contrato para el monumento pese a haber sido inhabilitada para trabajar en obras públicas en el 2007, luego de que dejó sin terminar un proyecto de carreteras. La firma ganó el contrato mientras apelaba esa prohibición.
Reuters descubrió que las investigaciones terminadas por los órganos internos de control de Pemex raramente conducen a acciones concretas. Las 160 pesquisas completadas no arrojaron ninguna penalidad para contratistas. Tres de los casos condujeron a suspensiones para empleados de Pemex, de entre cinco días a seis meses.
LOS CONTRATOS DE PANCHO
Incluso cuando la SFP sanciona a un contratista, las empresas aprovechan resquicios legales para seguir ganando contratos.
Reuters descubrió que desde diciembre del 2006 hasta septiembre del 2013, cerca de 40 empresas ganaron alrededor de 88.1 millones de dólares en contratos con Pemex luego de que un órgano interno de control en la firma estatal las había vetado.
Vega, el ex jefe de la SFP, dijo que le sorprendían los números. Pese a que los contratos no fueron técnicamente ilegales, Pemex no debería otorgar contratos a empresas que han sido inhabilitadas por la SFP.
«Esto es algo que debe ser revisado a fondo», afirmó.
Entre esas empresas está ADT Petroservicios, propiedad de Francisco «Pancho» Colorado.
Investigadores de la SFP vetaron a ADT de participar por contratos en el 2009, tras su participación en un presunto fraude multimillonario relacionado con la limpieza de un derrame de petróleo.
Reuters solicitó documentos detallando los alegatos en contra de ADT bajo la legislación de acceso a la información mexicana, pero la secretaría declinó divulgarlos alegando la existencia de un caso legal en marcha.
Una prohibición de contratar de Pemex normalmente tiene efecto pocos días después de la decisión, pero ADT logró posponerla por años apelándola ante las cortes.
Como resultado, ADT ganó más de 35 millones de dólares en contratos adicionales luego del anuncio de la inhabilitación. Pemex no explicó por qué optó por conceder nuevos contratos a ADT durante el periodo de apelaciones.
Colorado halló otras formas de evadir el veto. Creó otra empresa, MTTM Servicios Petroleros, para esquivar la prohibición contra ADT, dijo a Reuters el agente especial del Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos, Michael Fernald. Esa empresa ganó dos contratos con Pemex por unos 23 millones de dólares en abril y julio del 2011.
Las negociaciones que ganó ADT en el interin incluyeron un contrato para un puente, una carretera y trabajos de pozos petroleros por 9.7 millones de dólares en agosto del 2011. Ese contrato fue otorgado una semana después de que un tribunal mexicano desechara la apelación de la firma y dos días antes de que Pemex finalmente pusiera en vigencia la prohibición. El contrato se extendió hasta el 2013.
En marzo del 2012, Pemex depositó un pago por 4.6 millones de dólares a cuentas bancarias de Colorado, de acuerdo con agentes del IRS. Esa transacción ocurrió justo un día después de que policías federales mexicanos se enfrentaran a tiros con sicarios de los Zetas en un rancho de Colorado en Veracruz, mientras perseguían a un líder del cártel.
Colorado no estaba presente en ese momento.
En mayo, Colorado fue acusado de lavar dinero para los Zetas en una corte de Austin, Texas. El departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a ADT como un frente de ese cártel del narcotráfico, y la fiscalía acusó a Colorado de lavar 10 millones de dólares para miembros de los Zetas en Estados Unidos, a través de la compra de caballos de carreras.
Entre la implementación de la inhabilitación de ADT en agosto del 2011 y la acusación de Colorado en el mayo siguiente, Pemex depositó nueve millones de dólares en las cuentas bancarias de Colorado, según investigadores del IRS.
No está claro por qué los ejecutivos de Pemex seguían tan interesados en hacer negocios con Colorado.
Durante su juicio, un testigo dijo que en febrero del 2012 asistió a una reunión en una oficina de Pemex entre Colorado y un alto ejecutivo de la petrolera. Allí se discutió cómo Colorado podría pagarle cinco millones de dólares al ejecutivo, según el testigo, quien no dijo para qué era el dinero ni si el pago ocurrió efectivamente.
Pemex declinó comentar sobre el caso.
Colorado fue condenado en el 2013 a 20 años de prisión. Chris Flood, un abogado del empresario, dijo que su cliente niega las acusaciones y está apelando la condena. Sus abogados han dicho que él no estaba asociado con los Zetas y que pagó los caballos con ingresos legítimos de su negocio ADT con Pemex.
Muchos de los testigos clave eran delincuentes que acordaron testificar a cambio de acuerdos con las autoridades estadounidenses, dijo Flood, quien declinó comentar sobre los contratos de Colorado con Pemex.
Por Elinor Comlay y Mica Rosenberg y M.B Pell
(Traducido por Adriana Barrera, editado por Anahí Rama y Pablo Garibian)
