Trabajadores de la sucursal de la distribuidora Hermanos Herrera, ubicada en Ciudad Guayana, se manifestaron en contra de la medida de ocupación de las nueve sedes de la empresa por supuesto acaparamiento y defendieron el compromiso de la compañía en la distribución de alimentos y productos de higiene.

El depósito de Ciudad Guayana fue ocupado el lunes por funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) que ordenaron el cierre del galpón, ocupado por productos en solo 15% de su extensión, y retuvieron cinco camiones con mercancía ya cancelada y facturada, propiedad de clientes de la distribuidora.

La gerente regional de venta, Luisa González, informó que las 170 toneladas de productos que se encuentran en el galpón llegaron entre el jueves 8 y viernes 9 de enero y estaban siendo despachadas a partir del lunes. «El lunes 12 la mercancía fue facturada y cuando llegó la Sundde se estaban cargando los camiones», dijo.

«Todo lo que han dicho es falso, somos 600 trabajadores en todo el país que no estamos acaparando», señalaron los trabajadores, con pancartas en mano en respaldo de la compañía.

Francisco Marval, gerente de operaciones de la Región Oriente Sur, destacó que la empresa distribuye cerca de 900 toneladas de productos al mes, «y lo que tenemos acá son 170 toneladas que ya están facturadas, esto es un 15% de la capacidad del galpón, para nada puede ser acaparamiento».

En torno a la acusación de acaparamiento de productos en los galpones del estado Zulia, explicó que la empresa es operador logístico de la multinacional Procter & Gamble que envió 14 containers de mercancía a la sede en Maracaibo entre jueves y viernes, que sería despachada desde el lunes. Parte de la mercancía, dijo, es propiedad de la multinacional y es distribuida por Hermanos Herrera.

El delegado sindical de la empresa en Puerto Ordaz, Casimiro Hernández, sostuvo que la empresa es «estable y eficiente» y criticó que el Gobierno quiera tapar su ineficiencia acusando a la compañía de acaparamiento.

Los trabajadores fueron enfáticos en manifestar su preocupación por la medida de ocupación y señalar que no quieren verse en la situación de la distribuidora Frigoríficos Ordaz S.A. (Friosa), expropiada en 2010, año desde el cual los inventarios de la empresa -ubicada en Ciudad Guayana- bajaron fuertemente.

El Universal

Un Juzgado de Ejecución acordó el cambio de reclusión del exalcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Vicencio Scarano, por razones de salud por cuanto debe ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia de acuerdo a la última evaluación médica.

El mencionado Tribunal impuso al sancionado, con apostamiento policial de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la obligación de: 1) presentar informe actualizado de su estado de salud; 2) prohibición de realizar actos de proselitismo político; 3) prohibición de dar declaraciones ante cualquier medio de comunicación social público o privado; y 4) prohibición de salida del país.

La decisión se fundamentó en diversos informes médicos emanados del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, que acreditan la situación de salud del sancionado, así como también en lo sostenido por el Director del Centro Nacional de Procesados Militares y en lo previsto en los artículos 2, 19, 83 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Últimas Noticias

Este viernes la dirigente estudiantil Gaby Arellano, dijo que, en su opinión, «(…) el Ministerio Público siga siendo el sicario político y ejecutor de las decisiones que la dirección del Psuv», esto para referirse a las imputaciones que le realizara el MP en su contra.

«Solamente por decir la verdad, por decir que en Venezuela no hay una democracia plena, que no hay separación de poderes, que hay unos pocos que tienen secuestrada la libertad de muchos, estamos trabajando (…) porque Venezuela esté mejor», se defendió Arellano.

Arellano aseguró que su imputación se basa solamente por sus ideas de cambio, por sus acción para construir «la mejor Venezuela», destacó un comunicado de prensa. La dirigente recordó que el protestar no es un delito y aseguró que su defensa seguirá apegada a la Ley y que no «no hay nada» en el expediente que tiene la Fiscalía en su contra.

«Conspiradores son los que tienen a Venezuela en cola, conspiradores son los que tienen secuestrado el Ministerio Público, conspiradores son los que utilizan el canal del Estado para injuriar, a ellos les queda poco tiempo», finalizó.

En los próximos días se estima que la defensa impugne la imputación por el delito de conspiración.

Últimas Noticias