La política de seguridad del gobierno de Cristina Kirchner en Argentina tiene la menor aprobación en todo el continente. Según el Barómetro de las Américas, que realiza la Universidad de Vanderbilt,tiene el apoyo de sólo el 32,3% de los argentinos.
Casi en el mismo nivel está la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, el segundo peor ubicado, con 32,4 por ciento. Tercera, también cerca, está la gestión de Dilma Rousseff en Brasil, con 34,8 por ciento.
Completan la lista de los países con menores niveles de aprobación en materia de seguridad Perú (35,6%), Paraguay (36,9%), Estados Unidos (38,7%), Trinidad y Tobago (39,3%), Colombia (40,6%), Jamaica (41,3%) y México (41,3%).
El gobierno con más apoyo a su política contra el crimen es el de Daniel Ortega en Nicaragua, que alcanza el 65,6 por ciento. En segundo lugar está el de Rafael Correa en Ecuador, con 62 por ciento.
Los otros que superan el 50% de aprobación son República Dominicana (54,2%), Honduras (53,7%), Haití (52,7%) y El Salvador (50,1%).
Argentina: cuando la seguridad no es una prioridad
«El delito en Argentina sigue aumentando en cantidad y en calidad. Ha habido fenómenos como el avance del narcotráfico, que no eran comunes en el país, y que generaron un impacto en la percepción de la gente. El aumento de la violencia es una peste nueva», explica Eugenio Burzaco, CEO de Seguridad Integral Templar S.A. y ex jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, consultado por Infobae.
«Lo segundo que ha pasado -continúa- es que el Gobierno tuvo, durante buena parte de su gestión,una conducta de negación del problema, que exasperó a la gente. Hablar de sensación de seguridad y echarle la culpa a los medios son cosas que molestan. Hubo una conjunción de falta de políticas eficaces con fenómenos nuevos».
En parte, esto se debió a una mala estrategia política para minimizar las dificultades y licuar su responsabilidad. Pero también hubo un componente ideológico para no buscar soluciones.
«El Gobierno avaló durante mucho tiempo posturas mal llamadas garantistas, que en realidad son abolicionistas, y que también generan exasperación en la población. Dan una percepción de impunidad, de que se termina beneficiando a los criminales», dice Burzaco.
El intento más reciente del gobierno argentino para responder a la criminalidad fue la confección de un nuevo Código de procedimientos penales, que peca de muchos de los vicios que son comunes en su gestión.
«EL GOBIERNO NO TUVO UNA ESTRATEGIA. FUE UNA POLÍTICA DE PARCHES»
«Cuando uno va a la letra fina, tiene muchas falencias -dice Burzaco. Los que entendemos de crímenes complejos nos preguntamos cómo se pueden combatir el narcotráfico y la venta de armas con esos mecanismos. Hicieron algunos gestos para la galería, pero el trasfondo del código es para una provincia, no para una nación».
«El Gobierno no tuvo una estrategia y no supo cómo utilizar el sistema de seguridad interior para evitar el avance del crimen organizado. Fue una política de parches: por ejemplo, como hay crisis en algunas provincias, se saca a los gendarmes de la frontera y se los lleva a los lugares más conflictivos, lo que deja descubierta la frontera. Es un parche tras otro», agrega.
La falta de un plan estratégico se puede verificar en los abruptos cambios en el perfil de los encargados de manejar la seguridad. La primera ministra del área fue Nilda Garré, que en su juventud había estado muy ligada a la organización político armada Montoneros, y cuya línea eramarcadamente garantista. Pero su reemplazante en la conducción de la seguridad -si bien se desempeña como viceministro- fue Sergio Berni, un militar que propone mano dura contra el crimen y la deportación de los inmigrantes que delinquen.
«Hay mucho trabajo para el corto plazo y poco trabajo estructurado. Entonces no hay un marco legal adecuado para sustentar las políticas y hay zonas muy endebles, como la radarización, las fronteras, el lavado de dinero y otras, que son fundamentales para el crimen organizado. El resultado es el que estamos viendo», sintetiza Burzaco.
Venezuela: el problema de tener a militares a cargo
«El descontento tiene una correlación directa con el nivel de criminalidad que se registra en el país, que es uno de los más altos de Latinoamérica. La tasa oficial de homicidios, que es bastante inferior a las de algunas organizaciones, es 52 cada 100.000 habitantes, segunda después de Honduras», dice a Infobae el sociólogo Luis Cedeño, director de Paz Activa, una ONG abocada a buscar soluciones a los problemas de seguridad ciudadana en Venezuela.
«En delitos más comunes, como el robo y el hurto, se pueden registrar cerca de 1,8 millones al año. Los teléfonos inteligentes se transformaron en el gran commodity del delito en Venezuela. Y el problema no son sólo las cifras. La dimensión subjetiva, la percepción del delito, es también muy desfavorable», agrega.
Al igual que en el caso argentino, el rasgo distintivo de la gestión gubernamental fue la combinación de subestimación con improvisación y falta de continuidad.
«LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD NO REPRESENTA NI EL 1% DEL PRESUPUESTO NACIONAL»
«El gobierno actual nunca tuvo a la seguridad ciudadana como un tema prioritario, y se puede ver en los niveles de inversión, que no representa ni el 1% del presupuesto nacional. Mientras fue presidente, Hugo Chávez casi nunca habló sobre el tema, y Nicolás Maduro -actual mandatario- lo hizo un poco al principio, pero rápidamente dejó de hacerlo», explica Cedeño.
Por eso no debería sorprender que las políticas implementadas para combatir la criminalidad hayan sido erráticas. «En los últimos 15 años de gobierno hubo más de 20 planes de seguridad, lo que llevó a que ninguno fuera eficaz, por la falta de continuidad. Eso se anuda al cambio sucesivo de los responsables de esos planes», dice Cedeño.
«Además -continúa- en Venezuela tenemos el gravísimo problema de que haya un gobierno de corte militar, lo que llevó a que las respuesta que se han querido dar al tema vinieran por el lado de la intervención militar en la seguridad interior. Eso ha pervertido lo que está en la Constitución y no tuvo ningún tipo de éxito».
Ecuador, un caso exitoso
Que el 62% de los ecuatorianos califiquen positivamente la gestión del gobierno en la lucha contra el delito no es una casualidad. A diferencia de los dos ejemplos anteriores, una política seria y planificada obtuvo resultados destacables.
«En Ecuador ha habido un cambio muy significativo en las políticas de seguridad, cosa que no ocurrió en otros países. Hubo muchas modificaciones en el marco institucional. Antes no había Ministerio de Justicia para el manejo de las cárceles, y ahora ya existe. Además había un Ministerio de Gobierno encargado de la política y de la seguridad al mismo tiempo, lo que dejaba a la última en un segundo plano. Entonces, se creó el Ministerio del Interior, exclusivamente dedicado a la seguridad», explica Fernando Carrión, investigador de estudios urbanos y seguridad ciudadana de FLACSO, Ecuador, en diálogo con Infobae.
«EN ECUADOR HA HABIDO UN CAMBIO MUY SIGNIFICATIVO EN LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD»
«También se instituyó un Ministerio de Coordinación de la Seguridad, que permite la cooperación entre distintas áreas del gobierno. En esa misma línea, ha habido una evolución en el sistema penal, a partir de cambios importantes en la policía, en el sistema judicial y en el carcelario», agrega.
Todas estas transformaciones fueron muy recibidas por la ciudadanía, que tras muchos años de inacción vio cómo el Estado comenzó a tomar el problema de la delincuencia como una prioridad. Mucho más teniendo en cuenta que estas políticas impactaron directamente sobre la reducción del delito.
«Los resultados concretos son los siguientes: según datos oficiales, Ecuador tiene una tasa de 8,1 homicidios cada 100.000 habitantes. Los estudios que hemos hecho nosotros indican que es un poco más alta, y debería estar alrededor de los 14, 15. En cualquier caso, frente a los 20 del 2010, obviamente que es una mejora muy importante, en un plazo de tiempo muy corto», concluye Carrión.
Fuente: Infobae
