La Unión Parlamentaria (UIP) planea enviar a un observador a Venezuela para seguir el proceso contra la exparlamentaria María Corina Machado, acusada por la Fiscalía de planear el asesinato del presidente Nicolás Maduro.
Así lo anunció este lunes el secretario del Comité de Derechos Humanos de la UIP, Rogier Huizenga, durante una presentación de la situación de legisladores que sufren abusos con trasfondo político en países de todas las regiones del mundo.
Huizenga explicó que el observador informará en el momento oportuno al Comité y a los parlamentos miembros de la organización sobre cómo se desarrolló el proceso contra Machado y si se respetaron las garantías judiciales.
«Los procesos en principio son públicos y en países como Malasia, Camerún y Colombia no hemos tenido ningún problema para observarlos, sólo informamos a los gobiernos de que estaríamos presentes», precisó.
El Comité se reunirá en enero próximo, cuando está previsto que apruebe el envío del observador.
Asimismo, revisará el estado de la petición que ha cursado al Gobierno venezolano para enviar, además, una misión de la UIP que evalúe la situación general de los parlamentarios venezolanos.
«La misión es diferente del observador y serviría para transmitir ciertas preocupaciones que tiene el Comité, pero también para mejorar su comprensión de la situación de la oposición y de algunos parlamentarios individuales, como la señora Machado», indicó el secretario del órgano de la UIP.
Sin embargo, añadió que el Gobierno de Caracas ha respondido a la petición recibida señalando que «tiene voluntad de recibir al Comité, pero no ve la necesidad de una misión. Esperamos que cambie de opinión», detalló Huizenga.
La UIP desearía que las autoridades de Venezuela entiendan «la importancia de esa misión, no para formular críticas, sino para entender lo que sucede en un contexto tan polarizado».
Considera, por ello, que se debe escuchar «a ambas partes», así como a actores distintos a los poderes ejecutivo y legislativo, como podrían ser los miembros de la judicatura, de organizaciones de la sociedad civil o de la comunidad diplomática.
Las misiones de la UIP para estas cuestiones suelen estar formadas por cuatro miembros de su Comité de Derechos Humanos, compuesto por un total de diez legisladores de distintos países y que está presidido por el senador chileno Juan Pablo Letelier.
El caso de María Corina Machado no es el único de Venezuela que sigue el Comité, que en total tiene abiertos catorce expedientes de parlamentarios y exparlamentarios de este país.
Algunos datan de 2011, pero buena parte son posteriores a las elecciones presidenciales de abril de 2013 en las que Maduro resultó elegido y la oposición se negó a reconocer su victoria.
«Actualmente, el mayor problema que afecta a los parlamentarios de la oposición son los procesos judiciales y el hecho de que una vez que son investigados son suspendidos», mencionó Huizenga.
Agregó que el Comité ha formulado preguntas en cuanto a la iniciativa de la propia Asamblea Nacional venezolana para facilitar esos procesos penales y que «también por esta razón sería importante entrevistarse con las autoridades parlamentarias».
AGENCIAS
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