La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) podrá solicitar la suspensión temporal o definitiva de cualquier sistema de asignación de divisas por parte del Estado, cuando se compruebe que han incurrido en cualquiera de los ilícitos contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos: especulación, acaparamiento, boicot, reventa de productos de primera necesidad, contrabando de extracción, entre otros.
En caso de que el ilícito cometido involucre la comercialización de productos del sistema de abastecimiento del Estado o que haya sido importado con divisas otorgadas por el Gobierno, la suspensión podría ser definitiva.
La reforma a la Ley también incorporó cambios en la aplicación de otras medidas. En el caso del comiso de mercancías, se aplicará de forma preventiva y se procederá a la venta inmediata «con fines sociales».
«El producto de enajenación de las mercancías se mantendrá en garantía en una cuenta abierta para tal fin. La providencia que ponga fin al procedimiento indicará el destino que deberá dársele al dinero», expresa la Ley.
Más atribuciones
La Sundde estará facultada para imponer las sanciones que están estipuladas en la Ley de Precios Justos. De igual manera podrá dictar, mediante providencia administrativa, actos conclusivos y las sanciones correspondientes.
Semestralmente la Superintendencia deberá presentar semestralmente ante la Vicepresidencia de la República el plan de acción del organismo. Asimismo, se le sumaron competencia para el manejo de recurso para la ejecución de esos proyectos.
Con voz y voto
Los trabajadores tendrán participación en la definición de los costos, precios y ganancias, así como en las fiscalizaciones que realizará la Sundde en los sector productivos.
La Intendencia Nacional para la Protección del Salario del Obrero, creada en el marco de la reforma de la Ley, estará encargada de incorporar la visión y las exigencias del sector obrero en el análisis y la determinación de los costos, la ganancias y los precios.
Los funcionarios de la intendencia además deberá acompañar a los fiscales de la Sundde las fiscalizaciones que sean solicitadas por el sector obrero.
Asimismo, podrá realizar «cualquier otra (acción) propia de su naturaleza».
La intendencia recibirá las denuncias y las peticiones de los trabajadores y sindicatos.
EL UNIVERSAL
