ConocoPhillips, petrolera estadounidense involucrada en un proceso de litigio contra el régimen de Caracas por la expropiación de sus activos en Venezuela, introdujo un recurso legal ante una corte de Texas que busca impedir que los recursos de una eventual venta de Citgo sean transferidos al país sudamericano.
Según el recurso legal, la propuesta venta de Citgo podría tratarse de un plan para esquivar un eventual embargo de sus activos a ser introducido por ConocoPhillips, ante la posibilidad de que el tribunal de arbitraje que lleva el caso de las expropiaciones en Venezuela se pronuncie en contra del régimen de Nicolás Maduro el próximo año.
La solicitud, presentada la semana pasada ante la corte de distrito del condado de Harris, Texas, pretende determinar en su etapa de exploración las acusaciones de que Citgo o sus empresas allegadas, incluyendo la estatal Petróleos de Venezuela, están liquidando sus activos en Estados Unidos y en otros lugares “con el propósito de bloquear, demorar o defraudar a sus acreedores, incluyendo la capacidad de ConocoPhillips de cobrar una esperada sentencia de un proceso de arbitraje internacional contra PDVSA”.
El recurso legal presentado por ConocoPhillips “no busca prevenir una venta de Citgo o de sus activos por un precio razonable. Pero sí busca evitar que las partes transfieran los recaudos” a Venezuela, afectando de esa manera los derechos de los solicitantes como acreedores, dijo un portavoz de la compañía estadounidense en un correo electrónico.
“Los solicitantes buscan prevenir que las partes de una transacción de Citgo estructuren la operación de tal manera que permita a Citgo o a sus compañías relacionadas expatriar los recaudos de la venta o el valor de los activos de Citgo a fin de colocarlos fuera del alcance de los solicitantes para satisfacer sus reclamos de arbitraje”, declara la solicitud introducida ante la corte.
La propuesta venta de Citgo, empresa que cuenta con un sistema de refinerías y trabaja con una cadena nacional de estaciones de servicio, ha sido anunciada y suspendida en varias ocasiones por el régimen de Maduro, que se tambalea ante el colapso del modelo “petropopulista” emprendido por el chavismo y la drástica caída de los precios del petróleo de los últimos meses.
Según los datos suministrados en julio en una emisión de bonos, el valor de libros de Citgo alcanzaba los $8,100 millones para finales del 2013, pero expertos creen que una eventual venta podría estar por debajo de los $7,000 millones, mientras que el régimen de Caracas ha señalado que espera obtener más de $10,000 millones.
Según informes de prensa, los bancos internacionales involucrados en los esfuerzos por vender Citgo han presentado un plazo hasta finales de diciembre para que las partes interesadas en Citgo presenten sus ofertas.
El Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias de Inversión (Ciadi), panel arbitral del Banco Mundial que lleva el caso entre ConocoPhillips y el régimen de Maduro, ya dictaminó parcialmente que Venezuela expropió ilegalmente los activos que la empresa tenía en el país sudamericano y que esa acción le acarreó una pérdida de cerca de $4,500 millones a la compañía.
El dictamen final está previsto para el próximo año y pocos dudan que le será adverso al régimen de Caracas en vista de que el Ciadi ya dictaminó que Venezuela no negoció “de buena fe” con Conoco.
El gobierno venezolano nacionalizó parte de los activos de ConocoPhillips en el 2007, tras decidir que quería operar bajo el formato de empresas mixtas con las petroleras trasnacionales que ya tenían operaciones en Venezuela.
Bajo ese formato, las trasnacionales estaban obligadas a otorgarle al régimen venezolano el control mayoritario de las operaciones, planteamiento que fue rechazado por ConocoPhillips, que participaba en los proyectos de petróleo pesado Petrozuata y Hamaca y en el desarrollo costa fuera Corocoro.
Esos proyectos fueron posteriormente expropiados durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.
Venezuela, el país con mas demandas en curso ante el Ciadi, se retiró de este órgano en el 2012, cuando el gobierno cuestionó su imparcialidad y argumentó el “derecho del pueblo venezolano” para decidir sus orientaciones estratégicas.
No obstante, Caracas aún debe responder por los casos presentados con anterioridad a esa fecha.
La mayor parte de las demandas contra Venezuela en el Ciadi fueron presentadas por empresas extranjeras que exigen ser indemnizadas por las nacionalizaciones de sus activos decretadas por Chávez.
Fuente: Nuevo Herald
