Las ONG Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Comunidanas, Grupo La Colina y Súmate rechazan las últimas actuaciones del Comité de Postulaciones Electorales (CPE), que le restan transparencia al proceso de selección de los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), como haber aprobado la toma de decisiones en esa instancia por mayoría simple, haber extendido por una semana el período de postulaciones y haber permitido las inscripciones por Secretaría de las candidaturas de las actuales rectoras Tibisay Lucena y Sandra Oblitas.
Estos hechos, que han sido aprobados en el CPE, gracias al control que posee el PSUV en esta instancia, burlan el compromiso adquirido por el Gobierno Nacional ante la Comisión de Cancilleres de Unasur y el Nuncio Apostólico de iniciar y no obstaculizar la renovación imparcial de los poderes públicos, como una contribución al diálogo nacional, el cual está suspendido hasta la fecha. Además, esta ausencia de transparencia del CPE aumenta la desconfianza en el Poder Electoral, que según reciente encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es un reclamo no satisfecho de la sociedad venezolana, que coincide con las recomendaciones de organizaciones internacionales, como el Centro Carter y el Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), sobre la necesidad de garantizar la imparcialidad y profesionalismo del CNE para lograr equidad en las condiciones electorales así como confianza en el Sistema Electoral.
Explican las ONG que en primer lugar se evidenció falta de transparencia al aprobar la toma de decisiones por mayoría simple –impuesta por la mayoría oficialista en el CPE– la cual no tiene base constitucional, ni legal, ni reglamentaria, desconociendo: a) el espíritu de la CRBV que obliga a elegir los Rectores con dos terceras partes de los Diputados; b) a la LOPE que estipula la elección de los miembros del CPE por dos tercios de los 165 Diputados; y c) al anterior Reglamento del CPE que establecía que las decisiones se tomaban con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes.
Sostienen las ONG que una segunda decisión en la que observan falta de transparencia fue la prórroga injustificada en el lapso de postulaciones para Rectores, pues durante el período inicial (del viernes 31 de octubre al jueves 13 de este mes) ya se habían recibido 161 postulaciones, 6 veces más del mínimo de 27 candidatos requeridos según el numeral 4 del artículo 26 de la LOPE.
Una tercera muestra de opacidad del CPE fue permitir la inscripción por Secretaría de las actuales Rectoras del CNE Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, quienes aparecieron postuladas a finales de la tarde del último día de la prórroga y sin acudir personalmente a entregar los recaudos, lo cual era una condición “sine qua non” para todos los aspirantes a rectores. Exponen que al consentir este privilegio a las Rectoras Lucena y Oblitas, para quienes además debe haber una evaluación previa de la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 8 del LOPE; el CPE violó sus propiascondiciones establecidas en las convocatorias públicas y el artículo 21 de la Constitución: “Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia: No se permitirán discriminaciones (…) La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; (…) y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan…”
Hay que evitar “refrito” de Rectores parcializados
Las ONG afirman que el actual equipo rectoral del CNE no merece aprobación en su desempeño, por varias faltas graves cometidas: a) retrasó 5 años la elección de Concejales Municipales que correspondía en 2009 y 1 año la de Alcaldes que debió efectuarse en 2012; b) no ha convocado elección para llenar vacante de 1 Diputado del Estado Zulia (principal y suplente electos Alcaldes) desde 2013; c) no ha rendido cuentas públicas del ejercicio 2013, como mandan la Constitución y las leyes; d) en 2012 y 2013 realizó cambios en el Registro Electoral no permitidos legalmente, para favorecer a candidatos del PSUV; e) se plegó a la petición gubernamental de desconocer a los Alcaldes de los Municipios San Diego del Estado Carabobo y San Cristóbal del Estado Táchira y convocar de forma urgente elecciones para sustituirlos; f) se abstuvo de tomar medidas para evitar el ventajismo gubernamental en las campañas electorales, entre otras muchas irregularidades en su gestión.
Ante las faltas de transparencia expuestas y la reprobación de la gestión de la actual directiva del CNE, las ONG hacen un llamado a los ciudadanos a no perder la esperanza de lograr soluciones pacíficas y electorales a la grave crisis por la que atraviesa nuestro país, pues la participación cívica, la contraloría pública y el voto masivo son las herramientas más eficaces para contener y superar los ventajismos e ilegalidades mencionados, como ocurrió recientemente con la derrota de los abusos en la repetición de las elecciones en los municipios San Diego en Carabobo y San Cristóbal en Táchira.
Por último, las ONG invitan a los ciudadanos a estar pendientes del anuncio por el CPE sobre el lapso de Objeciones a los Candidatos a rectores del CNE que no cumplan con las condiciones de elegibilidad establecidas en los artículos 296 de la Constitución y 9 de la LOPE, para presentar las razones que puedan tener con el fin de objetar la postulación de cualquiera de los 245 aspirantes, entre ellas las rectoras Lucena y Oblitas.
nota de prensa
