El legislador Arnaldo Giuzzio, ex fiscal antidrogas e integrante del Partido Democrático Progresista, dio a conocer en plena sesión una lista basada en datos de escuchas telefónicas y otras evidencias
Los implicados negaron ante los periodistas las acusaciones del senador del Partido Democrático Progresista (PDP),Arnaldo Giuzzio, de centro izquierda.
El diputado Bernardo Villalba, del oficialista Partido Colorado y uno de los aludidos, dijo: «Cuando estuve en el ejercicio de la profesión de abogado defendí al brasileño Jonathan Wink Soligo, acusado por asunto de drogas, y conseguí su libertad. El fiscal acusador fue Giuzzio y recuerdo que me llenó de improperios al término de la audiencia en los tribunales». «Sólo me gané la vida de forma honesta con mi profesión», agregó.
Giuzzio presentó como presuntas pruebas informaciones confidenciales de organismos estatales de lucha contra el narcotráfico, además de los datos que recogió durante los 10 años que fue agente del Ministerio Público.
«Se tomó la decisión de revelar estas informaciones para demostrar ante la sociedad que hay legisladores dispuestos a dar la cara contra el narcotráfico y que nos resistimos a ser estigmatizados con este esquema de terror», dijo durante su intervención.
Freddy D’Ecclesiis, diputado del Partido Colorado, dijo sobre las alegaciones: «Son totalmente irresponsables las expresiones de Giuzzio al vincularme con mi hermano Raúl, quien en 2004 fue aprehendido con un cargamento de cocaína».
«Pero mi hermano fue condenado a seis años de cárcel y ya pagó su error. Hoy no tiene cuentas con la justicia y tampoco yo, ni siquiera tengo antecedentes de pelea callejera», acotó.
Marcial Lezcano, otro legislador Colorado, explicó que su hermano Águedo fue detenido el año pasado como presunto traficante de cocaína pero «la justicia lo liberó al comprobarse que no estaba implicado».
En la sesión del Senado, Giuzzio pidió valor al Ministerio Público para investigar a los presuntos implicados y dijo que «Paraguay se merece personas de bien y los mafiosos que estén donde deben estar, en la cárcel, y sin poder hacer negocios ilícitos».
«La política paraguaya está contaminada abiertamente por el poder financiero de los traficantes»
Por su parte, el analista político Alfredo Boccia dijo que la «política paraguaya está contaminada abiertamentepor el poder financiero de los traficantes. Tras el asesinato del periodista Pablo Medina (del diario ABC Color) en octubre pasado, la gente tiene más valentía para hablar con fuerza de la narcopolítica».
«Pero la pregunta es, ¿por qué Giuzzio hizo la denuncia nada menos que en el Senado? Nadie tiene la respuesta exacta, pero puso, aparentemente, en evidencia a algunos diputados del oficialista Partido Colorado. Y esto es bueno para que haya una democracia transparente», apuntó.
En un par de semanas el Congreso analizará un proyecto de ley que contempla incautar las propiedades de las personas acusadas por el tráfico ilegal de estupefacientes. Además, la iniciativa tiene por fin reducir de seis a tres meses el plazo para cerrar las investigaciones judiciales en los casos de narcotráfico.
LOS SOSPECHOSOS FUERON EXPUESTOS EN BASE A ESCUCHAS TELEFÓNICAS Y OTRAS EVIDENCIAS
En otro orden, el periódico ABC publica este viernes que Luis Rojas, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), se refirió a la divulgación de la lista de «narcopolíticos» dada a conocer en la víspera por la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.
En la misma aparecen nombres de políticos que actualmente ocupan cargos electivos, como el caso de los diputados Freddy D’Ecclesiis, Marcial Lezcano y Bernardo Villalba. Igualmente, se menciona a Carlos Sánchez, alias «Chicharõ», diputado suplente de la ANR, y al ex parlametnario Magdaleno Silva.
Los sospechosos de tener vínculos con narcos fueron expuestos públicamente en base a escuchas telefónicas yotras evidencias que fueron entregadas por la institución antidrogas. Rojas mencionó que entregaron los documentos y archivos en cumplimiento de un mandato judicial.
«Lo que hicimos fue presentar un cuadro de situación a pedido de la Comisión y esto es producto de un pedido del fiscal Carlos Alcaraz, quien envió un oficio de la Senad», agregó en declaraciones recogidas por el mismo diario.
Fuente: Agencia
