El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, participó hoy mi ércoles como orador de orden en la Sesión Solemne de la Cámara Municipal de El Hatillo con motivo del 23 Aniversario como jurisdicción autónoma. La máxima autoridad local centró su discurso en la amenaza que sufre actualmente la descentralización en el país y en el despilfarro de los ingresos petroleros por parte del Gobierno Central.

Tras repasar los sucesos que marcaron a los países de Hispanoamérica y que dieron pie a la descentralización, Blyde recordó las bases republicanas y democráticas contenidas en la Constitución Nacional y que el Ejecutivo desea desconocer con gobiernos paralelos como el de Corpomiranda , el cual «maneja el mismo presupuesto del Gobierno Regional».

También hizo referencia a la creación del Estado Comunal, cuya reciente reforma de la Ley de Transferencias y Competencias obliga a las alcaldías a realizar un plan anual para las Comunas, organizaciones identificadas con el oficialismo, y que «atentan con la participación ciudadana al discriminar los grupos que no están con el proceso».

“El peligro que sufre la autonomía es una sombra que se intensifica cada vez más”, recalcó el alcalde, al tiempo que precisó que la Carta Magna “no habla de socialismo ni revolución, solo de democracia y descentralización”.

Además destacó las dificultades que viven los jefes locales al contar solo con el 8% de los ingresos que obtiene la nación. “Antes, en los años 90, las alcaldías recibían el 28% del presupuesto. Hoy en día lo que estamos padeciendo es una discriminación, pues mientras hay municipios como Libertador que en los últimos cuatro años han recibido 700 millones de bolívares para el manejo de los desechos sólidos, a los otros cuatro de la Gran Caracas se le ha otorgado cero bolívares”.

Otro punto que afecta en gran medida a las localidades, destacó Blyde , es el elevado índice inflacionario, el cual calificó de “gran tragedia”, en vista de que “cuando vamos a buscar una contratista para ejecutar alguna obra, nos percatamos que los ingresos que presupuestamos para el año no alcanzan”.

Economía sin rumbo

El jefe local lamentó que el Gobierno Nacional no haya logrado administrar adecuadamente las grandes sumas de dinero que han entrado al país en los últimos 15 años, producto de la venta de petróleo. “Lo han gastado a beneficio de ellos y no de la población. No ha habido inversión sino malversación”, subrayó.

Ante este panorama, dijo que es necesario rescatar la alternabilidad en el poder, punto fundamental para que los sistemas avancen y funcionen. Agregó que es necesario un cambio en la sociedad, el cual debe ir enfocado en el trabajo en equipo para resolver los problemas que aquejan a las comunidades. “De no ser así, seguiremos siendo un país de derrochadores”.

NOTA DE PRENSA

Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, fue notificado de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de la admisión de la solicitud de Antejuicio de Mérito interpuesta en su contra por Hugo “El Pollo” Carvajal, por supuesta difamación, trece días después de haberse tomado la decisión.

A través de un alguacil del Tribunal Supremo de Justicia, la Presidenta de este organismo, Gladys Gutiérrez, envió una comunicación al diputado Ismael García, donde se le informa la decisión en su contra, dictada por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena en el expediente N. AAI0-I-2014-000134 publicada el 6 de noviembre de 2014.

“Yo sólo he solicitado a la Fiscal General de la República que se investigue sí todas las denuncias contra este funcionario del gobierno nacional, tienen asidero jurídico y si son procedente, por lo tanto no se me puede abrir un juicio, sin antes haber investigado sí este señor apodado “El Pollo”, tiene relación o no en todos los hechos delictivos que se le señalan”, advirtió.

En este orden de ideas el abanderado aurinegro, recordó que desde el año 2010, ha presentado al Despacho de la Fiscal General de la República, diversas solicitudes de investigación contra Hugo Carvajal, por señalamientos de complicidad hechos por Walib Makled, por acusaciones formalizadas por Eladio Aponte Aponte y Luis Velásquez Albaray y hasta el momento no se han pronunciado ni ha recibido ninguna respuesta, ni siquiera ha sido llamado a declarar como denunciante.

Ratificó finalmente al gobierno nacional, y especialmente a Nicolás Maduro, que se mantendrá en Venezuela trabajando y luchando, dando respuesta a los más de cuatrocientos mil aragüeños que votaron por él como parlamentario a la Asamblea Nacional. “Aquí me tienen dispuesto a seguir dando la batalla por la verdad y les advierto que no me temblarán las piernas para encarar con fuerza y gallardía, cualquier acción vil contra mi persona, porque se les olvida que es mi deber como diputado la a Asamblea Nacional electo por el pueblo, investigar, hacer seguimiento y denunciar. No obstante, aberraciones como estas, son un motivo más para luchar con más fuerzas por un cambio definitivo en el país, porque este gobierno a sabiendas de su fracaso irreversible, está raspando la olla, no sólo con estas leyes aprobadas donde vuelven a meter un paquetazo económico a la gente con el aumento de impuestos, sino que ante la grave crisis política, económica, social y moral que vivimos, pretenden desviar la atención de la gente con estas argucias judiciales, para desestimar la escasez, el desabastecimiento, la inflación, la impunidad y la delincuencia, entre otros”, sentenció.

NOTA DE PRENSA

El diputado Eduardo Gómez Sigala, miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional alertó sobre la gravedad de la reforma planteada, esta semana, por el gobierno a  la actual Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

“El texto de la reforma a esta ley fue distribuido con premura por la comisión con la intención de discutirlo hoy miércoles, pero luego de convocada la reunión se suspendió”, informó el diputado.

Gómez Sigala recordó que esta ley ya fue reformada en 2012 y que los cambios ahora propuestos violan expresamente la Constitución “porque en la práctica da calificación de delincuentes a todos los actores políticos de oposición al tratarlos como enemigos (legislar para el enemigo), algo que en Derecho Penal se considera una aberración pues otorga al Estado la discrecionalidad de criminalizar opiniones, críticas y protestas”.

“Vivimos una dura crisis económica y social, hay desabastecimiento, los servicios básicos están colapsados, la inflación nos ha desbordado y la inseguridad mata a más personas que las guerras de otros países y frente a ello el Gobierno nacional pretende aprobar una ley para impedir entre otras cosas, mediante el terrorismo de Estado, que el pueblo salga a la calle a ejercer su legítimo derecho a la protesta”.

El parlamentario señaló que “el texto propuesto en esta nueva reforma continúa siendo impreciso  y da una excesiva apertura a la definición de `acto terrorista´ para que cualquier cosa pueda ser considerada como tal. Además deja al descubierto el verdadero objetivo del gobierno al especificar la inaplicabilidad de la excepción por delito político y establecer que ninguno de los delitos tipificados en ella podrán considerarse como delito político”.

“Los cambios previstos por el gobierno en esta ley están en concordancia con el alarmante aumento de nuevos privados de libertad que establece la Ley de Presupuesto para el año 2015. No son premisas aisladas, se trata de el recrudecimiento de la política de intimidación y persecución o cómo se explica que se estime que la población penal pase de 53 mil 999 en 2014 a 98 mil 685 en 2015”, dijo el diputado.

Gómez Sigala alertó que la nueva reforma que se denomina Ley contra Delincuencia Organizada y Terrorismo contiene una “Del ciberterrorismo” en la que se establecen penas de 1 a 5 años para quienes utilicen redes sociales y otros medios electrónicos.

“Esto explica que todo el paquete de medidas vendrá acompañado de mecanismos de represión cuyo instrumento será la modificación de esta ley”, puntualizó.

NOTA DE PRENSA

Servando Carbone, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), alertó sobre la pretensión del presidente Nicolás Maduro de crear milicias obreras y explicó que esta iniciativa representa una amenaza directa contra los sindicatos y la imposibilidad de interpelar al patrono en la administración pública nacional.

A su juicio, se esta propuesta busca crear grupos de choque, que no son más “que una brigada que va en contra de los trabajadores para restringir los derechos laborales”. Carbone calificó a las milicias obreras como “figuras antagónicas del movimiento sindical”.

Sobre esta materia recordó que el Pacto de San José, ratificado por el gobierno venezolano en el artículo 23 de la Constitución, “determina que los cuerpos militares y de seguridad del Estado se reservan la creación de organizaciones sindicales porque se supone que son organizaciones de respuesta inmediata y que atenta contra la autonomía, la libertad sindical y hasta de hacer huelgas”.

Sobre la creación de la nueva Intendencia Nacional de Protección de Salario contra la Especulación vía Habilitante, sostuvo que no se le puede atribuir al ciudadano la responsabilidad de velar para que tenga un salario adecuado. “Ahora se le está colocando a los trabajadores una responsabilidad adicional a su desempeño para que estén pendiente si los precios suben”, denunció.

Servando Carbone, presidente de Unete, hizo hincapié en establecer un aumento general de sueldos y salarios. Se preguntó “¿por qué solamente nos paga a nosotros los trabajadores públicos el ajuste del salario mínimo y no extiende esta medida al sector privado? ¿Qué aumento ha tenido el trabajador de un medio de comunicación privado o el empleado de otro tipo de empresa. Por eso queremos haya un aumento general de sueldos”, exigió.

Por último, explicó que no es a través de la creación de los Consejos Presidenciales de la Clase Obrera y del Pueblo que se puede promover  la recuperación de las empresas expropiadas y nacionalizadas, debido a que los trabajadores no tendrían una participación protagónica dentro de estas empresas, y por lo tanto seguirán al margen y excluidos.

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