Para el partido Un Nuevo Tiempo, los decretos ley aprobados a través de la Ley Habilitante lo que generan es más corrupción, una mayor centralización del poder, destruyendo al municipio y  la producción nacional.

El Secretario Nacional de Políticas Públicas de UNT,  Ysrrael Camero, en rueda de prensa, hizo un análisis de  las leyes aprobadas en el marco de la Ley Habilitante, que en sus primeras premisas  afirmó que: “el abuso del recursos de la Ley Habilitante ha sido usado por el gobierno para anular a la Asamblea Nacional”.

Explicó que la Ley Habilitante fue aprobada con el supuesto propósito de luchar contra la corrupción y defender la economía, pero toda la legislación derivada de esa ley ha contribuido con la recesión económica y ha generado más incentivos para la corrupción, además de aumentar el control del Estado sobre los ciudadanos, impidiéndole al mismo tiempo al pueblo controlar el poder.

Para  Ysrrael Camero,  las leyes que pretenden avanzar en la construcción del Estado Comunal centralizan, empobrecen  y corrompen, como ocurre con  la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de competencias, servicios y otras atribuciones y la Ley para establecer los lineamientos de financiamiento de las organizaciones de base popular.

“Ambas leyes centralizan la actividad social y política en el Ministerio de las Comunas, socavando el Poder Municipal, y avanzan en el inconstitucional, antirrepublicano y antidemocrático Estado Comunal.  La denominada Economía Comunal, presente en la segunda ley, empobrece al pueblo al no generar un desarrollo humano autónomo”. Denunció Camero que estas leyes no aclaran suficientemente los mecanismos de financiamiento, ni el control de gestión de los fondos, por lo que estimulan la corrupción.

Por otra parte, agregó que la Ley para la Juventud Productiva, crea un nuevo mecanismo de registro para encuadrar y controlar a los jóvenes, si generar verdaderas oportunidades de desarrollo y Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones, que el gobierno ha anunciado con bombas y platillos, y aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial.

“Estamos hablando de una legislación impuesta, no de leyes discutidas con la gente, sino de iniciativas aprobadas a espaldas de la sociedad”, para Camero ese es un problema de fondo. Calificó  de nefastas tanto a la acción de CENCOEX como a la aplicación de la Ley de Precios Justos, “han destruido empleo, han inhibido la producción, y potenciado la corrupción en manos de unos cuantos burócratas”.

Sentenció Camero que “se ha perdido una gran oportunidad con esta Ley Habilitante. Es un Presidente que, a pesar de estar habilitado es absolutamente incapaz, por razones dogmáticas, de tomar decisiones que saquen a Venezuela de la profunda crisis en que nos encontramos sumergidos”.

Finalmente agregó que se pudo haber avanzado en una mayor transparencia del gobierno, en crear reglas que evitaran el abuso de poder, “solo así se lucha efectivamente contra la corrupción”. Critica Camero que durante la vigencia de esta Ley Habilitante ni siquiera se pudo nombrar a un nuevo Contralor.

“Durante el año de vigencia de una Ley Habilitante que supuestamente pretendía luchar contra la corrupción y defender la economía. Sin embargo nuestro PIB se ha derrumbado en más de cuatro puntos, la inflación supera el sesenta por ciento, los controles sobre la economía han traído más escasez, las industrias que quedan están casi paradas por falta de divisas y por un entorno hostil para trabajar. Es Venezuela hoy menos productiva y más corrupta que hace un año. Es un desastre.”

NOTA DE PRENSA

El Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Diputado Edgar Zambrano solicitó este lunes beneficios procesales para los policías metropolitanos que se encuentran privados de su libertad por los sucesos acaecidos durante el mes de abril del año 2002.

Durante su solicitud de audiencia número 74 al Presidente de la República, Nicolás Maduro, para conversar sobre la situación de los prisioneros, exiliados y perseguidos por causas políticas, el parlamentario por el estado Lara, recordó la situación preocupante que viven los familiares de las personas en estas situaciones irregulares.

Zambrano hizo énfasis particularmente en los funcionarios de la Policía Metropolitana, “Nicolás, es altamente preocupante la situación que viven los familiares de los funcionarios de la Policía Metropolitana que permanecen tras las rejas producto de los hechos acaecidos en abril de 2002,  Erasmo Bolívar, Luís Molina Cerrada, Arube Pérez Salazar, Marco Hurtado y Héctor Rovain, ciudadanos que habitan con sus respectivas familia en las distintas zonas populares de la ciudad capital”.

El diputado remarcó que las familias de estos policías son de escasos recursos económicos, “quienes hacen milagros para atender su entorno y adicionalmente acudir a la cárcel de ramo verde a las visitas dispensadas a su familiar”.

Edgar Zambrano puntualizó que “en distintas oportunidades, sus abogados defensores han solicitado al tribunal de la causa medidas alternativas al cumplimiento de la pena, teniendo perfecto derecho a las mismas, sin infringir el imperio de la ley, todo lo contrario, son beneficios establecidos en la norma procesal penal”.

A juicio del también Vicepresidente de Acción Democrática, “no luce justo desde ningún punto de vista continuar negando estos beneficios, al desconocerlos se violan de manera sistemática sus derechos humanos, se desdibuja el deber ser de los operadores de justicia en su principio de autonomía e independencia”.

Agregó que al mantener la negativa a los beneficios a los que tienen derecho los policías metropolitanos, “se deja a un lado el respeto por el debido proceso, ocasionando un grave daño moral, no solamente a los funcionarios recluidos en prisión, de igual manera se afecta en grado superior el núcleo familiar, se crea un amplio margen de desconfianza en las instituciones del país, al observarse ser utilizadas para torcer la voluntad de la dama ciega”.

Reiteró su llamado al Presidente de la República, “en este sentido Nicolás, es oportuno recordar y entender en época decembrina, tiempo de paz, solidaridad y ayuda al necesitado, cuando se hace oportuna la toma de medidas que coadyuven a una mejor situación a estos venezolanos”.

Zambrano finalizo su misiva expresando que “el espíritu de la navidad, donde la reflexión necesaria motiva y ayuda a la toma de decisiones, se hace ineludible hacer de esta fiesta, el vehículo para llevar a la familia al reencuentro, sometidas en estos últimos tiempos a situaciones de tensión y sacrificio de los más elementales espacios para la vida en paz y armonía. Con toda seguridad Nicolás, el pueblo venezolano te acompañara en una decisión de plena justicia hacia estas familias, entendiendo que la justicia como instrumento en la resolución de conflictos entra por casa”.

NOTA DE PRENSA

El destacado jurista, socialista chileno y secretario de la Misión de la Internacional Socialista (IS), José Antonio Viera-Gallo, consideró que la acusación que se le sigue al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, carece de argumentos, por tanto su detención es arbitraria como lo ha determinado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas el pasado 8 de octubre, mediante un documento en el que se exige al Gobierno venezolano la inmediata liberación del dirigente político.

«Nosotros (IS) hemos hecho una declaración donde se da cuenta de nuestra misión y se dice con toda claridad que no hay ningún motivo jurídico para la acusación que se formula a Leopoldo López, porque señalar que en un discurso podría haber una incitación implícita a actos de violencia por una manifestación pública, a la cual se tiene derecho a hacerla por garantías constitucionales y del derecho internacional, es una aberración jurídica, entonces, creemos que la acusación carece de fundamento, por tanto la detención es arbitraria como dice Naciones Unidas. A eso se suma el hecho de que no pudimos verlo este fin de semana y algunos de sus familiares tampoco han podido verlo, como su esposa desde hace un tiempo, por motivos que no tienen explicación razonable», señaló Viera-Gallo a través de un boletín de prensa.

El ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile relató lo sucedido el segundo fin de semana de noviembre cuando las autoridades carcelarias impidieron el acceso al recinto bajo el pretexto de que López se encontraba afectado por una medida disciplinaria que le impedía recibir visitas. López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Salvatore Lucchese mostraron un letrero entre los barrotes de sus celdas. «Fue una sorpresa para muchos, especialmente para mí, que no pudiéramos ver a Leopoldo López que era el motivo de nuestra misión de la Internacional Socialista, cualquier detenido o condenado tiene derecho a ser visitado. En la argumentación que se dio como un pretexto era que había una sanción, no se nos explicó muy bien el motivo y a pesar de que hicimos ver nuestro derecho no se nos permitió y cuando él y algunos otros presos empezaron a comunicarse a gritos con sus familiares por las ventanas de las celdas , entonces, colocaron la sirena alta y un ruido para impedir la comunicación, fue una situación bastante desagradable y chocante».

Viera-Gallo afirma que esta situación solo se evidencia en periodos de dictadura. «Situaciones como estas existen y a veces muchísimo peor. Pero, en periodos de normalidad institucional no debieran darse. Yo incluso en una misión en el Perú me tocó visitar a una presa chilena que estaba involucrada incluso en actos violentos y nunca pusieron problemas, hice la visita en la cárcel de alta seguridad y tuvimos una conversación de media hora. Yo creo que lo más normal del mundo es que uno pueda visitar a los presos».

Aseguró tras su visita a la cárcel militar de Ramo Verde que sí existe una violación flagrante de los Derechos Humanos de los presos políticos en Venezuela. «Hay que distinguir siempre una dictadura de situaciones de normalidad constitucional, aún cuando puedan tener esas desviaciones autoritarias. En la dictadura no hay derecho alguno y uno queda a merced total del poder. Lo que nosotros pudimos comprobar ayer es la violación de los derechos humanos de un líder político dentro de un país que conserva su Constitución, con un gobierno electo y por tanto con características muy distintas a una dictadura, si es cierto que el caso de Leopoldo López, de los 2 alcaldes y de otros muchachos y estudiantes hay una detención arbitraria como lo ha dicho claramente las Naciones Unidas».

En relación al falló que emitió la juez 18 de Juicio, Susana Barreiros, quien decidió el pasado jueves 13 de noviembre violar la resolución de la ONU, Viera-Gallo dijo que «hay que señalar que la recomendación del Grupo de las Naciones Unidas tiene un enorme peso moral y político. Lo razonable hubiese sido que la magistrada hubiera revisado la situación a la luz de lo que está señalando las Naciones Unidas. Ella más que justificar porque tomó esa decisión, se limita a señalar que la recomendación del Grupo de Detenciones Arbitrarias no es obligatoria. Lo importante sería si hubiera argumentado porque esa recomendación ella la rechaza. Ahora, va a haber una apelación, esperemos que la Corte de Apelaciones pueda tomar una decisión diferente».

Para finalizar, el secretario de la misión de la IS, consideró que «Leopoldo López expresa un sentimiento muy fuerte en favor del cambio en Venezuela. Yo creo que él ha demostrado ser muy coherente, con mucha valentía, claridad en sus pensamientos y como cualquier otro líder político tiene que ser respetado en el ejercicio de sus derechos».

EL UNIVERSAL