Después de más de 20 años esperando en un albergue que el gobierno cubano le asignara una vivienda, Teresa Hermán, de 74 años, se llevó “una gran decepción” cuando se trasladó a su nuevo hogar: “Estaba sin acabar, el piso (suelo) sin tirar, la cocina y el baño sin azulejos”.
Teresa, su hija, nieta y bisnieta son una de las 1,100 familias que han obtenido una vivienda desde que se puso en marcha en el 2013 un programa para la construcción de 13 asentamientos en La Habana para personas sin recursos que necesitan un hogar en la capital y que son más de132,600, según datos oficiales.
Muchas de estas personas han vivido durante 10 o incluso 20 años en albergues o “comunidades de tránsito”, a la espera de que el Estado les entregue una vivienda.
A principios de este año, la familia de Teresa se trasladó a la urbanización del distrito habanero de Marianao, el único de esos 13 asentamientos totalmente terminado y enteramente asignado a familias de escasos recursos, aunque vio con tristeza cómo el ansiado hogar que llevaba dos décadas esperando no cumplía con sus modestas expectativas.
Tanto Teresa como sus vecinos se quejaron de las “malas condiciones” de las casas, entregadas sin pintar, sin puertas, con baños y cocinas sin alicatar, suelo de mortero (cemento), sin línea telefónica y con las tuberías defectuosas, problemas que algunos han solventado poco a poco asumiendo los gastos de las mejoras.
Las casas se han levantado bajo el concepto de viviendas económicas, por las que el Estado garantiza las “condiciones mínimas de funcionalidad y habitabilidad”, explicó al diario oficial “Granma” uno de los responsables de este plan del ministerio de Construcción.
“Desde que llegué aquí, he tenido que hacer una serie de arreglos e inversiones, cuando en realidad no tengo ni donde caerme muerta”, lamenta Teresa.
Esa queja es generalizada en la urbanización de Marianao, y la mayoría de los vecinos no se pueden permitir ni siquiera los gastos necesarios para acondicionar mínimamente su nuevo hogar.
“Yo todo lo que he podido hacer es pasarle una manita de pintura a las paredes, que eran todo cemento”, cuenta Daylenis Serrano, mujer jubilada que vive con su marido y su padre enfermo, después de haber pasado 23 años en un albergue.
Daylenis confiesa que la alegría de tener por fin un hogar quedó empañada a los tres días de la mudanza, cuando se le atascó todo el sistema de tuberías y desagües de la casa, que quedó inundada de aguas residuales.
Esta mujer, que padece asma y ha sufrido dos infartos cerebrales, afirma que esas condiciones de insalubridad han agravado su salud: “Desde que vivo aquí no he salido del hospital. Cogí una infección de garganta y un hongo en el oído producto del polvo que se levanta por el suelo de cemento”, explica.
Otro motivo de malestar entre los vecinos es el régimen de ocupación de la vivienda, ya que según dicen el Estado les prometió una vivienda en propiedad y, sin embargo, se las han asignado en concepto de “arrendamiento permanente”.
“Eso quiere decir que la casa nunca será mía y la voy a tener que pagar hasta que me muera”, lamenta Alexis Cruz, un hombre de 70 años que vive con su madre, de 91 años y con una discapacidad física.
Según el testimonio de los vecinos, el precio del alquiler mensual por una casa de dos habitaciones es de 43 pesos cubanos ($1.8), y de 55 ($2.2) en el caso de una de tres dormitorios.
Algunas de estas familias viven de exiguas pensiones que rondan los 200 o 300 pesos cubanos (entre $8 y $12), por lo que el pago de estos costes implica un esfuerzo titánico para cubrir sus necesidades.
A pesar de las dificultades, la mayoría de los vecinos están satisfechos de tener por fin un hogar, después de las “pésimas condiciones” en las que han vivido durante años en las llamadas “comunidades de tránsito”, más conocidas como albergues.
Además de las 1,100 viviendas sociales ya entregadas en La Habana entre el 2013 y el 2014, el mnisterio de la Construcción tiene previsto edificar otras 1,480 casas para el 2015.
En la concesión de las viviendas se da prioridad a aquellas personas que llevan residiendo en las “comunidades de tránsito” más de 20 años, a quienes habitan inmuebles en estado crítico o tienen alguna discapacidad.
El objetivo es que para el 2016 no queden en los albergues de tránsito familias con más de 10 años de permanencia.
La vivienda es uno de los principales problemas sociales de Cuba, donde el fondo habitacional asciende a más de tres millones de inmuebles, de los que casi un 40% está en mal estado, mientras el déficit general se calcula en unas 600,000 casas.
Para paliar la situación, en el 2010 el gobierno abrió la concesión de licencias de construcción y liberó la venta de materiales, además de impulsar un plan de créditos y subsidios para reparar edificios el año pasado.
En noviembre del 2011, se dio luz verde a la compraventa de viviendas entre particulares, una posibilidad prohibida durante décadas y que ha sido una de las medidas más populares del plan de reformas emprendido por el mandatario, Raúl Castro, para “actualizar” el modelo económico socialista de la isla.
Escrito por: Sara Gomez Armas
Fuente: EFE
