El regidor y su esposa han sido arrestados en la Ciudad de México, según fuentes oficiales

La historia de una ambición ha llegado a su fin. Tras dejar en evidencia durante casi 40 días a las fuerzas de seguridad mexicanas,el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados los autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio, fueron capturados en una oscura madriguera del Distrito Federal. En su detención, meticulosamente diseñada por la cúpula policial, no hubo tiros ni gritos. La pareja que durante dos años impuso un reino del terror en Iguala, el matrimonio cuya sed de poder desembocó en una vorágine de violencia sin apenas parangón en México, fue apresada de madrugada mientras dormían mansamente en una paupérrima casa de cristales rotos en el número 27 de la avenida de Jalisco, en el popular distrito de Iztapalapa. En su escondite, sólo disponían de una cama y una mesa. Por su captura, se ofrecían 120.000 dólares de recompensa.

Su caída arroja una primera luz en el largo y terrorífico túnel en que se ha convertido el caso Iguala. De sus declaraciones, los investigadores esperan obtener pistas que permitan dar con el paradero de los estudiantes. Un objetivo que se ha convertido en un clamor nacional y que, cada día que pasa sin resultados, ahonda la crisis política abierta por la desaparición de los normalistas el pasado 26 de septiembre. Las autoridades, con la detención, se quitan además la espina de incompetencia que tenían clavada desde que, a los tres días de los hechos, la pareja, responsable directa de la feroz represión policial que acabó con la vida de seis personas y el secuestro de 43, se dio a la fuga tras pedir tranquilamente una baja municipal. La imagen del alcalde declarando que, en la noche en que Iguala fue presa de la barbarie, él no se había enterado de nada porque había estado de baile y cena con su esposa, se había vuelto un símbolo de la impunidad que corroe México.
‘“Yo sé leer”: vida y muerte en Guerrero’, por JUAN VILLORO

 
En poder de los Abarca se ocultan muchas claves de este enigmático caso. La principal es su vinculación con el narco. Las declaraciones del detenido líder del cartel de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, sitúan a ambos en la cúpula local de la organización. La pareja, apoyada por este poder oscuro, había protagonizado un fulgurante ascenso social. En pocos años pasaron de vender sandalias y sombreros de paja a dirigir un pequeño imperio inmobiliario en Iguala. Desde esta atalaya dieron el salto a la política. Apoyado por el factótum local del PRD, Abarca se hizo en 2012, sin experiencia política alguna, con la alcaldía de la tercera ciudad del Estado de Guerrero, el más violento y pobre de México.

Como regidor, puso el control de la Policía Municipal en manos del cartel de Guerreros Unidos, que directamente elegía a los agentes. Durante su mandato, las tropelías y abusos se dispararon. Hombre de carácter despótico, Abarca fue acusado de eliminar personalmente a sus rivales políticos. Así ocurrió con el ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder de Unidad Popular, un movimiento de defensa de los derechos de los campesinos. Hernández Cardona, tras una agria disputa con el alcalde, fue torturado y asesinado junto a otros dos dirigentes de su organización. Un superviviente declaró que fue el propio Abarca quien le mató de dos tiros. Uno en la cara y otro en el pecho. La acusación cayó en el cajón del olvido.

En este entramado, la esposa ocupaba un papel central. Hija de una operaria del capo Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de Jefes, y hermana de los dos narcos que crearon el embrión de Guerreros Unidos antes de morir asesinados por una supuesta traición, Pineda Villa manejaba los hilos financieros del cartel en Iguala. Dominante y de trato duro, su ambición había crecido en los últimos tiempos y ya tenía planeado presentarse a la alcaldía en las elecciones de 2015. Para ello había lograda ser nombrada consejera estatal del PRD (izquierda) y ocupado la dirección de un organismo municipal de asistencia social. El día de las desapariciones había organizado en el zócalo de Iguala el acto que debía servirle de pistoletazo de salida en su carrera electoral.

Fue entonces cuando los normalistas, procedentes de su escuela en Ayotzinapa, llegaron a la ciudad. Su entrada fue avistada por los halcones del narco. La policía alertó al alcalde y su esposa. Estos, temerosos de que fuesen a reventar el acto, exigieron impedirlo a toda costa. La orden dio paso a la barbarie. Los estudiantes fueron tratados como sicarios rivales. Apoyados por agentes de la vecina localidad de Cocula, también controlada por el narco, la policía municipal desató una feroz persecución. A tiros mataron a dos estudiantes, a un tercero lo desollaron vivo y le arrancaron los ojos.

A otras tres personas las asesinaron, tras disparar 400 balazos, al confundirlas con normalistas. Decenas de estudiantes fueron conducidos a la comandancia policial, y en un plan diseñado para borrar las huellas, fueron entregadas a los agentes de Cocula que, a su vez, los pusieron en manos de los liquidadores del narco. El propio jefe de los sicarios informó a líder de Guerreros Unidos de la captura. En sus mensajes, identificó a los jóvenes como integrantes del cartel rival de Los Rojos. Casarrubias dio orden de “defender el territorio”.

Los estudiantes, en una noche sin apenas luna, fueron llevados en camionetas de ganado a los cerros. En este punto se pierde su pista. Los indicios apuntan a que fueron exterminados. Pero las identificaciones de los cuerpos hallados en las fosas no han permitido corroborar esta hipótesis. La detención de los Abarca puede arrojar luz sobre las tinieblas.
El regidor y su esposa han sido arrestados en la Ciudad de México, según fuentes oficiales

La historia de una ambición ha llegado a su fin. Tras dejar en evidencia durante casi 40 días a las fuerzas de seguridad mexicanas,el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados los autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio, fueron capturados en una oscura madriguera del Distrito Federal. En su detención, meticulosamente diseñada por la cúpula policial, no hubo tiros ni gritos. La pareja que durante dos años impuso un reino del terror en Iguala, el matrimonio cuya sed de poder desembocó en una vorágine de violencia sin apenas parangón en México, fue apresada de madrugada mientras dormían mansamente en una paupérrima casa de cristales rotos en el número 27 de la avenida de Jalisco, en el popular distrito de Iztapalapa. En su escondite, sólo disponían de una cama y una mesa. Por su captura, se ofrecían 120.000 dólares de recompensa.

Su caída arroja una primera luz en el largo y terrorífico túnel en que se ha convertido el caso Iguala. De sus declaraciones, los investigadores esperan obtener pistas que permitan dar con el paradero de los estudiantes. Un objetivo que se ha convertido en un clamor nacional y que, cada día que pasa sin resultados, ahonda la crisis política abierta por la desaparición de los normalistas el pasado 26 de septiembre. Las autoridades, con la detención, se quitan además la espina de incompetencia que tenían clavada desde que, a los tres días de los hechos, la pareja, responsable directa de la feroz represión policial que acabó con la vida de seis personas y el secuestro de 43, se dio a la fuga tras pedir tranquilamente una baja municipal. La imagen del alcalde declarando que, en la noche en que Iguala fue presa de la barbarie, él no se había enterado de nada porque había estado de baile y cena con su esposa, se había vuelto un símbolo de la impunidad que corroe México.
En poder de los Abarca se ocultan muchas claves de este enigmático caso. La principal es su vinculación con el narco. Las declaraciones del detenido líder del cartel de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, sitúan a ambos en la cúpula local de la organización. La pareja, apoyada por este poder oscuro, había protagonizado un fulgurante ascenso social. En pocos años pasaron de vender sandalias y sombreros de paja a dirigir un pequeño imperio inmobiliario en Iguala. Desde esta atalaya dieron el salto a la política.

Apoyado por el factótum local del PRD, Abarca se hizo en 2012, sin experiencia política alguna, con la alcaldía de la tercera ciudad del Estado de Guerrero, el más violento y pobre de México. Como regidor, puso el control de la Policía Municipal en manos del cartel de Guerreros Unidos, que directamente elegía a los agentes. Durante su mandato, las tropelías y abusos se dispararon. Hombre de carácter despótico, Abarca fue acusado de eliminar personalmente a sus rivales políticos. Así ocurrió con el ingeniero Arturo Hernández Cardona, líder de Unidad Popular, un movimiento de defensa de los derechos de los campesinos. Hernández Cardona, tras una agria disputa con el alcalde, fue torturado y asesinado junto a otros dos dirigentes de su organización. Un superviviente declaró que fue el propio Abarca quien le mató de dos tiros. Uno en la cara y otro en el pecho. La acusación cayó en el cajón del olvido.

 
En este entramado, la esposa ocupaba un papel central. Hija de una operaria del capo Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de Jefes, y hermana de los dos narcos que crearon el embrión de Guerreros Unidos antes de morir asesinados por una supuesta traición, Pineda Villa manejaba los hilos financieros del cartel en Iguala. Dominante y de trato duro, su ambición había crecido en los últimos tiempos y ya tenía planeado presentarse a la alcaldía en las elecciones de 2015. Para ello había lograda ser nombrada consejera estatal del PRD (izquierda) y ocupado la dirección de un organismo municipal de asistencia social. El día de las desapariciones había organizado en el zócalo de Iguala el acto que debía servirle de pistoletazo de salida en su carrera electoral. Fue entonces cuando los normalistas, procedentes de su escuela en Ayotzinapa, llegaron a la ciudad. Su entrada fue avistada por los halcones del narco. La policía alertó al alcalde y su esposa. Estos, temerosos de que fuesen a reventar el acto, exigieron impedirlo a toda costa. La orden dio paso a la barbarie.

Los estudiantes fueron tratados como sicarios rivales. Apoyados por agentes de la vecina localidad de Cocula, también controlada por el narco, la policía municipal desató una feroz persecución. A tiros mataron a dos estudiantes, a un tercero lo desollaron vivo y le arrancaron los ojos. A otras tres personas las asesinaron, tras disparar 400 balazos, al confundirlas con normalistas. Decenas de estudiantes fueron conducidos a la comandancia policial, y en un plan diseñado para borrar las huellas, fueron entregadas a los agentes de Cocula que, a su vez, los pusieron en manos de los liquidadores del narco. El propio jefe de los sicarios informó a líder de Guerreros Unidos de la captura. En sus mensajes, identificó a los jóvenes como integrantes del cartel rival de Los Rojos. Casarrubias dio orden de “defender el territorio”.

Los estudiantes, en una noche sin apenas luna, fueron llevados en camionetas de ganado a los cerros. En este punto se pierde su pista. Los indicios apuntan a que fueron exterminados. Pero las identificaciones de los cuerpos hallados en las fosas no han permitido corroborar esta hipótesis. La detención de los Abarca puede arrojar luz sobre las tinieblas.

Fuente: El País

El acalde de Iguala y su esposa alquilaron una modesta casa con siete animales en el DF

Detenido el alcalde de Iguala por la desaparición de los 43 estudiantes

La barriada de Santa María Aztahuacán es una zona de casas humildes, unifamiliares, con los suelos de cemento, techos de lámina y las paredes de hormigón. Situado en la popular delegación de Iztapalapa, uno de los sectores más inseguros de la Ciudad de México, el lugar es escenario a diario de asaltos y agresiones. “Cuando el Gobierno promovió el programa de desarme ciudadano, los vecinos se volvieron más vulnerables y la delincuencia aumentó, porque los criminales no son los que entregan sus pistolas”, describe un miembro del comité vecinal que, por miedo, prefiere no decir su nombre.

A una hora de distancia en coche del centro de la capital, el número 27 de la avenida Jalisco amaneció este martes sitiado por reporteros y cámaras de televisión tras la detención de la pareja Abarca en una casa de las inmediaciones en plena madrugada. Lejos de sus diecisiete propiedades en Iguala, el rancho, o el glamour de las joyerías y la plaza comercial a su nombre, el exalcalde y su esposa eligieron un escondite modesto, con tan solo una cama y una mesa. Según ha trascendido de las investigaciones, las autoridades catearon un total de tres casas por la zona que fueron usadas por los fugitivos, pero hasta el momento no han precisado en cuál de ellas tuvo lugar la detención.

Una cortina de papel, la ventana de la primera planta abierta, siete perros encerrados en el bajo de la vivienda con comida, una escoba casi nueva junto a la puerta y cuatro pantalones vaqueros (de mezclilla) colgados de una cuerda amarrada a la barandilla del piso superior, eran los únicos signos de vida en una casa en apariencia destartalada, con los vidrios de las salas que dan al patio quebrados. Una cesta con correspondencia y publicidad impresa yace volcada en el patio, junto a dos figuras de goma. No hay rastro de la policía, ni de ningún operativo previo, aunque la puerta principal está forzada. Sobre la avenida, pequeñas tiendas de comestibles, un par de restaurantes muy modestos y varios talleres de coches y motos.

Un hombre de unos cincuenta años, con gorra, mira atónito la escena. “Esa casa era de mis abuelos, que yo sepa nadie vivía aquí. Paso a diario con mi mototaxi (el medio de transporte de pago en el barrio, una motocicleta enganchada a un banco con ruedas cubierto por una lona) y nunca vi a nadie ahí. Pero tampoco estaban esas cortinas”, señala perplejo.

“Ahí vivía una señora mayor y al morir ella, su hija se quedó un tiempo con la casa, pero después la vendió a los vecinos ricos”, cuenta una mujer que reside en un callejón aledaño y corrobora la identidad del nieto. “Nadie se lleva con ellos, porque no se relacionan con el resto, que somos pobres”, añade mirando otro inmueble de la misma calle con un gran portón de madera que esconde una vivienda de amplias dimensiones, muy distinta del resto de las casas. Las buganvillas moradas y varios árboles se adivinan detrás de un alto muro de piedra que protege el jardín anterior. Durante la mañana, una mujer que niega toda relación con los propietarios entra en el lugar con una bolsa de comida. Un hombre de mediana edad abre la puerta y cierra violento. No quieren hablar. Según los vecinos, son los dueños de una fábrica de muebles.

Bajo de la casa en Iztapalapa.

El lugar es un hervidero de rumores, pero cada versión difiere de la anterior. El tendero del establecimiento más próximo cuenta que de la casa salía a veces una mujer de unos treinta años, “de tez blanca y gordita”, pero no sabe más detalles, ni siquiera habló nunca con ella.

Algunas versiones publicadas en la prensa mexicana señalan que dos vecinos avisaron a las autoridades del paradero de la familia Abarca después de haber visto al exedil cerca de Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México colindante con Iztapalapa. “Tendrían que salir, sino, ¿cómo comían?”, se pregunta un hombre. Pero pasear por la zona podría haber sido un ejercicio demasiado arriesgado. A menos de doscientos metros se ubica la gran avenida Ermita Iztapalapa, con el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Cuauhtémoc, una escuela del Instituto Politécnico Nacional que lleva varias semanas en paro por las reclamaciones estudiantiles. Un enorme arco señala la entrada a la zona rural de Santa María Aztahuacán, que separa el barrio del resto de la urbe.

“Pueblo con encanto y tradición”, reza el lema inscrito. “Yo no vi nada”, “ayer no había policía”, “no teníamos ni idea hasta que llegó la prensa”, repiten los hombres y mujeres agolpados en torno a la casa. “Nos extraña mucho todo este alboroto”, comenta la dueña de la casa contigua al número 27. En el poblado y frente a las cámaras, ningún vecino supo nunca del paradero de los dos fugitivos más buscados de México.

Fuente: El País

PAULA CHOUZA 

SAÚL RUIZ