Este martes, en sesión ordinaria la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Comercio Electrónico.

“Este proyecto de Ley no persigue restringir este tipo de comercio, sino evitar que el pueblo venezolano sea víctima de estafa y especulación”, explicó el presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, Claudio Farías.

Destacó la necesidad de incorporar la recaudación de impuestos a este tipo de comercio y la aplicación de facturas electrónicas a las transacciones de bienes y servicios.

“Este mercado, que está creciendo a nivel internacional, debe usarse de manera consciente y sobre todo garantizando la seguridad de la compra”, puntualizó el diputado Farías.

Facturación electrónica
Enfatizó que el texto contiene elementos importantes como la facturación electrónica.

Sobre las sanciones, explicó que son mil unidades tributarias por incumplimiento de la ley y dos mil si es reiterativo.

El parlamentario indicó que mensualmente se factura por esa vía 35 millones de bolívares fuertes que, en su mayoría no pagan impuestos. Agregó que debe haber una responsabilidad no solo por parte de quien oferta el producto, sino de la página que lo publica.

Por medio de este proyecto de ley se exhortará a los comerciantes a registrarse en el Rundae para llevar un control.

Con respecto a las denuncias por fraude en el comercio electrónico, informó que solo en agosto recibieron 200.

Por otro lado, se llevó a cabo la primera discusión del proyecto de Ley de Calidad de las Aguas y los Aires, que ha venido desarrollando la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional.

De igual manera, se considerará aprobar seis créditos adicionales para distintos organismos de la administración pública.

Fuente: Globovisión

Como pírrico calificó el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, el aumento de 15% al salario mínimo, anunciado por el gobierno central este lunes. “Los enchufados son los únicos que creen que 15% de aumento es suficiente para nuestro pueblo».
A su juicio, «los venezolanos necesitamos que el salario se fortalezca, no que simplemente se compense con la alta inflación que tenemos”. Consideró que el 45% de incremento que se le dio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), debió aplicarse a todos los trabajadores. “Nosotros celebramos cualquier incremento a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, pero estos trabajadores no son más que los docentes, que los médicos o que cualquier otro trabajador venezolano».

Capriles, realizó una asamblea popular con vecinos del sector El Gueime de Guarenas, municipio Plaza, desde ahí afirmó que la inflación, la cual oscila sobre 70%, deja sin efecto cualquier aumento salarial, por lo que aseguró que tal situación se resuelve incentivando la producción nacional. “El peor impuesto que se le puede aplicar a una persona es la inflación. La inflación que llevamos este año se come cualquier incremento del sueldo. La inflación hay que derrotarla y ¿cómo se resuelve?, produciendo, más y mejor»

Sostuvo, que el Gobierno central no ha enviado los recursos a todos los estados y municipios para cancelar el incremento decretado el pasado mes de mayo. “No basta con un nuevo aumento pírrico, sino que estos enchufados ni siquiera son responsables para transferir los recursos a las gobernaciones y alcaldías para tener al día los compromisos con los trabajadores».

NOTA DE PRENSA

Súmate solicitó este martes 04 de noviembre por octava ocasión a la Sala Político – Administrativa del  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidir sobre el Recurso de Nulidad por Inconstitucionalidad contra la Lista Final de los Candidatos Seleccionados por el Comité de Postulaciones Electorales (CPE) del año 2009 para ser nombrados Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la cual la Asamblea Nacional (AN) de ese año escogió y juramentó a las ciudadanas Socorro Hernández y Tania D’Amelio, en representación de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales y del Poder Ciudadano, respectivamente; aún cuando eran militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para el momento del período de postulación de aspirantes a estos altos cargos, tal como lo demuestran las cartas de renuncia a su militancia en el PSUV.

Los voceros de esta ONG, Maikelyn Vieira y Francisco Castro, afirmaron luego de consignar esta octava diligencia que el hecho de que el TSJ no se haya pronunciado en cinco años ha permitido que las Rectoras Socorro Hernández y Tania D’Amelio estén ejerciendo una autoridad en fraude a las normas constitucionales, por ser personas inelegibles en su origen, por violación del artículo 296 de la CRBV, y una competencia viciada por su ilegitimidad de desempeño, la cual ha quedado demostrada en algunas de sus actuaciones al permitir la comisión de irregularidades por parte del Presidente de la República, otros altos funcionarios del Gobierno Nacional y de su partido PSUV.

Vieira dijo que el hecho de que hayan transcurrido 5 años de haber solicitado justicia oportuna al TSJ, ya que este Recurso fue introducido en noviembre de 2009, y 3 años y 8 meses sin decisión, ya que esta demanda se encuentra en fase de sentencia desde el 09 de febrero de 2011; es contrario a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución que establece: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

Agregó que la falta de respuesta por parte del máximo tribunal de la República también transgrede lo dispuesto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil que establece que el lapso para una sentencia debe ser de «Sesenta días continuos» a partir del momento que el tribunal dice «vistos», que por lo general es después que se presentan los informes, es decir, las conclusiones sobre el proceso; el cual aplica de forma análoga a este juicio. Explicó que esto ha sido reiterado por la jurisprudencia del TSJ, basada en la Sentencia Nº 367 de la Sala de Casación Civil, Expediente Nº 99-1039 de fecha 15/11/2000, sobre el asunto de Lapsos Procesales.

Por último, Francisco Castro dijo que como esta octava petición coincide con el actual proceso de postulación de candidaturas a sustituir ahora a los 3 Rectores del CNE por la Sociedad Civil en el Poder Electoral Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz como a sus seis suplentes, cuyo período de 7 años está vencido desde el pasado 28 de abril de 2013; la organización ciudadana a la cual representa exhorta a los 21 miembros del nuevo Comité de Postulaciones Electorales y a los 164 diputados de la AN a impedir que vuelva a ocurrir esta violación flagrante a una de las condiciones de elegibilidad para quienes aspiran a la alta dirección del organismo electoral como es: “…no tener vinculación con organizaciones políticas”, estipulada en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y 9, numeral 4, de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

NOTA DE PRENSA