El director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, denunció en Washington el deterioro de los derechos humanos, la militarización del gobierno venezolano y la exclusión política de su país, mientras solicitó la atención de la comunidad internacional que señaló hasta ahora «tímida».
«Es particularmente preocupante el progresivo proceso de restricciones de garantías democráticas de los últimos años, muy asociada a un proceso también de militarización», dijo Alvarado.
Alvarado analizó junto con Carlos Correa, de Espacio Público, y Liliana Ortega, de COFAVIC, la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la sede de Human Rights Watch (HRW), antes de participar en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebran esta semana en Washington reseñó Efe.
A esta situación, advirtió, se ha sumado la de la exclusión política y social, con un aumento de la pobreza, a lo que si se agrega la impunidad, otro de los factores que más preocupa a los activistas, «tenemos un cuadro general de situación de derechos humanos y deterioro importante, y de riesgo», advirtió.
Liliana Ortega consideró que la respuesta de América Latina ha sido «tímida» frente a la situación de Derechos Humanos en Venezuela, que el año pasado decidió salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y dejó de reconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Ortega recordó que instrumentos como las medidas cautelares «salvaron vidas» en el pasado, sobre todo durante las dictaduras del Cono Sur, y aseguró que mandatarios como la brasileña Dilma Rousseff tienen una «responsabilidad histórica» por haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos.
Venezuela vivió una oleada de protestas antigubernamentales entre febrero y mayo, que en ocasiones acabaron en enfrentamientos violentos y dejaron un balance de más de 42 muertos, cerca de 800 heridos y cientos de detenidos, incluido el líder de la oposición Leopoldo López, calificada de «arbitraria» por HRW.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, consideró «decepcionante» la actitud de los Gobiernos de Latinoamérica y consideró que el silencio de los países de la región ha «deteriorado» el compromiso con valores fundamentales de cualquier sistema democrático, como la libertad de expresión, la independencia judicial y una sociedad libre.
Los activistas pidieron a organismos internacionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que medió entre el Gobierno y los manifestantes, que estén atentos a lo que sucede en el país y cumplan con sus compromisos.
«El Gobierno de Brasil, de Colombia y otros tienen que empeñar su mejor esfuerzo porque en Venezuela es necesario el apoyo de la comunidad internacional en el compromiso de todos los temas vinculados a la institucionalización democrática y el desarrollo de los derechos humanos», dijo por su parte Correa, quien consideró que en este aspecto la región tiene una «deuda» con su país.
Los activistas recordaron que ahora Venezuela tiene un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que fue respaldada por los países de Latinoamérica y el Caribe, sin oposición.
«No puede ser que el Gobierno venezolano haga una declaración desconociendo sus obligaciones en el sistema de Naciones Unidas y otras naciones no digan nada», dijo Correa, porque «eso lo que hace es debilitar la protección en la región».
Los activistas denunciaron además el deterioro de la «libertad de expresión» que, según Correa, en 2014 vivieron el peor año de las últimas dos décadas con cierre de canales, censura y restricción de acceso al papel para la prensa, que hacen que el espacio para el debate en Venezuela sea «muy limitado».
Fuente: EU
