El presidente editor de El Nacional expresó que en Venezuela se hace patente la censura a medios digitales. Afirmó que hay cerca de 2.000 portales bloqueados en el país
El presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, presentó en la 70° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el informe acerca del deterioro de la democracia en Venezuela. Afirmó que tiene efectos destructores que van en desmedro de la prensa y la libertad de expresión.
Informó que el vicepresidente regional de la sociedad para venezuela es Carlos Carmona, presidente de El Impulso, de Barquisimeto, quien redactó el informe con todos los datos sobre el país y no pudo asistir a la reunión en Santiago de Chile por «diferentes problemas con el periódico El Impulso y los pasajes». «Es muy complicado lo de Venezuela», agregó.
Otero calificó como un «gran gesto único de solidaridad del que tenga conocimiento en el continente» el préstamo de papel prensa por parte de medios impresos de otros países. Agradeció a Andiarios, que agrupa a los diarios de colombia; a El Universal, de México; La Nación, de Costa Rica; El Tiempo, de Bogotá; Un Nuevo Dia, de Puerto Rico; El Comercio, de Perú; El Mercurio, de Chile; La Nación, de Buenos Aires; El País, de Uruguay; O Globo, de Brsil y Trinidad Express, de Trinidad y Tobago, porque «han hecho posible que podamos producir el periódico en Venezuela». «Seguimos generando maneras creativas de solventar el problema», aseguró.
Reordó que desde que comenzaron las protestas estudiantiles en el país, en febrero, ha habido decomiso de equipos de trabajo de periodistas y reporteros gráficos, a quienes les han incluso borrado memorias fotográficas.
Dijo que hay ataques en curso contra medios digitales de información, y expresó que hay 2.000 portales web permanentemente bloqueados, el más reciente, y de forma definitiva, el de Infobae, de Argentina. Agregó que también se limitan las cuentas de Twitter que incluyen mensajes en contra del gobierno, pues ese hecho es considerado un ataque.
Aseguró además que hay un auge de la autocensura, y se refirió al caso de la compra del diario El Universal, sobre el que dijo que se comienza a notar el soslayo de informaciones. También se refirió a medidas como prohibiciones de salida del país y procesos judiciales con expedientes abiertos mediante una nueva modalidad de denunciantes, los denominados patriotas cooperantes, con jueces provisorios en todos los casos, un grave problema, dijo, para amenazar a la prensa imparcial y sus dueños.
Otero se expresó también sobre la escasez de papel periódico e insumos esenciales para prensa escrita, que, dijo, determina el cierre paulatino de medios independientes o la reducción de páginas a mínimos históricos. «El gobierno limita la provisión, lo que tiene como consecuencia el cierre de líneas de crédito. La discrecionalidad sobresale como norma, por lo que hay una violación de derechos», asehuró.
En referencia a la Corporación Alfredo Maneiro, dependencia de la Presidencia de la República encargada de la importación del papel, manifestó que tiene como función la reventa posterior de cantidades a discreción, previo requerimientos de medios impresos, algo que también representa una limitación.
En referencia al tema, Otero citó a Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quien ha afirmado que la centralización de importaciones de papel periódico constituye una manera de institucionalizar el control del Estado sobre la prensa.
Lea el documento completo:
Venezuela
Informe 80º Asamblea General de la SIP del 14 al 18 de Octubre 2014.
Santiago de Chile, Chile
Venezuela: un Pais de Contrastes.
En el Informe presentado en la Reunión de Medio Año en Barbados, se abordó el deterioro institucional democrático que se observa en Venezuela, y sus efectos destructores en desmedro de la prensa y la libertad de información. Es nuestro deber advertir que esta situación, lejos de mejorar, se ha agravado. La violencia de Estado y la disolución del Estado de Derecho, son ahora los nuevos signos de nuestra convulsa realidad.
Durante los últimos seis meses se produjo una cantidad impresionante de protestas y manifestaciones públicas, en el curso de las cuales muchos ciudadanos, en su mayoría jóvenes estudiantes y periodistas, fueron detenidos, amenazados, algunos torturados, otros procesados judicialmente. A los trabajadores de la prensa les han sido decomisados sus equipos, o limitada o entorpecida su labor, mientras que a otros les fueron borradas sus memorias fotográficas por los funcionarios policiales o militares, o en su defecto por los llamados “colectivos populares”, grupos civiles armados identificados ideológicamente con el Gobierno.
Es necesario ilustrar el contexto, para su cabal comprensión. A partir del pasado mes de febrero, estudiantes protagonizaron protestas en todo el país de manera pacífica, ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución Bolivariana. Fueron repelidos por militares, con el uso de armas de guerra y sustancias tóxicas prohibidas, así como por funcionarios policiales dependientes del Ministerio del Interior y los citados “colectivos” armados. El saldo de estas actuaciones es de 31 muertos y al menos 40 casos de tortura debidamente documentados, algunos de los cuales ya fueron denunciados ante organismos internacionales. A más de 2.000 jóvenes los encarcelaron y sometieron a medidas cautelares judiciales. Decenas de ellos, por tener casa por cárcel, perdieron sus respectivos semestres en las universidades.
En fecha reciente, como muestra de un fenómeno de desbordamiento de los signos de violencia y de crispación social, quedó en evidencia la pérdida del control de los aludidos “colectivos”, en clara amenaza a la paz de la República. El centro de Caracas fue escenario de un prolongado e intenso enfrentamiento armado entre las fuerzas policiales, con helicópteros y francotiradores, contra grupos paraestatales afectos al Gobierno, con saldo de otras cinco muertes, y de un número hasta ahora desconocido de heridos.
En casi todos estos hechos noticiosos de gran conmoción y gravedad, en los cuales el Estado venezolano ha incumplido los protocolos internacionales que rigen la materia y se incurre en absoluta opacidad, las fuerzas encargadas de velar por el orden público han impedido el trabajo de los periodistas. Y, lo que es más lastimoso, los medios de comunicación social pertenecientes al Estado, y aquellos privados que se mantienen coludidos con el Gobierno y sus causas, han guardado silencio informativo.
Por separado, se deja para conocimiento de la Asamblea una relación detallada de los cientos de eventos ocurridos, en orden cronológico, y procesados por el reporte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Todos y cada uno de estos casos merecen un trato ampliado en este informe, pero como ya mencioné, son cientos de casos, por lo que resulta imposible su lectura individual en este escenario. Esto, como es usual ya, ha sido debidamente denunciado, pero la mayoría de las denuncias formuladas ante las instancias judiciales y fiscales, no encuentran respuesta, pese a tratarse de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, tutelados formalmente por la Constitución Bolivariana.
Persiste de una manera notoria el control comunicacional del Estado sobre todo el espectro radial, televisivo, escrito, tendencia que ahora también se expande hacia las redes sociales.
El canal internacional de noticias NTN24 informó que el martes 16 de septiembre, sin notificación alguna, su portal web fue bloqueado en la jurisdicción de Venezuela. Ya en febrero de este año, la señal de televisión había sido retirada de la parrilla de programación de todas las operadoras de cable que operan en el país, por órdenes directas de Nicolás Maduro.
Hasta ahora, ninguna entidad estatal se ha comunicado con representantes de NTN24 a los efectos de aclarar los motivos de esta restrictiva decisión oficial.
NTN24 pudo establecer que el bloqueo se inició dentro de la red de la empresa estatal de telecomunicaciones, CANTV, y se propagó a otros operadores. Es importante destacar que únicamente el Gobierno venezolano, mediante su organismo regulador de las telecomunicaciones, CONATEL, puede manipular la infraestructura de conectividad en Venezuela y lograr este tipo de censura en la web.
Desde abril pasado a la fecha, se conoció del cambio de propietarios y de la consiguiente línea editorial de uno de los diarios más prestigiosos y antiguos de Venezuela, como lo es El Universal, miembro de la SIP.
El traspaso de propiedad (a pesar de que la legislación venezolana dispone que la identidad de los accionistas de cualquier empresa debe ser del conocimiento público), se mantiene bajo un manto impenetrable. Privaría la firma de pactos de confidencialidad que impiden el levantamiento del velo corporativo, de manera que no es posible saber quiénes son los dueños de ese periódico ni cuáles son sus intereses. Lo que sí es evidente es el notorio cambio en la línea editorial, en la plantilla de articulistas y el retiro de periodistas, sobre todo de aquellos que han mantenido una postura crítica frente a los ataques del Gobierno a la libertad de expresión del pensamiento. Es más, la caricaturista ancla de ese periódico, Rayma Suprani, fue despedida luego de que presentara una pieza referida a la dramática crisis de salud que sufren los venezolanos. Otro tema tabú.
La autocensura ha cobrado un auge inusitado en el país, dados los hechos anteriores, el contexto de violencia dominante, y ante el temor de comunicadores e informantes de verse envueltos en procesos judiciales penales, prohibiciones de salida del país, campañas de difamación, o la pérdida de las licencias en el caso del ámbito radioeléctrico. Incluso se han montado procesos judiciales, suponemos que con fines de amedrentamiento, con una figura en principio ilegal, ya que se abren expedientes con un denunciante en forma anónima, que se le denomina ¨Patriota Cooperante¨, y a pesar de que la Fiscal de la república informo que debe haber un denunciante debidamente identificado, los casos abundan.
Es notorio que editores y periodistas comienzan a soslayar las noticias consideradas “incómodas”, de una manera que hoy raya en la antítesis de periodismo. Las excepciones ciertamente existen y le hacen honor a esta profesión.
Conocemos de reportes acerca del cierre de innumerables portales de Internet y de cuentas de Twitter, por estimar los funcionarios encargados de los órganos de control, que se han trasmitido informaciones, formulado opiniones o difundido noticias, lesivas a la revolución. Eso basta para tildar al responsable de traidor a la patria. Es habitual, por otra parte, el ¨Jaqueo¨ de las cuentas personales de correo electrónico de periodistas y personeros que han alcanzado notoriedad pública. Esos contenidos de carácter privado son exhibidos por voceros oficiales a través de la poderosa plataforma comunicacional, sin réplica posible, práctica que contraría las leyes y viola sagrados derechos constitucionales.
La prensa escrita atraviesa por otra severa amenaza para su subsistencia. Nos referimos a la escasez de papel periódico y demás insumos esenciales, limitante que determina el cierre paulatino de medios independientes o la reducción de sus páginas a mínimos históricos. El Gobierno ha negado o mantiene en el limbo, desde hace mas de 18 meses, la transferencia de divisas a proveedores de papel y otros suministros indispensables para el funcionamiento de los grandes periódicos, así como a algunos intermediarios. Esto trae como consecuencia la pérdida de líneas de crédito y la imposibilidad de asegurar importaciones de toda índole, en un país donde todo escasea, nada se produce, y casi todo cuanto se consume se importa.
A fin de ofrecerles una idea de las complicaciones que presenta la actual situación económica venezolana, en perjuicio de la importación de materia prima, por ende a los derechos que atañen a las libertades constitucionales, anotaremos que en la actualidad imperan tres tipos de cambio legales de la moneda, y un cuarto renglón, el paralelo, negro, o “innombrable”, puesto que si bien existe y es caldo de cultivo para la corrupción, el Gobierno prohíbe referirse públicamente a ese cuarto tipo de cambio, so pena de ser acusados de conspiradores. En este sentido, la discrecionalidad gubernamental al momento de aplicar sus decisiones en el otorgamiento de los tres tipos de cambio anteriormente mencionados, es lo que sobresale como norma, por lo que estamos ante una notoria discriminación de derechos.
La contrapartida de lo informado en las líneas anteriores es que el Estado venezolano creó la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, dependiente de la Presidencia de la República, que se encarga de procesar las importaciones de papel y revender luego, a discreción siempre, las cantidades requeridas por los medios impresos.
El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Lic. Marco Ruiz, ha declarado, al efecto, que la centralización de las importaciones de papel periódico a través de un único ente dependiente de la Presidencia, significa una manera de “institucionalizar el control del Estado sobre la prensa”, de tal suerte que en sus manos está la sobrevivencia o desaparición de los medios impresos.
Ruiz recordó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que las limitaciones para adquirir papel son violaciones a la libertad de expresión e información. Y agrega: “Estos son derechos fundamentales, que se deben garantizar a todos los ciudadanos. Los medios de comunicación deben tener acceso a los recursos necesarios para importar su materia prima”.
Miguel Henrique Otero, presidente-editor del diario El Nacional, ha lamentado las dificultades que en su conjunto soportan consuetudinariamente los editores en Venezuela, y denunció que están expuestos “a una descalificación de la cual es imposible defenderse”. “Nos involucran en magnicidios y terrorismos para sembrar el miedo y deslegitimarnos”, señala. Se queja asimismo de una constante “presión administrativa y económica”, puesto que desde el poder “usan el Seniat (ente recaudador de impuestos) para revisarnos a nosotros y a nuestros medios”. Eso, aparte de la inseguridad a la que “estamos sometidos para obligarnos a dejar el país”.
En otro orden de ideas, por tercera oportunidad en este año, el diario El Impulso, de Barquisimeto, con 110 años de existencia, estuvo a horas apenas de interrumpir su circulación por falta de papel. En las dos fechas iniciales, desempeñaron un papel decisivo para impedirlo, los oportunos préstamos de papel otorgados por la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios). En la tercera coyuntura se logró una negociación ¨in extremis¨ con la Corporación Maneiro, del Estado venezolano.
En lo personal, celebro que el cierre de El Impulso haya quedado atrás, como un capítulo oscuro pero superado en la historia de la prensa venezolana. Y seguimos exhortando al Gobierno a objeto de que agilice y regularice la entrega de recursos para importar papel. En estos instantes más de 30 medios impresos están afectados por la escasez de papel, y al menos 12 han dejado de circular temporal o definitivamente. Ahora tenemos un nuevo caso, el del diario ¨Tal cual¨, que según anunció dejará de circular el próximo 22 de octubre, por carecer de papel y padecer toda una gama de acosos, que incluyen los judiciales.
Quisiera dejar constancia pública de un sincero agradecimiento, a título personal, ante los esfuerzos realizados por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Lic. Claudio Paolillo, quien en combinación con el Lic. Ricardo Trotti y el Dr. Julio Muñoz, han monitoreado de manera permanente y exhaustiva los hechos que configuran el sistemático cercenamiento de la libertad de expresión en mi país. Aplaudo el reclamo que desde la SIP se ha elevado, a causa de la inacción de los Gobiernos integrantes de la OEA frente a los gravísimos atentados que el régimen de turno perpetra en Venezuela contra la libertad de expresión, derecho inalienable que no sólo atañe a los medios y periodistas, sino a la ciudadanía toda.
Si nos dedicáramos a mencionar en forma detallada e integral las violaciones y ataques a la libertad de prensa en Venezuela, necesariamente este Informe habría de resultar demasiado extenso, o redundante. Por consiguiente, me limitaré a anexar las valiosas recopilaciones de organismos no gubernamentales, como el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Organización Espacio Público, y, particularmente, un informe general sobre atentados a la libertad de prensa, preparado por uno de nuestros asesores jurídicos preparado para RCTV, para la mayor comprensión de nuestras realidades. Todos ellos se han encargado del seguimiento informativo y jurídico de los innumerables casos, con rigurosidad y ética. Hemos anexado ese encomiable trabajo como parte del presente Informe.
Concluyo este informe, Señores Directores de la SIP.
Muchas Gracias.
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