Desde hace varias semanas Emma Sulkowicz se pasea por el campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York, llevando a cuestas un colchón.
Esta estudiante de Artes Visuales de 21 años no anda en busca de una habitación ni está cumpliendo una penitencia.
Carga el pesado colchón para denunciar que los responsables del prestigioso centro educativo no han tomado ningún tipo de medida disciplinaria contra el compañero que, según ella, la violó en 2012.
El caso Sulkowicz ha vuelto a poner el foco sobre las deficiencias en la manera en la que las universidades estadounidenses investigan las denuncias de agresiones sexuales en sus campus.
La gravedad de este asunto hizo que el propio presidente Barack Obama se pronunciara sobre el mismo en varias ocasiones en los últimos meses, calificándolo de «totalmente inaceptable».
Ahora, California se ha convertido en el primer estado de EE.UU. en el que entra en vigor una ley aplicable en los centros de educación superior que reciben fondos públicos que exige que en las relaciones sexuales entre estudiantes haya un consentimiento explícito de las partes, un requerimiento que fue bautizado como «sí significa sí».
La nueva legislación define el consentimiento como «un acuerdo afirmativo, consciente y voluntario para involucrarse en una actividad sexual», que no tiene por qué ser verbal aunque debe quedar claro.
La ley SB-967 también señala que el silencio o ausencia de resistencia no constituye consentimiento y especifica que un acusado no puede alegar que había asumido que la víctima había dado su consentimiento cuando esta estaba ebria, drogada, inconsciente o dormida.
Además, la legislación impulsada por el senador demócrata Kevin de León, especifica qué procedimientos deben seguir las universidades cuando investiguen denuncias sobre agresiones sexuales y el tipo de servicios médicos y de orientación que deben ofrecer a las víctimas.
Una de cada cinco universitarias en EE.UU. habría sufrido algún tipo de agresión sexual.
La problemática de las agresiones
Según un informe de la Casa Blanca presentado el pasado enero, una de cada cinco universitarias en EE.UU. ha sufrido algún tipo de agresión sexual. De entre estas, tan sólo un 12% lo denunció.
En muchos casos las denuncias tan sólo se presentan ante las autoridades universitarias, que son las responsables de investigar internamente si la agresión tuvo lugar y de adoptar las medidas disciplinarias adecuadas contra aquellos que son encontrados culpables.
En los últimos años se han presentado numerosas demandas contra universidades en EE.UU. a las que se las acusa de falta de imparcialidad a la hora de llevar a cabo las investigaciones y de no apoyar a las víctimas.
Ante esta situación, el gobierno de Barack Obama creó hace unos meses un equipo de trabajo para estudiar esta problemática.
A finales de abril el grupo emitió una serie de recomendaciones sobre el manejo de las denuncias de agresiones sexuales dirigidas a los centros universitarios del país.
Además, el Departamento de Educación de EE.UU. publicó una lista de más de 50 universidades que están siendo investigados por posibles violaciones de leyes federales en la tramitación de esas denuncias.
El gobernador Jerry Brown estampó su firma en la nueva ley este domingo.
«Sí significa sí»
Los impulsores de la nueva ley que acaba de entrar en vigor en California destacan que con el concepto de «sí significa sí» se cambia el paradigma del tradicional «no significa no», que implicaba que las víctimas de las agresiones debían demostrar que se habían negado o habían opuesto resistencia a las relaciones sexuales.
Así, «es responsabilidad de los implicados en la actividad sexual el asegurarse de que tienen el consentimiento afirmativo del otro u otros» para mantener relaciones.
Además, el consentimiento afirmativo «debe ser obtenido por la persona que quiere iniciar la actividad sexual» y «debe mantenerse durante toda la actividad sexual», pudiendo ser revocado «en cualquier momento».
«La existencia de una relación de pareja entre las personas involucradas o el que hubieran tenido relaciones sexuales en el pasado nunca debe ser considerado por sí mismo como un indicador de consentimiento», señala la ley.
La entrada en vigor de la nueva legislación fue recibida muy positivamente por organizaciones como la Coalición Contra las Agresiones Sexuales de California (CALCASA, por sus siglas en inglés).
Escuchar a las víctimas
El concepto de consentimiento afirmativo que recoge es importante porque hace que la carga de la prueba recaiga en los acusados y no en las víctimas, como sucedía hasta ahora
«Esta ley que tiene como objetivo proteger el bienestar de los estudiantes y de las víctimas de abuso sexual», señala en conversación con BBC Mundo Shaina Brown, portavoz de CALCASA.
«El concepto de consentimiento afirmativo que recoge es importante porque hace que la carga de la prueba recaiga en los acusados y no en las víctimas, como sucedía hasta ahora».
«Con esta ley no aseguramos de que las voces de las víctimas serán escuchadas».
Brown no está de acuerdo con la opinión de algunos críticos de la SB-967 que aseguran que esta hará que aumenten las denuncias falsas, ya que considera que ser víctima de una agresión sexual «es un hecho muy traumático que no se toma a la ligera».
Pero el punto de vista de la portavoz de CALCASA no es compartido por Joe Cohn, de la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación (FIRE, por sus siglas en inglés), quien cree que en muchas ocasiones el «consentimiento afirmativo» que exige la ley hará que sea muy difícil que los acusados puedan probar su inocencia y puede hacer que aumenten las denuncias sin fundamento.
Estudiantes
Algunos grupos creen que la nueva ley es injusta para los acusados de una agresión.
«Esta ley es preocupante por varios motivos. Para empezar no creo que haga que los campus universitarios sean más seguros y además socavará la imparcialidad y la fiabilidad de las investigaciones de las agresiones sexuales en las universidades», señala Cohn en conversación con BBC Mundo.
«Hace que la carga de la prueba pase al estudiante acusado y eso es injusto porque hará que sea muy difícil que puedan probar su inocencia. Tendrían que tener grabado el encuentro sexual para demostrar que hubo consentimiento todo el rato», apunta Cohn.
Cohn cree que las denuncias de agresiones sexuales no deberían ser investigadas por los reponsables de las universidades sino por la justicia ordinaria.
«No puede ser que decanos, profesores o estudiantes de doctorado sean los que deciden si ha ocurrido o no una violación. La universidades deberían centrarse en la educación preventiva y en establecer los sitemas de apoyo que las víctimas de las agresiones necesitan».
Fuente: BBC
