Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión un adolescente de 15 años de edad, quien admitió su responsabilidad en la muerte del alcalde del municipio Arismendi (Río Caribe) del estado Sucre, Enrique Franceschi (34), ocurrida el pasado 20 de julio de 2014.

En la audiencia preliminar, la fiscal 6° del segundo circuito de esa jurisdicción oriental, Moraima Goyo, ratificó la acusación contra el adolescente por los delitos de homicidio calificado con alevosía en la ejecución de un robo agravado, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir.

En ese sentido, el Tribunal 1° de Control de Sucre, una vez que el joven admitió su responsabilidad en el hecho, dictó la referida sentencia condenatoria contra el adolescente, quien permanece recluido en el Centro de Reclusión de Adolescentes de la ciudad de Carúpano, reseña el Ministerio Público a través deun comunicado de prensa.

Es importante señalar que conforme con lo establecido en la legislación nacional, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, su artículo 628, y tratados internacionales suscritos por la República, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño del 26 de enero de 1990 (la cual tiene ley aprobatoria en Venezuela de fecha 20 de julio de 1990), ningún venezolano que tenga menos de 18 años puede ser sancionado a una pena mayor a los cinco años de prisión.

De acuerdo con la investigación, el cuerpo sin vida del alcalde fue hallado en horas de la mañana del pasado 20 de julio, dentro de su vivienda ubicada en Río Caribe, con múltiples heridas causadas con un arma blanca.

De inmediato, el Ministerio Público coordinó varias diligencias de investigación que fueron ejecutadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, lo que derivó en la aprehensión del adolescente.

Vale destacar que por este mismo hecho fueron acusados Frank Rodríguez, Nick Hoffman y Luis Velásquez.

Panorama

El abogado José Luis Tamayo, defensor del excomisario Iván Simonovis señaló que la medida de arresto domiciliario otorgada el pasado fin de semana es moralmente injusta porque debió darse hace mucho tiempo.

—A Simonovis se le atribuyen delitos de lesa humanidad, ¿cuál es su situación legal en este momento?

—Simonovis fue acusado, juzgado y sentenciado por delitos ordinarios. La fiscal general de la República actual, que fue la fiscal acusadora, en su acusación ni siquiera hizo ninguna mención a delitos de lesa humanidad, luego, la acusación es la que determina el rumbo del proceso. Si la propia Fiscalía no acusó sino por delitos ordinarios, Simonovis no podía ser condenado sino por delitos ordinarios y así ocurrió, lo condenaron por cómplice necesario en homicidio y cómplice necesario en lesiones, no son delitos de lesa humanidad. A partir de que cumple un cuarto de la pena le tocarían medidas alternativas del cumplimiento de pena. Si revisamos el artículo 500 del Copp, en su parágrafo segundo, te das cuenta que el Copp permite aún en delitos de lesa humanidad y graves medidas alternativas de cumplimiento de pena.

—¿La decisión de Simonovis es legalmente correcta o moralmente injusta?

—Es legalmente correcta y moralmente injusta, lo primero porque el Copp dice que aquel enfermo con una enfermedad grave o terminal tiene derecho a recuperar su salud y una vez que recupere su salud vuelve otra vez a seguir cumpliendo su pena, no hay ningún perdón. Simonovis sigue cumpliendo su pena, lo único diferente es que en lugar de estar preso en la cárcel está preso en su casa, pero él sigue cumpliendo pena, no tiene libertad condicional. Es moralmente injusta porque a él tuvieron que haberle dado una libertad condicional, sin tipo de restricción, para que se vaya a curar. Es injusto que él esté en las condiciones de salud en las que está y que esté privado de su libertad, pero para nosotros es un avance, no es lo mismo estar en Ramo Verde que en su casa.

—¿Cómo es eso de que la medida es temporal y que volverá a la cárcel?

—Claro, porque eso lo establece el artículo 491 del Copp, las medidas humanitarias son de carácter temporal salvo enfermedades terminales. Si Simonovis logra curarse de sus males vuelve a la cárcel, es temporal pero con una temporalidad definida, pueden ser dos meses, pueden ser dos años o tres años.

—Pero hay casos como el de Forero y Vivas que recibieron medidas y están libres…

—No han vuelto a la cárcel porque no están curados. Por ejemplo, Lázaro Forero hace poco reincidió en el cáncer de próstata que estuvo bastante controlado y se le volvió a desatar otra vez. No puede ir preso porque no está curado. Lo mismo Vivas que tenía 15 patologías. Sus medidas siguen siendo temporales.

—¿Tuvieron acceso al informe médico que se acordó en la mesa de diálogo? ¿qué decía ese informe?

—Sí tuvimos acceso y confirmó las patologías de Simonovis. El cuadro es de una enfermedad grave por la suma individual de las enfermedades, tiene problemas cardíacos, problemas gastrointestinales, osteoporosis, problemas de esófago, diabetes, recurrentes infecciones urinarias, todo eso hace el cuadro de una enfermedad grave.

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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que a la fecha hay 814 personas detenidas por presuntamente incurrir en la comisión del delito de contrabando de extracción.

En entrevista al canal Venevisión, este viernes, Ortega Díaz precisó que de los 814 detenidos, 651 tienen privativa de libertad, 125 medidas cautelares sustitutivas de libertad, 15 personas deben ser presentadas en el transcurso de este día y 23 personas tienen libertad plena.

La fiscal señaló que están encargados de estos casos 68 fiscales -58 regionales y 10 nacionales- con el propósito de reforzar las actuaciones de Estado en la lucha contra el contrabando de los productos alimenticios, combustibles y material estratégico.

Además, ratificó que el coordinador de Delitos Fronterizos, Julio Ortega, y la directora general contra la Delincuencia.

La Verdad.com