El Ministerio acusó al detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) José Antonio Aguilar (20) y al civil Yemmerson Enrique Navas (26), por presuntamente estar involucrados en el homicidio frustrado de cuatro funcionarios del referido organismo policial, ocurrido el pasado martes 22 de julio en el distribuidor San Benito, carretera de Cabimas, estado Zulia.

El fiscal 4º de la referida jurisdicción, Israel Vargas, acusó a Aguilar y a Navas por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía en grado de frustración contra los comisarios Danilo Colmenares y Juan Carlos Burgos; además de los detectives Andry Alvarado y Dayana Mendoza.

En el escrito presentado ante el Tribunal 3° de Control del estado Zulia, el fiscal solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de ambos hombre, quienes permanecen recluido en el retén de Cabimas.

De acuerdo con la investigación, a las 7:00 de la noche del martes 22 de julio, los cuatro funcionarios salieron de la sede del Cicpc de Cabimas en un vehículo Mazda con destino hacia Maracaibo.

Cuando Colmenares, Burgos, Alvarado y Mendoza transitaban por el Distribuidor San Benito, fueron interceptados por un vehículo Volkswagen en el que se trasladaban varios hombres armados, quienes le dispararon a la comisión policial y enseguida huyeron.

Al lugar llegaron efectivos de la policía científica, quienes trasladaron a los cuatro heridos hasta el Centro Médico de Cabimas.

Luego de varios días de investigación, se logró determinar la vinculación de Navas y Aguilar con el hecho, por lo que el fiscal del caso solicitó una orden de aprehensión contra ambos hombres, la cual fue acordada por la referida instancia judicial y finalmente ejecutada el pasado domingo 3 de agosto por los funcionarios del Cicpc.

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La Fiscalía General suspendió el martes la comparecencia que tenía previsto realizar la exdiputada opositora María Corina Machado para declarar en condición de víctima por un ataque que sufrió en julio durante un acto político.

Machado dijo a The Associated Press en entrevista telefónica que su comparecencia fue suspendida por solicitud del Ministerio Público que informó que los fiscales encargados del caso «estaban enfermos».

La exdiputada tenía previsto declarar como víctima por un ataque que sufrió a fines de julio durante un encuentro con habitantes de la barriada pobre de Caricuao donde varias decenas de personas, que se identificaban como supuestos miembros de un grupo oficialista, rodearon el edificio donde estaba reunida con los vecinos y rompieron la puerta de la entrada. Luego golpearon y partieron con las cachas de sus pistolas las ventanas del vehículo en el que se trasladaba la opositora. En el incidente no se registraron heridos.

Las autoridades no han hecho comentarios sobre el caso.

Machado también es investigada por violentos incidentes ocurridos en febrero en la capital y un supuesto complot denunciado por el gobierno.

Un tribunal local dictó a mediados de año una prohibición de salida del país a la excongresista como parte de las investigaciones que se siguen por los violentos sucesos de febrero.

Por esos eventos también está procesado el dirigente opositor Leopoldo López, detenido desde hace siete meses en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.

La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó en marzo una moción de urgencia de retiro de la investidura parlamentaria de Machado alegando que había vulnerado las leyes al actuar como embajadora accidental de Panamá en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. La decisión fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Diario 2001