Encontrar clavos, tornillos, cables, alambre y otros artículos ferreteros se convirtió desde finales del año pasado en un reto para los comerciantes del ramo que operan en la zona norte del estado Anzoátegui. Los vendedores apuntaron que la escasez del rubro se agudizó en 2014.

La expendedora Eloísa Millán indicó que la situación comenzó cuando entró en vigencia la tasa del Sicad II (Sistema Complementario de Administración de Divisas) que creó el Gobierno a fin de ofertar dólares para las importaciones.

En su establecimiento ubicado en Barrio Sucre de Barcelona, sólo tiene disponible entre 10% y 20% de los más de 400 materiales ferreteros que poseen los catálogos del inventario.

Miguel Jiménez, encargado de la tienda Ferraka en Puerto La Cruz, dijo que allí el panorama es similar al de la mayoría de los locales del sector.

“No sólo se trata de la tasa del Sicad II, también de los mismo distribuidores. Algunos se han retirado del negocio porque ya no les resulta sustentable y otros no despachan pese a que tienen inventario. Algunos esperan a que el precio del dólar les convenga y no les genere pérdidas”.

Precisó que, incluso, materiales de iluminación, cables (en casi todas las presentaciones) y varios tipos de herramientas eléctricas como taladros, esmeriles, cortadores y pinturas están escasos.

Precios

Gonzalo Herrera, quien prefirió omitir el nombre de su negocio situado en el Casco Central de Barcelona, refirió que le han llegado personas quejándose por haber tenido que adquirir un kilogramo de alambre hasta en 150 bolívares.

“Es preferible decir que no hay un producto antes que comprárselo a los revendedores porque resulta muy costosos para los consumidores finales. El kilo de alambre no puede pasar de Bs 50”.

Apuntó que en el caso de un esmeril, que en diciembre pasado no superaba los Bs 5 mil, puede llegar a costar hasta Bs 13 mil en los pocos sitios donde se consigue.

Larga espera

Alexander Walter, otro de los expendedores afectados por la falta de artículos ferreteros, aseguró que debe esperar un mes o más para recibir los pedidos que le realiza a los proveedores de la zona.

Aseveró que hay distribuidores que “se aprovechan de la escasez para vender con sobreprecio”.

Walter señaló que ha tenido que comprar mercancía por encima de su valor real para poder ofrecerla a fin de mantener su negocio abierto.

La Ferretería Juncal, ubicada en el centro porteño, no se escapa de esta situación. Su encargado, Antonio Farías dijo que reciben máximo dos bultos de cable o alambre, pero esa cantidad no les dura más de 10 días. “Los distribuidores traen menos de lo que se pide”.

Desde que el Gobierno intervino la red de Tiendas EPA, a finales del 2013, los establecimientos siguen manteniendo los rubros ferreteros a precios regulados.

Después de la medida aplicada por el Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, artículos como una caja de herramientas pasaron de Bs 565 a costar Bs 228,50. Pero en el local que opera en la avenida Jorge Rodríguez de Barcelona, no hay variedad.

En agosto, Antonio El Khoury, encargado de Materiales Tony 2.000 que funcionada en el sector porteño Molorca, dijo que la escasez se debe a que la mayoría de los productos ferreteros son importados.

Obra retrasada

La administradora Carmen de Díaz empezó a construir el año pasado un anexo en la casa de sus padres, en el sector porteño Guanire, pero no lo ha terminado por falta de materiales ferreteros y cemento. “No tengo para comprarme una vivienda y decidí hacer un apartamento tipo estudio que está a medias porque no consigo cables, alambres, cabillas ni casi nada”.

Foto: Lenín Núñez

EL TIEMPO

Tener un hijo en la actualidad se ha convertido en un verdadero maratón para los padres, quienes andan en “corre, corre” para conseguir los principales artículos para sus bebés, entre ellos pañales y toallitas húmedas.

Si alguien sabe de eso son las mamás y papás del municipio Juan José Mora, quienes todos los días recorren los diferentes establecimientos comerciales en la búsqueda de estos productos; sin embargo, se la ven difícil debido a la poca distribución de pañales y toallitas.

La búsqueda de estos productos puede tardar varios días y cuando al fin lo consiguen, a veces no es el que necesitan, como es el caso de los pañales. Los padres en muchas ocasiones pasan hasta una semana buscándolos, pero cuando los encuentran resulta que no son de la talla de sus bebés.

De hecho, algunos han optado por comprar tallas más grandes para evitar que sus hijos se queden sin pañal desechable y el tiempo de duración depende de la edad del menor, pues entre más pequeños son menos duran los pañales.

También hay quienes han pensado y optado por volver a utilizar los pañales de tela; no obstante, tampoco es una tarea fácil para estos padres, puesto que ni los detergentes se consiguen constantemente en los establecimientos comerciales.

La escasez de los productos para bebés no solo se limita a los pañales y toallitas húmedas, sino que se extiende hasta las colonias, talco, cremas corporales, champú y desenredantes para el cabello.

Ahora los establecimientos, al igual que con los productos para adultos, venden una colonia para bebés por persona, por lo que madres y padres deben administrar muy bien la fragancia entre la cantidad de hijos que tengan, para que así siempre mantengan ese fresco aroma.

(Krisbelmar Pérez)

NOTITARDE

El nuevo precio de las toallas sanitarias impuesto por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), disuelve un porcentaje importante del presupuesto de las amas de casa venezolanas. Éste, al igual que otros productos de primera necesidad para las féminas, fueron blanco de la providencia administrativa.

Los precios de las toallas sanitarias, desodorantes y afeitadoras fueron ajustados después de permanecer estáticos desde el año 2012. El incremento ronda el orden de 120% según Sundde.

“Para mí de verdad es el colmo, cómo pueden meterse con algo tan íntimo, tan imprescindible para nosotras las mujeres. Suben de precio las cosas y ni siquiera las puedes encontrar. Cuando vienes a comprar resulta que no hay, no veo la solución, ni toallas, ni desodorante por ningún lado”, destacó Ana Álvarez, consumidora.

Las toallas sanitarias, de acuerdo al nuevo ajuste, tendrán un valor para el público de 17,59 bolívares la presentación de 8 unidades que representa un aumento de 28,95%, mientras que los empaques de 54 y 60 unidades sufrieron incrementos de 117,85 y 112.54% respectivamente, de acuerdo a la medida.

Asimismo, el desodorante de 100 ml tuvo un repunte de 64,24% para ubicarse en 33,09 bolívares. Por otro lado, las afeitadoras desechables de 4 hojillas pasaron a 58,56 bolívares.

(Ingrid Saldivia)

NOTITARDE

“Mi padre está muy enfermo, y todos los meses le daba una ayudita con la remesa. Ya desde acá no se puede, y si uno por lo menos pudiera conseguir aquí las medicinas y mandárselas, uno se aliviaría un poco; pero ahora ni eso”, se queja Edilsa Veleño, una cartagenera con 25 años en Venezuela y parte de los más de 200.000 colombianos que hasta hace siete meses enviaban dinero a sus familias en Colombia.

Ella transitaba los caminos del rígido control de cambio establecido en Venezuela desde hace once años para el envío de remesas a familiares –a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas, antiguo Cadivi, hoy Cencoex– y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió hasta nuevo aviso el 10 de febrero de este año.

Entonces, la explicación oficial fue la detección de casos de extranjeros que lograron corromper el sistema y enviar dólares a personas que no eran sus familiares fuera de las fronteras para aprovechar el precio oficial de la moneda extranjera, hasta ocho veces por debajo del ‘dólar negro’.

Pero ni entonces ni ahora Caracas ha informado cuántos casos o en qué porcentaje fue ese fraude, y aunque en principio la suspensión del envío de remesas afectó a todas las nacionalidades, hoy este solo está paralizado para los colombianos, la mayor colonia extranjera en Venezuela. “Antes de Cadivi yo mandaba por Western Union sin problema”, sigue Veleño. “Lamentablemente, aquí estamos pagando justos por pecadores”.

Emit Otero, trabajador de la construcción que lleva 30 años viviendo en Catia –una de las zonas donde viven más colombianos en la capital venezolana–, también sufre la angustia de no poder ayudar a su gente.

“Yo tenía mi cupo de Cadivi y les mandaba aunque sea algo, sobre todo a mi mamá, que contaba con esa platica mensual. Ahora mi mamá está pasando necesidad”.

Sin la posibilidad de enviar remesas en dólares y con el bolívar devaluado en relación al peso (1 peso equivale a 0,003 bolívares venezolanos), para los colombianos residentes en Venezuela el envío de bolívares con algún familiar o amigos tampoco resuelve el problema.

“Mis hermanos, que también viven en Caracas, y yo hemos hecho el sacrificio de reunir los bolívares que más podemos para mandarle a mi mamá como hacíamos antes por encomienda. En estos meses solo le hemos mandado dos veces porque tampoco tenemos para cubrir nuestros gastos acá”, asegura Otero.

El embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez, aseguró que el congelamiento del envío de remesas está afectando al menos a tres millones de colombianos, especialmente a quienes reciben.

La familia de Darío Castillo, de Santa Lucía (Atlántico ), es otro ejemplo. “Yo le pagaba el estudio a mi hijo, que vive con su tía; pero desde que se pararon las remesas, él la ayuda en el restaurante que ella tiene, y ella le da algo para los estudios, para los buses. Ahora solo le puedo mandar a mi mamá, que está recién operada. Le mando algunos bolívares para que los cambie allá, unos 100.000 pesos mensuales, pero si hago la encomienda por la frontera pierdo y solo le llegan 90.000. Tengo a mi gente sobreviviendo allá”.

La última vez que el Gobierno venezolano tocó el tema de las remesas fue en marzo, cuando anunció que estudiaba reanudar el envío de remesas a familiares, pero directamente en pesos colombianos a un tipo de cambio específico. Ese mes y el siguiente, las autoridades venezolanas sostuvieron cinco reuniones con la misión diplomática colombiana acreditada en el país, pero estas se suspendieron en abril sin llegar a conclusión alguna.

El tema también fue tocado en la cumbre entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro celebrada en agosto en Cartagena, y aunque una pronta resolución del tema estaba entre los compromisos adquiridos, Venezuela no da señales sobre cómo lo hará.

Gobierno baja tensión a la polémica

En febrero, el vicepresidente Jorge Arreaza dijo que el tema “no es de mucho esperar”, pero, con siete meses sin poder enviar remesas, la comunidad colombiana comienza a exasperarse.

Grupos organizados de colombianos residentes no paran de enviar cartas para la Embajada y el Consulado en Caracas con el fin de presionar a las autoridades venezolanas.

Hasta febrero, el Gobierno venezolano había decidido bajar el cupo de 900 a 500 dólares, con lo que el máximo de entrega eran 166 dólares por familiar registrado, máximo tres por cada residente, dejando por fuera de la lista a sobrinos y concubinos.

Otros cabos sueltos entre los dos países

Además del tema de las remesas Bogotá-Caracas, la agenda económica la tienen atrasada otros temas, algunos con años de tratamiento en las reuniones binacionales de alto nivel pero que han quedado sin solucionar.

Entre estos se destaca la deuda que todavía tiene Venezuela con empresas colombianas a las que no se les autorizó la repatriación de sus ganancias en dólares, y que empezó en el año 2008 con un monto de 800 millones de dólares, de los cuales todavía faltan por pagar 180 millones.

Como en el caso de las remesas, Venezuela adujo en su momento que en Colombia se crearon decenas de empresas “de maletín” que se aprovecharon de los dólares a precio “oficial” que ofrece el Gobierno venezolano, gerente del control de cambio que rige en el país desde el año 2003.

Durante estos años, ambos gobiernos han aclarado cuántas compras fueron fraudulentas y cuántas no, y sobre esa base se han hecho las erogaciones.

El otro tema sobre la mesa es el contrabando de extracción hacia Colombia, que el Gobierno venezolano asegura saca de su territorio hasta el 40 por ciento de productos básicos, cuyo precio regulado en Venezuela lo hace sumamente atractivo pues está hasta quince veces por debajo del precio internacional.

Para detener el flujo de contrabando, Venezuela estableció unilateralmente el cierre de la frontera binacional durante las noches, todavía vigente y que Caracas estudia prolongar el resto del año como parte de su ofensiva contra lo que ha llamado la “guerra económica”.

Esta se supone que es la causa de la crisis económica que vive Venezuela, azotada por una alta inflación (el acumulado de un año hasta mayo era de 63 por ciento) y un índice de escasez del 30 por ciento.

Ello también ha incidido en la balanza comercial binacional, que en el primer semestre de este año se ha reducido 21 por ciento en comparación con el primer semestre de 2013 (según datos de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana), con un intercambio de 1.904 millones de dólares.

EL TIEMPO

Desde el pasado jueves, los trabajadores de Toyota Venezuela paralizaron las actividades de la planta de Cumaná, en protesta por la supuesta violación del contrato colectivo, en lo referente a aumento salarial y la asignación del auto anual a cada empleado.

José Marcano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Toyota (Sintratoyota), destacó que la empresa dio un aumento parcial en enero pasado, cuando se hizo la indexación por inflación del semestre anterior. “Estamos perdiendo 9,93% pues el ajuste fue solo de 15%”, dijo.

El dirigente sindical destacó que ello conlleva la vulneración de otros conceptos, como pago de vacaciones y bono vacacional, utilidades, y plan de vivienda, entre otros.

También expresó que la empresa está en mora con el HCM, fiesta infantil, dotación de uniformes y toallas, plan vacacional y el suministro de la cesta de bebidas refrescantes durante la jornada. Del mismo modo, Marcano señaló que Toyota no ha asignado el auto que puede adquirir cada trabajador a precio de costo, alegando la fuerte caída de la producción de este año.

“Lo que nos corresponde por contrato es apenas 10% de la producción de la planta. Es muy poco y eso no tendría que afectar a la empresa”, acotó Marcano, quien reconoce que la no entrega de las unidades se desprende de lo establecido en Decreto Presidencial 625, que ordena a la ensambladoras enviar toda su producción a los concesionarios a fin de subsanar la escasez de vehículos para la venta que afecta al mercado.

Pero la exigencia del sindicato se tropieza con una cruda realidad: en lo que va de 2014 Toyota solo ha podido ensamblar 1.425 unidades, un drástico retroceso de 79% frente a lo manufacturado en el mismo período de 2013; cantidad que a duras penas alcanzaría para honrar el compromiso con sus más de 1.300 empleados.

Marcano aseguró que los trabajadores están dispuestos a solucionar el conflicto, por lo que esperan ser convocados por la empresa a la brevedad.

MMC obligada a parar

Tras capear el temporal y evitar detener sus actividades, la planta de MMC Automotriz en Barcelona, Anzoátegui, paralizará operaciones desde el 15 de este mes por agotamiento de los inventarios de material

Tulio Velarde, secretario general del sindicato de la planta, dijo que la empresa ha decidido adelantar las vacaciones colectivas a los empleados, 65% de los cuales ya está de “descanso obligado”, mientras que el 35% restante lo hará a partir del 15 de septiembre.

Velarde destacó que durante este tiempo se han realizado labores de mantenimiento a fin de tener la planta a punto para trabajar a plena capacidad en diciembre, cuando se estima que haya arribado el grueso del material solicitados a los proveedores.

A través de un comunicado, MMC señaló que la reanudación de actividades está planteada para el próximo 6 de octubre, lo que significa que el paro de operaciones será por 15 días hábiles.

Jesús Hurtado

EMEN

.- La presidencia de la República publicó decreto en el que se adscribe al Ministerio de la Vivienda, Hábitat, y Ecosocialismo al Instituto Nacional de Vivienda.

El texto legal señala que el ministerio de la Vivienda ejercerá el control de tutela de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley del Instituo Nacional de Vivienda.

La medida entra en efecto a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

EMEN