Guander Yermain González Mujica (29) fue asesinado la mañana de este miércoles en el Terminal de Maracay, tras ser apuñalado en reiteradas ocasiones. La víctima discutió con un sujeto por unos tobos de agua y unos cigarros, según informó el diario El Periodiquito.

El hecho ocurrió a eso de las 6:00 am, específicamente en la entrada del Terminal de Oriente. Su hermana Mayerlin Tiberio, contó que su pariente sostuvo una discusión con un sujeto apodado “El Patón”. Al parecer González salió corriendo, pero el homicida lo alcanzó efectuándole unas puñaladas en la espalda, cuello, pierna y mano derecha, está ultima la presentó en señal de defensa.

Los parientes indicaron que la ambulancia tardó una hora en llegar y los policías no quisieron trasladarlo hasta el Seguro Social de San José, cuando llegó al centro de salud ya estaba sin signos vitales.

La víctima trabajaba lavando los expresos y residía en el sector La Esperanza de Palo Negro. Su cadáver fue remitido a la morgue de Caña de Azúcar.

Fuente: Últimas Noticias

Mañana se cumplen seis meses del fallecimiento de Geraldin Moreno Orozco, joven de 23 años, quien murió el pasado 22 de febrero luego de recibir un tiro de perdigón en el rostro por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la urbanización Tazajal de Naguanagua.

Por este caso, solo cuatro militares han sido investigados. Franklin García y Paola Barroso, funcionarios adscritos al Destacamento 24 de la GNB ya fueron imputados. A ambos se les dictó medida cautelar sustitutiva con régimen de presentación ante los tribunales cada siete días.

«Pero yo quiero que se lleve a juicio a los 25 funcionarios que estuvieron en Tazajal ese día», exclamó Rosa Orozco, madre de esta joven atleta carabobeña, quien además era estudiante del quinto semestre de Citotecnología en la Universidad Arturo Michelena (UAM).

Orozco mencionó también a Caridad Barroso como otro de los implicados en este hecho, a quien el día de hoy tendría que comparecer ante los tribunales para leerle los cargos por los cuales será imputado.

Mientras que el sargento segundo Albin Bonilla, quien presuntamente fue quien le disparó a la joven, acudirá el día de hoy ante los tribunales para su audiencia preliminar. El efectivo castrense fue acusado como autor material en el delito de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles.

Adicionalmente, fue imputado por quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, uso indebido de arma orgánica y trato cruel en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de otro ciudadano, quien ese mismo día resultó herido por perdigones.

Orozco destacó que aunque el Ministerio Público ha venido trabajando en el caso de su única hija, le exigió mayor celeridad al caso. «El Ministerio Público ha trabajo. Ellos hacen todo lo posible, pero necesito que tengan más celeridad, que hagan su trabajo y que terminen de buscar a quienes tienen porque como siempre se los he dicho, tienen que estar los 25 guardias implicados, porque ellos saben quién disparó y se quedaron callados», puntualizó.

Ylián Terán Flores

 NOTITARDE.COM

El secretario encargado de la Mesa de la Unidad Democrática, Cristóbal Fernández Daló, asegura que la iniciativa Ciudadanos por la Unidad, que integran personas sin filiación política, cuenta con el apoyo de la oposición y por ello se incorporarán a ella.

Fernández explicó en Unión Radio, que esta iniciativa está promovida por gente que no milita en partidos. “Es un acto de la Unidad y nos incorporaremos a él, lo aplaudimos y lo apoyamos”, dijo.

Adelantó que en la próxima reunión, el martes 26 de agosto, discutirán las vías para incorporar a sectores no partidistas. “Estamos haciendo las cosas como deben hacerse, vamos por las bases de la casa, el piso y luego el techo”.

En este encuentro se discutiá un esquema funcional y organizativo que se adapte más a las condiciones actuales. “Vamos hacer una revisión de nuestro funcionamiento y en función a lo que se resuelva se designará las personas que ese esquema produzca”.

Confirmó que no hay una propuesta concreta para sustituir a Ramón Guillemo Aveledo, asegurando que no es solo cambiar nombres sino hacer un nuevo modo de funcionamiento.

Resaltó que los partidos que participaron en el Congreso Ciudadano están en su derecho y no contradice la línea estrategia de la MUD.

FOTO Y TEXTO

Unión Radio

Cinco efectivos militares que estaban destacados en los puntos de control fronterizos, fueron detenidos hace 15 días aproximadamente, por incurrir supuestamente en diferentes delitos, informó el gobernador de Táchira, José Vielma Mora.

Precisó que un teniente del Ejército del Batallón Rivas Dávila de Mérida, fue capturado con otros dos soldados, en posesión de 127 mil bolívares en efectivo y 127 mil pesos colombianos. También, un sargento primero y un sargento segundo de la GNB fueron detenidos en otro procedimiento.

A su juicio, se debe aplicar «mano dura» a los integrantes de las FANB que participen o sean cómplices de este tipo de acciones. «Si un funcionario militar, policial o civil está inmerso en el delito de contrabando debe ir preso. Ojalá que cambien esa Ley y le metan a esos funcionarios militares y policiales tres veces la pena de un civil», dijo durante la activación estatal para la lucha contra el contrabando en el puente internacional Simón Bolívar de San Antonio, conjuntamente con el vicepresidente Jorge Arreaza y el general Wladimir Padrino López, del Ceofanb.

Vielma Mora señaló también que la población esperaba medidas más drásticas, por ejemplo como la paridad cambiaria, es decir, igualar el precio de los mismos productos en Venezuela y en Colombia. Informó que se reunió con representes del BCV al respeto y que le dijeron que debían primero luchar contra el contrabando y evaluar el intercambio real al mismo tiempo que debe haber una sinceración de precios. Indicó también que propuso la eliminación de los puntos de control de El Mirador y Peracal.

Reunión de Comercio

En la sede de la Cámara de Comercio del municipio Bolívar representantes del sector industrial y comercial de Tâchira se reunieron con presidentes de los concejos municipales de Ureña, Bolívar y Junín.

En la actividad presentaron el «Documento de la Frontera», en el cual plantean al Gobierno nacional aspectos para mejorar el comercio fronterizo.

Isabel Castillo Zambrano, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción local acompañada de Pietro Ceniccola, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y empresarios del Táchira (Aceta) y Daniel Aguilar, presidente de Fedecâmaras Táchira suscribieron el acuerdo en el cual reiteran que la frontera está afectada por la políticas económicas erradas, incluyendo control de cambios y control de precios.

En el documento, los firmantes rechazan el cierre de la frontera por ser violatoria de la Constitución de la República de Colombia en su artículo 24, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 50 y de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 22, que garantizan el libre tránsito de personas y bienes.

«El fenómeno del contrabando en el Táchira ha adquirido características alarmantes, producto de un modelo económico en crisis. Reclamamos medidas cónsonas con la realidad que vivimos y no acciones represivas militares, sino desmontar gradualmente los controles de cambio, de precio, e ir tomando medidas macroeconómicas que reactiven el aparato productivo y generen confianza en todos los sectores de la vida económica nacional y regional», reza el Documento.

Pidieron que se aprueben medidas para superar la crisis, incluyendo la desmilitarización de la frontera y la aprobación de la Ley Orgánica y otras medidas como un acuerdo de cooperación entre el Banco de la República de Colombia y el BCV que regule el diferencial cambiario entre las monedas.

LORENA EVELYN ARRÁIZ

EL UNIVERSAL

Como la espuma. Así está creciendo el número de procesos cerrados por la justicia a jóvenes y estudiantes por participar en las protestas y disturbios que sacudieron al país desde febrero, el cual en las últimas horas ronda los 300.

La información la suministraron los abogados Lilia Camejo y Nizar El Farih, representantes del Foro Penal Venezolano y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, respectivamente, quienes en declaraciones a El Universal informaron que en las últimas horas distintos juzgados de Caracas y de Barquisimeto admitieron la petición del Ministerio Público para sobreseer investigaciones abiertas contra personas que fueron detenidas en Altamira, Chacao y la urbanización Terrazas del Ávila.

Aunque hasta ahora el grueso de las decisiones las habían adoptado juzgados de la capital, Camejo informó que los larenses también han puesto punto final a procesos contra 20 personas en los últimos días.

Asimismo los abogados anunciaron que esta cifra variará en el corto plazo, pues en los juzgados 5, 22, 29 y 30 de Control de la capital ya reposan otras peticiones fiscales para cerrar averiguaciones contra al menos diez jóvenes más, sobre los cuales pesan en la actualidad medidas cautelares sustitutivas como régimen de presentación periódica ante un juez, fianzas y vigilancia paterna, en el caso de los adolescentes.

En el Palacio de Justicia aseguraron que entre los casos que podrían llegar a su fin está el de los jóvenes que fueron detenidos en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, durante la operación policial y militar que desmanteló los campamentos instalados en distintos puntos de la capital.

Esta ola de sobreseimientos ha sorprendido a propios y extraños en predios judiciales. ¿La razón? La reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de 2012, en su artículo 295, le da al despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz ocho meses para investigar a un sospechoso de cometer un delito y superado ese lapso, el imputado o la víctima podrá solicitar al juez de Control que entre 30 y 45 días más presente el acto conclusivo (acusación, sobreseimiento o archivo). Sin embargo, en la totalidad de estos casos aún restaban semanas para que ese plazo venciera.

«Los sobreseimientos (cierres de casos) demuestran la ilegalidad de las detenciones, porque revelan que nunca existieron pruebas para detenerlos más allá de las actas policiales y mucho menos para procesarlos», afirmó El Fakih.

En similares términos se pronunció Camejo, quien aseveró: «Estas personas nunca han debido ser sometidas a un proceso penal, porque desde la audiencia de presentación quedó claro que la Fiscalía no tenía pruebas ni elementos para imputar a nadie que haya participado en una protesta ni mucho menos para acusarlos, entonces para qué iba a esperar el lapso fijado en el COPP. Eso representaría un gasto para el Estado».

La penalista se mostró esperanzada porque los 27 estudiantes que, según sus cifras, siguen tras las rejas sean liberados al ponerle fin a sus investigaciones, pues «contra ellos tampoco hay pruebas».

Esta ola de sobreseimientos se inició el pasado 14 de agosto, cuando el Tribunal 34 de Control de Caracas le dio el visto bueno a la petición del Ministerio Público de cerrar las averiguaciones contra 112 de los 120 detenidos en el campamento que se levantó en las inmediaciones de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En su último balance, publicado en junio, el Ministerio Público informó que 3.306 personas fueron detenidas durante las protestas y disturbios en las que muchas de ellas degeneraron y que de ellas 3.158 se encontraban sometidas a procesos, bajo un régimen de libertad restringida.

Las medidas adoptadas hasta el momento apenas amparan a 10% del universo.

Semanas atrás la fiscal General, Luisa Ortega Díaz, anunció que a finales de año casi la totalidad de estos casos podrían estar resueltos.

JUAN FRANCISCO ALONSO

  EL UNIVERSAL

Este jueves 21 de agosto, entre las 9 a.m. a 12 m, a pocos metros antes del hipermercado Makro en la Intercomunal Guarenas-Guatire izarán otra viga de aproximadamente 45 toneladas correspondiente al Sistema Guarenas-Guatire.

Para realizar estas maniobras se realizará un cierre parcial de 3 canales en la avenida Intercomunal sentido Guatire, por un período de 3 horas.

Los vehículos que se dirijan a Guatire, antes de Makro podrán tomar los 2 canales adicionales de vía alterna construidos por Metro de Caracas para facilitar el desplazamiento en el sector, mientras que los vehículos que se desplacen en sentido a Caracas podrán utilizar la vía principal y los 2 canales de la vía alterna, dado que las grúas estarán ubicadas en sentido a Guatire.

Como opción adicional los conductores que vayan a Guatire o al oriente del país podrán tomar la carretera nacional en el distribuidor Casarapa o también tomar la nueva entrada a Casarapa, acceder a la trocha y retomar la Intercomunal después de los trabajos.

Mientras duren estas maniobras, las autoridades desplegarán un operativo especial para agilizar el tránsito en la zona, por lo que Metro de Caracas hace un llamado a los conductores a que estén atentos con las indicaciones de Tránsito Terrestre en la Intercomunal Guarenas-Guatire, desde las 9 hasta las 12 del mediodía de este jueves.

EL UNIVERSAL