«Esto no será un juicio, sino un paredón de fusilamiento». Así calificó ayer el dirigente opositor Leopoldo López el proceso que se le sigue, luego de que la jueza 28 de Juicio de Caracas, Susana Barreiros, rechazara la petición de sus abogados para que les permitiera llevar pruebas y testigos que demuestren su inocencia.

El ex alcalde de Chacao y exprecandidato presidencial tomó la palabra casi al finalizar la segunda sesión del debate oral y público para criticar la resolución de la funcionaria. «Esto es un juicio político (…) Soy un preso de conciencia, un preso del presidente Nicolás Maduro, quien me condenó previamente».

Barreiros rechazó permitir la inclusión de las pruebas que la defensa desea exponer en el juicio alegando que no era competencia de ella, pues es el Tribunal de Control el que durante la audiencia preliminar el que debe evaluar las pruebas y decidir cuáles son pertinentes y cuáles no.

Este pronunciamiento fue rechazado por el abogado Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de la defensa del líder fundador de Voluntad Popular, quien replicó: «La jueza, según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), es la rectora del proceso y puede corregir errores y garantizar derechos en cualquier momento. Ella podía subsanar la situación desequilibrio e injusticia actual, incorporando las pruebas que hemos presentado».

Tras aseverar que estaba a la espera de que la Sala 3 de la Corte de Apelaciones le diera la razón en su reclamo, el penalista anunció que estaba evaluando la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«El último recurso que nos queda es el TSJ mediante una petición de avocamiento (solicitud para que el TSJ asuma un caso por una flagrante violación de la ley), estamos evaluando esa posibilidad pero seguimos esperando el fallo de la Corte de Apelaciones en las próximas horas», dijo.

En horas de la noche de ayer, López y sus abogados sufrieron otro varapalo, pues la Corte desechó su recurso para conseguir que las pruebas que el Ministerio Público y la jueza 16 de Control de Caracas, Adriana López, les habían rechazado fueran admitidas. La instancia alegó que como los fiscales ya las habían rechazado no había nada que hacer, en clara contravención a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en reiteradas sentencias ha abierto las puertas para que pruebas no consideradas en un momento, puedan ser analizadas en los juicios.

La tercera sesión de este proceso quedó fijada para el 28, cuando se espera que comiencen a desfilar por el juzgado los testigos y expertos que el Ministerio Público ha promovido para demostrar que López y los cuatro estudiantes (Marcos Coello, Christian Holdack, Ángel González y Demián Martínez) son los responsables de los hechos de violencia ocurridos tras la marcha opositora del pasado 12 de febrero.

Los fiscales estiman que el juicio podía prolongarse hasta 2015. «Tenemos más de 75 pruebas y testigos y con la agenda única (sistema automatizado para fijar juicios) solo se pueden fijar audiencias cuando hay disponibilidad», relató uno de los investigadores.

Más custodiado que Makled

Como viene ocurriendo cada vez que Leopoldo López es llevado a los tribunales, el Palacio de Justicia de Caracas amaneció fuertemente custodiado. Todas las calles aledañas al recinto fueron cortadas por la Guardia Nacional Bolivariana, la cual colocó vehículos blindados que despliegan muros metálicos y además decenas de uniformados ataviados con equipos antimotines fueron movilizados.

Dentro de la sede judicial, el operativo también se dejó sentir. En el piso 1, cuatro militares impedían el paso a quienes querían acercarse a la sala de audiencias del lado norte, donde se viene desarrollando el proceso contra el opositor.

Frente a la sala varios militares más y efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), éstos últimos portando fusiles de asalto, estaban atentos a todo lo que ocurría.

Sin embargo, en el segundo piso el despliegue era menor. El pasillo hacia la sala de audiencias del lado norte estaba libre y apenas un alguacil y algunos agentes del Sebin se dejan ver, aún cuando en ese sitio estaba previsto que ayer continuara el juicio contra el presunto narcotraficante Walid Makled, sus tres hermanos y varios empleados por tráfico de drogas y sicariato.

JUAN FRANCISCO ALONSO

 EL UNIVERSAL

A 17 años y cuatro meses de prisión fueron condenados los cinco funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), implicados en la violación de los Derechos Humanos de tres jóvenes detenidos en la sede del cuerpo policial en El Rosal, Caracas, durante mayo de 2011.

Así lo informó este jueves la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de su programa En sintonía con el Ministerio Público, a través de Radio Nacional de Venezuela.

Ortega Díaz sostuvo que esta sentencia se logró gracias a la contundencia de la investigación y acusación del Ministerio Público (MP): «Estábamos frente a una violación de los derechos humanos y por supuesto que hubo respuesta por parte nuestra».

Comentó que el MP tuvo que hacerse cargo de la investigación del caso ya que el mismo cuerpo policial al que se le atribuye la violación «no puede hacer la experticias por estar implicado».

La Fiscal dijo que los tres jóvenes no fallecieron por asfixia como se determinó en la primera autopsia, «sino que habían sido torturados y golpeados» y añadió que los cuerpos fueron exhumados para determinar las verdaderas causa de las muertes.

En mayo de 2011, se informó que dos ciudadanos que permanecían detenidos en la División de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicado en El Rosal, fallecieron. Según la autopsia de ley, ambas personas murieron por edema cerebral a determinar con examen toxicológico.

Los ciudadanos fueron identificados como William Nazareth Pérez Tovar, quien ingresó el 25 de mayo a la sede judicial, y Pedro Cirpriano Rivero Rivas, de 32 años. Una tercera persona detenida estuvo convaleciente en el Hospital de El Llanito con una fractura craneoencefálica, pero falleció.

Fuente: AVN

La persona que resultó herida la mañana del lunes 4 de agosto, cuando asesinaron al ganadero Juan Alberto Montalti Lovera, en el restaurante Rey David del Centro Comercial La Boyera Plaza, será presentada en las próximas horas en los tribunales de Control de Caracas, según informaron sus familiares.

Pedro Gerardo Gutiérrez recibió un tiro en el pecho, fue intervenido quirúrgicamente en el Centro Médico Docente La Trinidad, el día de los hechos. Posteriormente fue trasladado hasta el hospital Domingo Luciani de El Llanito, donde estuvo hasta la noche del martes, cuando comisiones del Cicpc lo buscaron y lo trasladaron hasta la sede de la División Contra Homicidios, en la avenida Urdaneta.

«Nuestro hermano dice que él estaba reunido con el señor Montalti para un negocio de venta de aceites de motores diesel. Él llegó el domingo de república Dominicana, donde vivía desde hace tres años», relató Noleiska Mejía, hermana de Gutiérrez.

Pedro Gutiérrez estuvo en Maracaibo la noche del domingo 3 de agosto, se comunicó con su hermana y le dijo que había llegado de Dominicana. Que viajaría a Caracas y luego regresaría a donde vivía con su familia.

«El nos dijo que el escolta de Montalti lo fue a buscar al aeropuerto y lo llevó hasta el local donde pasó todo. Pero dice que él no sabe más nada», comentó la hermana.

Los hermanos de Gutiérrez rechazan que quieran implicar a esta persona en el asesinato del ganadero, que según el ministro de Relaciones Interiores, Justicia tendría vínculos con el narcotráfico.

THABATA MOLINA

  EL UNIVERSAL

En los dos meses que lleva recluido Carlos Mujica en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en al menos tres ocasiones los médicos han considerado su alta médica. Mujica fue ingresado en junio pasado luego de un aparatoso accidente de tránsito que comprometió algunos de sus órganos. Con la urgencia del caso, fue operado para detener un derrame interno y corregir algunas fracturas en sus piernas.

«El proceso de recuperación es muy lento y aún requiero otra intervención», afirmó el paciente, quien pidió no identificar el servicio donde permanece recluido por temor a que lo «echen a la calle».

La falta de insumos básicos, material quirúrgico y, en algunos casos, reactivos para procesar exámenes especializados, ha superado la capacidad de atención de ese hospital que suma 1.100 camas y que depende del Ministerio de la Defensa, que hasta hace unos meses resultó ileso de la crisis sanitaria que atraviesa el país.

Algunos médicos y enfermeras del recinto aseguraron que hasta finales del año pasado trabajaron sin mayores problemas, en lo que a insumos respecta. Sin embargo, señalan que en lo que va de 2014 han enfrentado importantes fallas, que los han obligado a limitar la atención a civiles. Una orden que no ha sido oficializada, pero que en la práctica es acatada por el personal de admisión, enfermeras y médicos.

Las cifras de personas atendidas rinden cuenta de ello. Solo el 4 de junio de este año el Hospital Militar admitió a un total de 60 personas, que debían ser hospitalizadas por afecciones importantes. El martes 12 de agosto, el centro asistencial solo aceptó a 18 pacientes. Hasta ayer en la tarde, el centro asistencial solo había admitido a dos enfermos que requerían cuidados especiales, uno de ellos civil y otro militar. Así lo confirman los libros de admisión. Ello supone 94% de disminución en la cantidad de pacientes admitidos en los últimos dos días, con respecto al 4 de junio.

En el hospital Militar 90% de los pacientes atendidos son civiles, personas no afiliadas al servicio, lo que supone un descontento de parte de los militares, quienes subsidian los gastos de atención. Desde el pasado 17 de julio el centro está bajo la tutela de la contralmirante Elsa Gutiérrez, quien solo tiene formación militar.

«Estamos dando prioridad a los afiliados porque hay un desfase en la atención. Hay muy pocos recursos y hay que saber administrarlos para los militares», argumentó una enfermera que pidió resguardar su identidad. El personal de salud desconoce si las restricciones a la población civil se trata de una medida definitiva o una decisión temporal mientras la nueva administración resuelve la coyuntura.

La situación también salpica al servicio de Emergencia Pediátrica que en días ordinarios atiende hasta 25 casos. El personal de salud advierte que desde hace un mes la atención está limitada para los pacientes no afiliados. El servicio dispone de siete camas pero solo tres están ocupadas, según declararon fuentes. En ese servicio la falta de inyectadoras es una constante.

Aunque se intentó conocer la versión oficial no fue posible conversar con la contralmiranta Elsa Gutiérrez Graffe, actual directora del Militar, a pesar de que el reportero de El Universal estuvo esperándola varias horas.

Pedro Aparicio, de El Valle, relató en el Servicio de Gastroenterología que su esposa debió llevar guantes, inyectadoras y hasta la anestesia para practicarse una endoscopia, como parte de los estudios exploratorios.

El centro que fungía como desahogo para la red hospitalaria del Ministerio de Salud, ahora se apoya en sanatorios como el Pérez Carreño, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, para redireccionar a los pacientes rechazados.

Perdieron la cita

María Ramírez, quien dijo aguardar desde el mes de enero por una consulta de neurología, reiteró que no fue atendida por falta de insumos. «Me dijeron que yo no padecía nada grave y que solo están atendiendo a los afiliados». Quienes aguardan desde principio de año por un examen denuncian la misma problemática, pues indican que los laboratorios del hospital están en cierre técnico. Más de 600 personas se encuentran en esa situación.

La restricción de alimentos a los pacientes recluidos en el área de emergencia la semana pasada fue objeto de molestia para algunos. La presión y el reclamo de los familiares obligaron a reanudar el servicio.

JULIO MATERANO

 EL UNIVERSAL

Las investigaciones del caso de la mujer desmembrada, cuyo tronco fue localizado en la mañana del domingo en un basurero situado entre las esquinas de Puerto Escondido a Maderero de la parroquia San Juan, en la ciudad de Caracas, se encuentran bien adelantadas y en el transcurso de las próximas horas, el director nacional del Cicpc, comisario José Gregorio Sierralta, podría ofrecer declaraciones a los periodistas dando el caso como resuelto.

De acuerdo a las fuentes citadas, la muchacha, identificada como Yesenia Patricia Mujica González, de 20 años de edad, de buen físico y de grandes atributos, así como estudiante de Mercadeo, en un instituto universitario situado en Sabana Grande, en Caracas, mantenía orientación hacia el lesbianismo.

Se dijo que una mujer, aparentemente compañera de estudios, quien supuestamente está siendo investigada por las autoridades del Cicpc, acosaba a la joven. Era un constante acoso por la belleza de la muchacha.

El día viernes, luego de haber cumplido con sus obligaciones de trabajo en una agencia del Banco Bicentenario, en la urbanización El Rosal, Yesenia, junto con otros compañeros de estudios, se trasladó a una discoteca de ambiente, en Los Cortijos.

Y en la madrugada del día siguiente, la universitaria desapareció misteriosamente y su cuerpo fue localizado la mañana del domingo sin las extremidades y sin cabeza. Por la forma como sucedieron los hechos y de los antecedentes que se derivan de esta historia, el homicidio se inclina hacia un drama pasional.

Sospechan de una estudiante y en el hecho participaron otras personas que también están siendo investigadas por las autoridades policiales. Ayer, luego de los trámites correspondientes, los familiares pudieron enterrar los restos de Yesenia Mujica González sin la respectiva cabeza.

Se trata de un caso atípico en la ciudad de Caracas y el asunto como tal llamó la atención de los lectores del matutino de los valles de Aragua.

FOTO REFERENCIAL

LUIS ANTONIO QUINTERO 

EL SIGLO

Este miércoles se cumplieron cinco años de aquel 13 de agosto de 2009, cuando doce periodistas de la Cadena Capriles (ahora Grupo Últimas Noticias) fueron golpeados salvajemente por seguidores del oficialismo, en pleno centro de Caracas.

Aunque los agresores están identificados y la Fiscalía cuenta con suficientes pruebas, el ataque permanece impune por los retrasos injustificados en los que ha incurrido el Ministerio Público.

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, quien fue uno de los agredidos, dijo que «ante la inacción de los órganos de justicia del Estado venezolano, las agresiones contra trabajadores de la prensa se han mantenido. Desde 2009 hasta la fecha se contabilizan al menos 1.482 ataques a la libertad de expresión”.

Escrito por Juan Carlos Salas

 EL IMPULSO

Desde tempranas horas de este jueves, habitantes de la comunidad Maximino Rojas en Palavecino cerraron la Intercomunal Cabudare-Barquisimeto, en el tramo La Mora- La Piedad en ambos sentidos.

Según informó nuestro periodista del municipio Palavecino Luis Perozo Padua, la protesta se debe a incumplimiento del proyecto de aguas blancas y servidas que han presentado a Hidrolara desde 2008.

Denuncian que esta situación afecta a 450 familias de la comunidad.

La importante arteria vial está colapsada por el cierre en ambos sentidos, autoridades de la Alcaldía de Palavecino, Gobernación de Lara y funcionarios de la GNB se apersonaron en el lugar pasada las nueve de la mañana.

FOTOS: @gastoncarmona @hambrosino

EL IMPULSO