La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, desmintió que con la instauración del Congreso Ciudadano se este montando una «tienda aparte» que favorezca la división en la Mesa de la Unidad (MUD). Indicó que esa visión es parte del «desconocimiento» y la influencia del Gobierno en la opinión pública.

«El Congreso Ciudadano no es una iniciativa que busca dividir, por el contrario, fortalecer y ampliar la Unidad», expresó en una entrevista para el Circuito Éxitos.

Añadió que la MUD tiene una reunión hoy miércoles, donde va a participar, y dijo que se está llevando adelante un proceso de «reflexión y organización como coalición política para vincularse y unirse con la sociedad en todas sus formas».

«Un país fragmentado, en una crisis económica y política amerita un esfuerzo enorme de nosotros los ciudadanos, y lo que planteamos es una alineación de abajo hacia arriba donde podamos articularnos todas esas fuerzas sociales, políticas, ciudadanas, en todos los rincones del país», dijo.

Ofreció detalles sobre la participación de distintas fuerzas políticas en la primera reunión del congreso, y aseguró que 18 partidos políticos apoyan el movimiento.

«Además de unidad con una visión compartida del país es importante lograr la organización, y ese es el planteamiento fundamental que hacemos al país (…) Creo importante lograr esa articulación entre la sociedad y los partidos, y más en un momento como el actual donde no es una lucha solamente electoral frente a la destrucción del país, la represión, la aceleración de las amenazas y las violaciones en libertades civiles y ciudadanas todos tenemos que organizarnos y reaccionar haciéndolo juntos. Ese es el planteamiento; hacerlo todo el país».

Sostuvo que el Congreso busca crear «esa articulación, esos mecanismos de comunicación entre los líderes de cientos de organizaciones».

«Hay una fuerza ciudadana que quiere un cambio político urgente y donde queremos escucharnos, conseguir tareas y avanzar», indicó.

EL UNIVERSAL

Dos niños murieron luego de desatarse un incendio en la vivienda que habitaban la madrugada de este miércoles.

Los fallecidos Rodribel Piñango, de 10 años y Rosnaide Piñango (6).

El incendio ocurrió a las 06:04 de la madrugada en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura del sector Río Grande, adyacente a la Manga de Coleo Gustavo Orta.

Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda.

FOTO REFERENCIAL

Jenny Oropeza

 DIARIO 2001

Antes la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a 21 años de prisión el sargento mayor de primera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Frank Guédez Domínguez (42), quien admitió antes del inicio de la audiencia de juicio, haber abusado sexualmente de dos niñas de 7 y 8 años, en el año 2010, en Barquisimeto, estado Lara.

La fiscal 16° de esa jurisdicción con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Natalí Amaro, ratificó la acusación contra el efectivo castrense por incurrir en el delito de abuso sexual agravado, en perjuicio de las dos pequeñas.

La audiencia se llevó a cabo ante el Tribunal 1° de Lara en materia de Violencia contra la Mujer, instancia que luego de analizar las pruebas y escuchar la admisión de hechos del GNB, procedió a condenarlo. La pena la cumplirá en el Internado Judicial de El Marite, en Maracaibo, estado Zulia.

A pesar de que el efectivo venía incurriendo en esa práctica desde el 2010, fue en el 2011 cuando el hecho trascendió, luego que le hicieran llegar hasta el despacho del comandante del Comando Regional N° 4, con sede en Barquisimeto, un CD con fotografías en las que aparecía el funcionario abusando sexualmente de las niñas.

De esta manera, el sargento mayor de la GNB fue detenido 14 de abril de 2011 en la sede del Comando, luego de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público al Tribunal 1° de Control de Lara.

DIARIO LA VERDAD

De nuevo, en Puerto Ordaz, los perdigones rasgaron el aire y fueron a parar en los manifestantes. De nuevo las bombas lacrimógenas dispersaron una manifestación y, una vez más, quedó en evidencia que las amenazas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no eran simple entelequia.

¿Cuáles amenazas? Las proferidas el 6 de agosto a través de la cuenta de Twitter @GNBCORE8 contra los dirigentes del Sindicato de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss).

“Nuevamente los sindicalistas de Sidor ahogan al Pueblo, o como (sic) llamamos esto (sic)”. Como complemento del mensaje, cuatro imágenes: tres de protestas y trancas y una cuarta del presidente del sindicato, José Luis Hernández.

Un segundo tuit, en el que se advertía sobre represalias contra los sidoristas en caso de manifestaciones, fue borrado de la cuenta un día después de la publicación.

El asunto, más que una ligereza, y además de abrir el debate en foros y redes sociales, ha acentuado el tono de las críticas en cuanto a las actuaciones militares en las manifestaciones públicas. Como ocurrió el lunes pasado en la avenida Guayana. Como ocurrió, de nuevo, ayer en frente de la sede del Comando Regional (CORE 8).

Derecho irrefutable

El repudio hacia los métodos de actuación de la GNB ha encontrado asidero en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente en sus artículos 68 y 329.

Comenzando por el último, sobre la GNB recae la responsabilidad principal de conducir “las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley”.

El otro punto de la responsabilidad lo establece el artículo 68: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

Para no dejar asidero para las dudas, remata que “la ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Rechazo

Sobre todo ello se han sustentado los puntos de crítica en torno de la actuación militar, incluso dentro del mismo chavismo.

Por ejemplo, la Corriente Marea Socialista introdujo este martes, en la Fiscalía General de la República, un documento para exigir la investigación de lo ocurrido, con énfasis en la actuación castrense.

Otra de las organizaciones que repudió los hechos del lunes, al punto de catalogar, por ello, al gobierno de Nicolás Maduro como “dictadura”, fue la Unión de Trabajadores Revolucionarios de los Altos Mirandinos.

A través de su representante, Ricardo Pérez, la organización criticó el “carácter antiobrero y coercitivo” que dejó al descubierto un cariz “fascista” del Gobierno, según una nota que reproduce el diario La Región.

La Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, por su parte, se manejó con más cautela y tibieza que otras corrientes.

“Hay que hacer un acercamiento entre la gerencia y los trabajadores, y oír cómo vamos a lograr que la empresa eche hacia adelante y se produzca para el país, para la Misión Vivienda y las otras que lo necesitan”, recomendó su presidente, Wills Rangel.

Pero el mayor revuelo lo generó, el mismo lunes, la diputada Ana Elisa Osorio, al pedir en su cuenta de Twitter (@Anaelisaosorio) la rectificación de Nicolás Maduro respecto de la arremetida, no sin recordar que en el estado Bolívar sí hay mafias, pero no justamente en Sidor. ¿Nombres? Ninguno.

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Un ciudadano que se disponía a eso de las 8:30 de la mañana de este martes a abandonar su residencia signada con el número 150-A, ubicada en la sexta transversal cruce con la avenida Sur, en la urbanización Mata Redonda para dirigirse al perímetro de la ciudad, presumiblemente a su sitio de trabajo, resultó herido de un balazo a la altura de la cabeza y su estado de salud es delicado.

Según la información de los vecinos, Julio Rafael Díaz Martínez, de 64 años de edad, padre de familia y de oficio técnico en refrigeración, luego de tomarse su respectivo cafecito y desayunar en la grata compañía de su esposa, salió al estacionamiento con la intención de abordar su vehículo, un Ford Fiesta, tipo Balita, de color verde, matrícula DBJ-33S.

Cuando se disponía abrir la puerta del carro para calentar el motor y trasladarse a un lugar de la ciudad, cuatro individuos que se acercaron en dos motos, le pegaron un grito diciendo: «Quieto, esto es un asalto».

Sin embargo, Díaz Martínez, como pudo corrió desesperadamente hacia la vivienda para protegerse de la acción de la delincuencia y desde las afueras del inmueble los antisociales efectuaron varios disparos, en señal de ira y frustración de no ejecutar el robo del vehículo en mención.

Uno de los disparos ingresó a la residencia a través de la ventana e hizo blanco en la región craneal del técnico en refrigeración. Ante la situación de alarma, los moradores salieron en defensa de la víctima del hampa.

Poco después Julio Díaz fue trasladado al Hospital de Los Samanes y ante la gravedad del caso al HCM, en donde quedó bajo observación de los facultativos de guardia. Los paramédicos del Servicio Integral de Atención de Emergencia, 911 Aragua, en una ambulancia especial, realizaron el traslado del paciente.

Vale indicar que algunos profesionales del volante, quizás desconociendo el concepto de emergencia como tal, obstruyeron el paso de la ambulancia hacia el Hospital Central de Maracay. Se recomienda a los ciudadanos de buen corazón y sentido humanitario, despejar las arterias viales cuando observen un vehículo especial, solicitando el paso libre de la unidad. En un momento de aprieto, salvar una vida no cuesta nada.

Por otro lado, vecinos de la comunidad denunciaron que en la urbanización Mata Redonda frecuentan sujetos sospechosos que se instalan estratégicamente en las esquinas esperando a que los ciudadanos salgan de sus casas para ejecutar sus acciones delictivas.

A través de este medio de comunicación, solicitaron mayor presencia policial en horas de la mañana y en las noches. Pidieron que se restituya la comisaría que anteriormente estaba situada en Mata Redonda.

LUIS ANTONIO QUINTERO

EL SIGLO