Los señalamientos del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra trabajadores de Sidor ha desatado molestias en el seno del movimiento sindical, que ve con preocupación la violación al derecho a la protesta.

Yunis Hernández, presidente de Unidad Matancera, corriente sindical adscrita a Sutiss, manifestó que el movimiento siderúrgico tiene toda la razón de protestar por la firma del contrato, además porque es un derecho constitucional. Destacó que en 52 años que tiene Sidor, nunca había pasado que la convención tuviese más de un año de vencida y la actual ya lleva cuatro años.

«Las razones para seguir protestando las tenemos. El Gobierno está obligado a sentarse a discutir el contrato, esa pelea de los chavistas no nos interesa», enfatizó.

Hernández señaló que los trabajadores gozan de salarios de hambre», producto de una escalada inflacionaria.

Froilán Barrios, del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), consideró que las exigencias de Sidor son similares a las de millones de trabajadores del sector público que demandan una discusión plena de los contratos colectivos y respeto a la libertad sindical que se ha visto constreñida en los últimos años.

Señaló además que la protesta de los sidoristas es justa porque el propio expresidente Hugo Chávez se comprometió en agosto de 2012 a aprobar la convención. A su juicio, las amenazas de Cabello son un alerta porque «quieren imponer el modelo chino donde el sindicalismo es del Estado».

De acuerdo a Unidad Matancera, son 11 cláusulas del contrato que esperan por el visto bueno. Justamente, todas tienen que ver con los beneficios socioeconómicos (salario, vacaciones, tabulador utilidades, entre otros). El llamado al sindicato y al gobierno es a buscar una salida honrada, expresó el vocero del grupo sindical.

Rechazó que se acuse a los sidoristas de solicitar 800 mil bolívares de retroactivo, como afirmó Cabello. «Eso es falso», determinó Hernández. A su vez, ratificó que los trabajadores siempre han estado comprometidos con la producción de la siderúrgica ante la posibilidad de que los ajustes salariales estén atados a la productividad. «Nos negamos a que el Gobierno nos de dádivas. Estamos en la capacidad de producir nuestras propias ganancias», resaltó.

Recordó que en 2008, previo a la nacionalización, Sidor alcanzó un récord histórico 4 millones 350 mil toneladas métricas de acero líquido, y hoy no llega ni al millón de toneladas, según Hernández, quien atribuyó la situación a la falta de insumos, a las deudas con los proveedores y al desorden administrativo.

Al respecto, Barrios agregó que el responsable de la ruina de Sidor es el Gobierno que ha aumentado la nómina de seis mil trabajadores a casi 14 mil y ha impuesto cargos gerenciales que responden a intereses partidistas.

El presidente de Unidad Matancera precisó que los 2.500 trabajadores en comisiones de servicio fueron avalados por el Gobierno y recordó que el presidente de la Asamblea Nacional formaba parte de la junta directiva de Sidor. «Son activistas políticos del Psuv, así que no venga a esgrimir esos argumentos para restar fuerza a los reclamos laborales», resaltó.

EL UNIVERSAL

En el primer semestre del 2014 la agricultura nacional estuvo marcada por los efectos de la intensa sequía, que no da tregua. Los agricultores han tenido que adaptarse a la disponibilidad de agua que tienen en los pozos y represas y reconsiderar sus estimaciones de siembra por lo cual la producción local no será superior a la registrada el año pasado.

De acuerdo con los resultados que maneja Fedeagro, los cereales, la caña de azúcar y la ganadería son los rubros más afectados.

En arroz no se lograron las estimaciones de siembra previstas para este momento del año. Antonio Pestana, presidente del gremio, dijo que la intención era cultivar 90 mil hectáreas de arroz en ¿Portuguesa y 18 mil hectáreas en Guárico.

«Ninguna de las dos las hemos cubierto. Estamos haciendo esfuerzo por seguir. En estos momentos la siembra de arroz está por debajo de la del año pasado. Vamos a cerrar con una menor área de siembra», explicó Pestana.

En maíz el panorama tampoco es muy alentador. Los resultados de la oficina regional del Ministerio de Agricultura y Tierras reportaron 200 mil hectáreas sembradas. «Nosotros creemos que está por el orden de las 190 mil hectáreas, que es muy parecido al resultado del año pasado».

El exceso de lluvias en el estado Barinas tampoco ha permitido cumplir con los lapsos de la siembra. Pestana explicó que se lograron sembrar entre 45 mil y 50 mil hectáreas de maíz. En Yaracuy hay sólo 26 mil hectáreas sembradas.

En Guárico la situación de la producción de maíz es crítica. Las estimaciones iniciales apuntaron hacia 150 mil hectáreas y, hasta el viernes pasado, había entre 75 mil y 80 mil hectáreas sembradas, de las cuales 30 mil están sin germinar.

«Así llueva mucho de aquí en adelante, la situación en Guárico está muy comprometida con el maíz y aspiramos de que podamos cubrir las áreas no sembradas con sorgo», señaló Pestana.

En producción de caña de azúcar las proyecciones apuntan a que la producción será inferior a la registrada el año pasado. El cultivo, que depende del sistema de riego, ha sido el más golpeado por la sequía.

Los productores, preocupados porque no alcanzarán las metas previstas, propusieron en la Comisión Presidencial Agroalimentaria, celebrada en Maracaibo la semana pasada, que es el momento de evaluar las importaciones que serán necesarias para cubrir el déficit que registrará la producción nacional, a fin de mantener el abastecimiento.

«Si bien es cierto que no promovemos la importación, también es cierto que somos responsables con los consumidores, y ante los volúmenes que no podemos producir, hacemos un llamado al Ministerio de Alimentación para importarlos a tiempo», señaló el presidente de la organización.

En ese sentido, exhortaron al ministro de Alimentación, Hebert García Plaza, a sentarse con los productores para definir tanto las cantidades como el momento en que deberán llegar dichas importaciones.

«Es importante sentarnos para concertar todos los números y saber qué es lo que de verdad se necesita traer al país», dijo.

Pestana señaló que en el occidente del país ya culminó la cosecha, y a partir de esos resultados se pueden tener las estimaciones de importación.

En apuros

Este año los productores de girasol sembraron la mitad del área de 2013, debido a las restricciones que hay en el sector industrial para procesarlo. Pestana denunció que las industrias están pagando el precio viejo de Bs 5,4 por kilo, en lugar de los Bs 12 vigentes.

La producción de naranja también registró perdidas de 60 mil toneladas del rubro porque no hubo comprador. «El destino de esas naranjas era la agroindustria y como no la compraron se perdió. Ahora están pidiendo licencias para importador concentrado. Pedimos que no sean autorizadas», dijo.

EL UNIVERSAL

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está considerando ofertas de inversionistas interesados en comprar su filial de refinación Citgo en Estados Unidos.

Así lo dijo este jueves el grupo de investigación de la industria Argus Media en su sitio de internet.

El Gobierno venezolano ha recibido tres ofertas separadas de compra de Citgo a través de Goldman Sachs, JP Morgan y Deutsche Bank, dijo Argus Media citando a funcionarios del ministerio de Petróleo.

“Las ofertas están en el rango de 10.000 millones a 15.000 millones de dólares por los activos de Citgo, incluidas tres refinerías con una capacidad total para procesar 750.000 barriles por día (bpd), 48 instalaciones de almacenamiento de derivados, tres oleoductos propios y parte de la propiedad en otros seis ductos en Estados Unidos”, dijo la firma en internet.

PDV America Inc, una subsidiaria indirecta propiedad de Pdvsa, es dueña de la refinería Lake Charles, en Louisiana, con capacidad de 427.800 bpd, la refinería de Corpus Christi en Texas con capacidad de 163.000 bpd y Lemont, en Illinois, con capacidad de producir 172.045 bpd.

Citgo ha sido por mucho tiempo el cliente más importante de Pdvsa en términos de flujo de caja, al pagar los despachos al contado, por lo que su venta podría afectar las finanzas de la casa matriz, cuyos pagos de deuda a China se hacen con petróleo, afectando sus ingresos.

Banca y Negocios

Proponen que se levanten áreas públicas y privadas. Constructora Cohen espera participar en los planes del Gobierno.

Ante el anuncio de Ernesto Villegas, ministro de Transformación de Caracas, de que el Sambil Candelaria será desalojado de las familias que todavía habitan allí en situación de refugio, Alfredo Cohen, director de la Constructora Sambil, se mostró esperanzado.

“No hemos sido llamados por el Gobierno, pero esperamos que lo haga en su momento. Como empresa constructora y conocedora a fondo del Sambil de la Candelaria, estamos esperando la desocupación para ver cómo podemos ayudar al Gobierno, para darle un buen uso al establecimiento”, dijo Cohen a Últimas Noticias.

La familia Cohen presentó en el año 2009 un proyecto de reconstrucción de carácter mixto, público y privado. Es decir, la propuesta para ese Sambil incluye áreas de locales comerciales tradicionales y un gran sector llamado “ciudad comunal” que podría albergar oficinas de entidades estatales de atención al público como la Onidex, el Banco de Venezuela, la Electricidad de Caracas, taquillas de la Alcaldía de Libertador y Movilnet, entre otras.

“Inicialmente presentamos el proyecto a Jacqueline Faría, pero ahora tenemos la esperanza de que Villegas lo retome y le dé vida”, dijo Cohen. Otras fuentes señalan que existe esa posibilidad, aunque el Gobierno no ha dicho nada concreto al respecto.

Sobre la zona. Las declaraciones del ministro Villegas sobre el Sambil ocurren en el mismo lapso en que el Gobierno desaloja la “Torre de David”, ubicada diagonal al centro Sambil Candelaria.

“En la Torre de David se podría hacer una gran torre de oficinas para varios ministerios”, aventuró Cohen. A su entender, toda esa zona de Caracas está siendo asediada por la delincuencia y se requiere un proyecto de recuperación.

El Sambil Candelaria fue entregado en 2009 al Gobierno por sus dueños, la familia Cohen, por orden del fallecido ex presidente Hugo Chávez. El Gobierno no procedió al pago correspondiente por concepto de expropiación. Y desde 2010 alberga familias refugiadas de las lluvias.

Banca y Negocios