El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizò este martes un operativo de destrucción de evidencias físicas que permanecían en resguardo y custodia del organismo por más de 20 años en la sede de Parque Carabobo.

Según declaró el director de la institución, José Gregorio Sierralta, se trataba de objetos como: botellas, colchones, bicicletas, zapatos, bebidas, entre otros. Éstos se encontraban vinculados a averiguaciones y procesos judiciales que ya habían sido cerrados, puntualizó.

Esta evidencia será llevada al relleno sanitario de La Bonanza.

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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló en su artículo de opinión que por parte de la institución venezolana han avanzado en el proceso de investigación sobre los hechos violentos ocurridos desde el 12 de febrero y acotó que “de las 3.346 personas aprehendidas en todo el país, a aproximadamente 1.400 se les ha dado libertad plena”.

Asimismo, indicó que “se iniciaron 183 investigaciones y se han presentado seis acusaciones por los delitos de homicidio y trato cruel“.

A continuación el texto:

A propósito de las manifestaciones violentas ocurridas en el país desde el 12 de febrero, la organización Amnistía Internacional nos solicitó una reunión para intercambiar información acerca de las actuaciones del Ministerio Público en tales casos.

La ocasión fue propicia para realizar un balance general de los hechos violentos registrados en Venezuela de febrero a junio de este año, situación que hasta ahora ha dejado un lamentable saldo de 43 personas fallecidas, entre ellas un fiscal del Ministerio Público y nueve efectivos de los cuerpos de seguridad; 872 lesionados; cuantiosos daños a la propiedad pública y privada, y la obstrucción del normal desarrollo de las actividades productivas.

Por parte de nuestra institución, hemos avanzado en el proceso de investigación y depuración de las causas tras una ardua labor ejercida por los fiscales. Así, de las 3.346 personas aprehendidas en todo el país, a aproximadamente 1.400 se les ha dado libertad plena o se les solicitó sobreseimiento.

Al día de hoy están privadas de libertad 88 personas, de las cuales solo tres son estudiantes y sobre quienes existen suficientes elementos de convicción que los comprometen en la comisión de un delito.

En materia de derechos humanos, se iniciaron 183 investigaciones y se han presentado seis acusaciones por los delitos de homicidio y trato cruel.

La oportuna información que hemos suministrado públicamente para que la población conozca las actuaciones fiscales a raíz de estos hechos, son prueba fehaciente del inquebrantable compromiso del Estado venezolano con los derechos humanos.

Se ha actuado con apego a la ley, aun en estas condiciones adversas en las que algunos sectores de la vida política nacional han desconocido el ordenamiento jurídico, las instituciones y a sus representantes.

En el Ministerio Público estamos comprometidos con el respeto de las garantías constitucionales, tal cual lo demuestran las actuaciones de nuestros fiscales y del equipo que conforman las Unidades Criminalísticas contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, dependencias creadas en 2009 y reconocidas internacionalmente como experiencia innovadora en la reafirmación y fortalecimiento de los derechos de los habitantes de este país.

Fiscal General de la República

PANORAMA

El concejal por el municipio El Hatillo, Reinaldo Díaz, rechazó y condenó el asesinato de Enrique Franceschi, alcalde del municipio Arismendi (Río Caribe) del estado Sucre, quien fue ultimado en su vivienda en horas de la madrugada del pasado domingo. Ante lamentable acontecimiento, el edil instó a las autoridades a dar con los responsables y a hacer justicia a » este venezolano que quería acabar justamente con la inseguridad que le quitó la vida a los 34 años», señaló.

A juicio de Díaz, el Ministerio Público debe hacer seguimiento a los fiscales 19 Nacional y Séptimo del segundo circuito del estado Sucre, Daniel D Andrea y Elvismaris Hernández, respectivamente, que comisionó para investigar la muerte de este mandatario regional. «La investigación debe ser exhaustiva y los responsables deben ser castigados con todo el peso de la ley, tanto para los actores materiales como intelectuales».

El concejal de El Hatillo precisó que este «atroz hecho pone evidencia la incapacidad del gobierno de Nicolás Maduro en materia de seguridad, pues no tienen la voluntad de proteger a los ciudadanos, sino de seguir endeudando y regalando el petróleo de los venezolanos», a la vez que resaltó que «no debemos permitir el asesinato de un venezolano más».

Reinaldo Díaz, quien es el concejal más joven del país, envió un mensaje de aliento y fortaleza para sus familiares, amigos y habitantes del municipio Arismendi.

EL UNIVERSAL

El coordinador nacional de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, sostuvo que «el hecho de que tengamos o no un CNE equilibrado va a ser fundamental para que Venezuela sienta que toda la crisis se pueda resolver electoralmente».

En cuanto a la participación de la oposición en la conformación del Comité de Postulaciones para la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que ese proceso va a ser crucial. «Debería haber acuerdos para que haya ciertas reglas de juego con el tema electoral que todo el mundo acepte», añadió.

Por otro lado, explicó que si todo el dinero prestan los chinos a través del convenio con Venezuela no se gasta bien, no tiene ningún efecto.

«Vienen prestando dinero a Venezuela desde hace algunos años y hay muchas obras que no se han puesto en funcionamiento. El drama de Venezuela es que no está produciendo. Es un país desempleado», indicó Borges al ser entrevistado en Venevisión.

Al ser interrogado sobre el pago de la deuda con China, que según anuncio del gobierno ayer está siendo pagada con petróleo, reiteró que «el problema es cómo se gasta el dinero. Más allá de pensar que esto nos va a salvar, le hago un emplazamiento al gobierno para que convoque al país y busquemos la manera de que Venezuela se convierta en un país con una economía pujante, productiva, que le ofrezca oportunidades a la gente».

Al respecto, explicó que para que ello suceda, el gobierno «debe respetar la propiedad privada, incentivar la iniciativa personal, permitir que se abran empresas en sectores cerrados a la economía. No es difícil pero hay que quitarse la política de la cabeza».

Por otro lado, recordó que la Ley del Primer Empleo es una oportunidad para los jóvenes, aunque reconoció que el proyecto presentado por su partido difiere del modelo del gobierno. «La nuestra premia a las empresas que contratan jóvenes: se le pueden bajar los impuestos a las empresas, o el gobierno paga la carga laboral y la empresa paga el sueldo, o la empresa forma a los jóvenes y el gobierno le paga por ello. Es una ley que busca estimular y premiar la contratación; la del gobierno busca crear cupos. Obligan a las empresas a crear cupos de la nada».

VÍCTOR LA CRUZ

  EL UNIVERSAL