El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) dispuso para este martes 15 de julio varios módulos de cedulación, donde la población podrá renovar su documento de identidad.

Con solo presentar la copia de la cédula de identidad vencida o extraviada, quienes requieran un nuevo documento podrán acudir a los siguientes puntos:

AVN.

El pasado sábado en horas de la mañana fueron halladas las manos y una cabeza de un hombre en las adyacencias del Mercado de San Martín que aparentemente habían sido lanzadas desde la parte alta de la autopista Francisco Fajardo y no fue sino hasta hoy que las autoridades del Cicpc determinaron que se trataba de los restos de un comerciante de origen portugués que estaba secuestrado desde el pasado 8 de julio.

La víctima fue identificada como José Enrique Maia Sardinha, quien fue plagiado a las 4 de la mañana en la tercera avenida de Montalbán.

Posteriormente los plagiarios se comunicaron con la esposa de Maia a quien le solicitaban una fuerte cantidad de dinero a cambio de la liberación.

Los familiares de la víctima habían formulado la denuncia ante el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, quienes rastreaban los números desde los cuales se comunicaban los secuestradores con los parientes de Maia Sardinha.

La investigación por este caso estaba a cargo del fiscal 40 del Área Metropolitana de Caracas, José Ernesto Graterol.

Las autoridades del GAES habían hecho un rastreo telefónico ‎de todos los números que utilizaron los plagiarios para comunicarse con los familiares de la víctima y entre ellos, en la hora y el lugar donde ocurrieron los hechos.

En la actualidad procuran hallar el resto del cadáver del comerciante.

Thabata Molina

EL UNIVERSAL

La Asamblea Nacional (AN) realizará este martes la segunda discusión del Proyecto de Ley de Telesalud, que plantea la digitalización del servicio de historias médicas y consultas en el Sistema Público Nacional de Salud con el fin de integrar toda la red hospitalaria, ambulatoria y la Misión Barrio Adentro.

El proyecto prevé la sistematización de las historias médicas, para que todas las instituciones relacionadas con la salud manejen la misma base de datos. Adicionalmente, busca incidir en una especie de cédula de salud por persona, mediante los datos clínicos, que incorporará la situación actual del paciente, antecedentes personales y familiares, sus hábitos y todo aquello vinculado con la salud de la persona, refiere la AN en su página web.

Este instrumento, cuya consulta se llevó a cabo de manera itinerante en todo el territorio nacional, amplía su impacto en los procesos de atención médica en las actividades relacionadas con la Telesalud en el país.

Ochoa comentó que a través de ese instrumento se garantiza la incorporación de la tecnología de información y comunicación para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, como medio para la satisfacción de derechos para un mejor vivir.

Fuente: AVN

Para la diputada defenestrada y líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, fue una «sorpresa» revisar su expediente y encontrar que el Ministerio Público desde hace un mes la imputó del delito de instigación pública por participar de las protestas que se iniciaron el 12 de febrero.

«Me enorgullece haber acompañado, acompaño y seguiré acompañando a los estudiantes y al pueblo de Venezuela en la exigencias de sus derechos», dijo Machado quien acudió este lunes al Palacio de Justicia acompañada por los abogados, Tomás Arias y Juan González, para solicitar la revisión de su expediente y conocer las razones por la cual el Tribunal 16 de Control dictó una medida de prohibición de salida del país.

Indicó que «nunca había sido notificada» de tener una investigación abierta por las mismas razones que el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y que se enteró de la medida de prohibición de salida del país por una información publicada por los medios de comunicación y por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien en su programa de televisión, ‘Con el Mazo Dando’, hizo lectura del expediente, lo que calificó de «ilegal e inconstitucional» porque «una investigación penal es reservada».

«El capitán Cabello tuvo acceso a mi expediente y yo no. Nunca supe que se me seguía una investigación. No se me acusa de algo que haya dicho o hecho, se me acusa por la interpretación de otros sobre lo que yo dije», precisó Machado.

Aseguró que esta nueva imputación es para «atacar a todos los venezolanos que quieren un cambio para el país en el marco de la Constitución».

«Nos atacan porque van de salida. Esta gente sabe que este (socialismo) es un modelo fracasado y creen que con estas demandas o medidas nos van a callar», resaltó.

La líder del movimiento Vente Venezuela informó también sobre las acciones que tomará su equipo de la defensa. «En los próximos días apelaremos la medida de prohibición de salida del país y nos toca esperar que culmine la fase de investigación para conocer si la Fiscalía me acusará o no por el delito de instigación pública».

María Corina Machado aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los miembros de la Sala Constitucional del TSJ, a la fiscal Luisa Ortega Díaz y al general Vladimir Padrino López. «Cuando se dice que no hay derecho a la protesta y las Fuerzas Armadas sí puede participar de actividades proselitistas, se le hace un daño profundo no solo a la institución militar sino a la República y por eso es que los venezolanos debemos reorganizarnos para lograr la transición a la democracia y la libertad», dijo.

ALICIA DE LA ROSA

 EL UNIVERSAL

El diputado al Consejo Legislativo de Mérida, Ramón Guevara, informó que en los próximos días introducirán un recurso de nulidad de la nueva Constitución del estado Mérida ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Asimismo, Guevara aseguró que la consulta de la reforma no se realizó por lo que la deja «sin sustento básico». Igualmente, afirmó que el texto es inconstitucional, puesto que a su juicio “representa un segmento partidista”, al ser esta una connotación incorporada en el preámbulo de la constitución, lo que destacó, no reviste de legalidad.

Fuente: El Periodiquito

El ejercicio del periodismo en América Latina es sinónimo de riesgo y de peligro. A esta conclusión se arriba al revisar el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se denuncia que entre enero de 2010 y noviembre de 2013 78 comunicadores y trabajadores de los medios fueron asesinados, mientras que decenas más fueron desaparecidos o forzados a dejar sus lugares de trabajo; y otros cientos fueron amenazados y hostigados por cumplir su misión: Informar a sus conciudadanos sobre lo que ocurre a su alrededor.

Al presentar el texto sobre «Violencia contra periodistas y trabajadores de medios», en una videoconferencia desde Washington (Estados Unidos), que en Venezuela organizó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la relatora Catalina Botero, hizo votos porque los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) atiendan las recomendaciones que en él se formulan, por el bien de la democracia.

«La relación entre los periodistas y el poder nunca será fácil, porque ellos deben exponer las fallas, los casos de corrupción, etc. Los gobernantes tienen que entender que sin la libertad de expresión la democracia se disuelve», alertó la jurista colombiana.

Tras aseverar que un elemento fundamental para reducir el riesgo que se cierne sobre los periodistas es que «los funcionarios en su discurso legitimen su labor», Botero reclamó que se desarrollen protocolos sobre como tratar a los comunicadores en casos de manifestaciones o alteraciones del orden público y que se sensibilice a los funcionarios sobre la tarea que estos profesionales desempeñan.

«Hay funcionarios que no entienden que los periodistas están para velar que ellos hagan bien su trabajo», dijo.

Estas palabras de la Relatora dieron pie para que luego desde el IPYS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) se denunciara el «alarmante» aumento de las agresiones contra periodistas registrado durante las protestas estudiantiles.

El secretario general del SNTP, Marcos Ruiz, informó que la organización contabilizó 231 ataques contra 165 comunicadores. Además informó que registraron 99 casos de hostigamiento que «incluyeron amenazas de desaparición», 55 agresiones físicas, 43 robos de equipos y 33 detenciones.

«Más del 65% de los casos tienen como victimario a cuerpos de seguridad, siendo el principal la Guardia Nacional», dijo.

Botero, por su parte, agregó que cuando las medidas preventivas fallan y se registra una amenaza o un ataque el Estado debe actuar.

«El Estado debe proteger a los periodistas y esto es costoso, pero es más costoso que lo que se roban por la corrupción que aflora cuando la prensa es silenciada», apuntó.

Sin diferencias

Botero criticó el trato especial que en algunos países se le da a los casos de comunicadores, pues «el crimen cometido contra un periodista no es más grave que contra un ciudadano, ya que toda vida es sagrada, lo que pasa es que cuando se ataca a un periodista, a un defensor de Derechos Humanos o a un sindicalista se manda el mensaje de que hay temas que no se pueden tratar».

Pese a la observación anterior, la Relatora indicó que en el informe se formulan algunas recomendaciones a las autoridades para investigar los casos en los que las víctimas sean trabajadores de los medios entre las cuales destacó: Sacar la investigación del ámbito de actuación de los sospechosos y revisar en qué estaba trabajando el afectado.

En un posterior encuentro con la prensa, el catedrático en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Héctor Faundez, aprovechó para aclarar que las amenazas a la Libertad de Expresión en el país tienen un origen distinto al de otros países de la región. «No es lo mismo que un periodista sea asesinado por el narcotráfico a que sea el Gobierno que debe protegerlo».

Por último, acusó al Ejecutivo de «desarticular el entramado constitucional» que protege el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente y a buscar y recibir información y opiniones mediante reformas legales «para castigar la crítica», amenazas contra «quienes no comulgan con la línea oficial», la negativa a entregar divisas para adquirir papel y la compra de medios.

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL

Las empresas de transporte de rutas interurbanas que operan en Caracas se han declarado en emergencia debido a que cerca de 30% de la flota está inoperativa por la escasez de repuestos, lo que ha traído como consecuencia la eliminación de rutas y la disminución de viajes, lo que luce especialmente preocupante ante la proximidad de la temporada vacacional.

Julio Guerrero, director de la Cámara de Empresas de Transporte Interurbanas, reveló que en esta temporada, que se inicia oficialmente esta semana, existe un déficit de 1200 unidades solamente en las empresas que operan desde Caracas hacia el interior.

A manera de ejemplo afirmó que la empresa Rodovías tiene paradas 35 de 87 unidades por falta de repuestos, por lo que ha tenido que suspender rutas a Puerto La Cruz, Anaco, Upata y El Tigre. «Y así como nosotros están las 72 empresas de transporte interurbano afiliadas a la Cámara».

En el caso de la empresa Aeroexpresos Ejecutivos, de los 40 viajes que hacía diariamente ha disminuido a 20 por esa misma situación, y además eliminaron los destinos de Puerto la Cruz, El Tigre y San Félix por la falta de unidades, según informó Miriam Berrios, supervisora de la empresa.

Otro de los problemas que se van a conseguir los temporadistas es que algunas empresas ya no están vendiendo los boletos con tantos meses de antelación, y otras decidieron eliminar esta facilidad para los usuarios. Tal es el caso de las empresas que salen de La Bandera y desde el terminal de Oriente, donde solo se venden boletos para el mismo día y dependiendo del número de unidades disponibles.

Pasajeros afectados

A pesar de que aún no inicia la temporada de vacaiones, ayer en el terminal de Rodovías a un grupo de cuatro personas que necesitaba viajar a Puerto la Cruz no le quedó otro remedio que viajar en una unidad pirata, porque esa ruta fue eliminada.

«Ahora ni por tierra podemos viajar, porque no hay autobús. Tuvimos que pagar 300 bolívares cada uno, cuando el pasaje no pasa de 200 bolívares», se quejó Carmela Rosas, a las puertas de este terminal.

Posibles soluciones

Guerrero comentó que una manera de solucionar este problema con las empresas de transporte es que se cumplan las peticiones que les han hecho al Ejecutivo Nacional en las mesas de trabajo con el sector transporte. «Todos los meses nos reunimos con el Ministro de Transporte Terrestre (Haiman El Troudi) y hay que reconocer que tiene la disposición de colaborar, pero el problema es que al final nunca se concretan las soluciones».

Según indicó, en enero se le entregó a Fontur una lista de todas las empresas de transporte que tienen problemas por la falta de repuestos, «de manera que el mismo Gobierno importara los repuestos para vendernos a nosotros, pero todavía estamos esperando».

Asimismo recordó que desde hace 7 años están solicitando la aprobación de una licencia de importación para la compra de 400 unidades nuevas y tampoco la han podido obtener.

MIGDALIS CAÑIZÁLEZ V.

FOTO Y TEXTO  EL UNIVERSAL