Las autoridades que investigan el secuestro del presidente de la empresa Petrolera Indovenezolana Nelson Ramírez, presumen que la banda delictiva que se lo llevó sería hampa común y no organizada, por las características del hecho.

Ramírez fue abordado por un grupo de hombres armados cuando salía de almorzar de un local en Guatire y procedía a abordar la camioneta Toyota Fortunner de la cooperativa Orinoquia XXI que contrató la petrolera para que lo llevara a Caracas, donde asistiría al acto de presentación del informe de gestión 2013 de Petróleos de Venezuela.

Extraoficialmente se supo que rastrean los teléfonos que utilizaron para llamar a pedir rescate, pero advierten que posiblemente los plagiarios planeaban hacer un secuestro exprés que se transformó en prolongado cuando se percataron de quién es la persona que se llevaron.

Los investigadores de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía científica presumen que los plagiarios salieron a buscar a cualquier víctima y que posiblemente cuando notaron que Ramírez andaba con un chofer, pensaron que podría tratarse de una persona con suficientes recursos, pero sin saber que se trataba del presidente de una compañía petrolera de capital mixto.

Hoy se cumple el tercer día de cautiverio de Ramírez, por lo que las autoridades policiales continuarán buscando posibles guaridas que utilizan bandas delictivas que operan en las llamadas «zonas de Paz de Barlovento».

THÁBATA MOLINA |  EL UNIVERSAL

La escasez de antibióticos, insumos médicos y las fallas en los turnos quirúrgicos colmaron la paciencia de los pacientes recluidos en el Hospital Periférico de Coche, quienes fueron sacados por sus familiares en camillas y sillas de ruedas desde la sala de traumatología, en el piso 4, hasta la avenida intercomunal de El Valle.

Desde tempranas horas de la mañana los afectados fueron bajados uno a uno en ascensor para llamar la atención del director del sanatorio, Gustavo Imery, por la falta de material de osteosíntesis como placas y clavos, requeridos para la intervención de los enfermos con fracturas y lesiones en huesos.

Jesús Medina, de 35 años, relató desde la cama 28 que ingresó al lugar el pasado 9 de mayo luego de ser arrollado por un vehículo. El hombre en situación de calle, cuenta que los médicos se han negado a intervenirlo porque perdió su cédula. «No me quieren operar porque no tengo cédula», reitera al rechazar la situación. Ayer los afectados de las salas de cirugía y traumatología, de damas y de caballeros, denunciaron la precariedad de los servicios básicos. Se trata de cuatro salas, cada unas con al menos 18 pacientes.

Giovanni Provenza, médico del Servicio de Traumatología, precisó que en Coche existe una lista de más de 150 personas con afecciones óseas que esperan por una intervención. Ante la falta de insumos, los afectados indican que las enfermeras pasaron de hacerles curas interdiarias a limpiezas semanales, lo que ha obligado a los familiares de los enfermos a comprar cepillos quirúrgicos y gasas para asearles las heridas y evitar que contraigan bacterias. Algunos pacientes usan lavaplatos para hacer lo propio.

Javier Rodríguez, tiene 84 días esperando que le operen el fémur, y asegura que sus familiares deben llevar botellas de agua para limpiar los baños y asearse. El centro no cuenta con reservas de agua para suplirles las necesidades los días lunes y jueves cuando racionan el agua en la parroquia El Valle. «Hay que tener suerte para que te operen», enfatiza, mientras ve televisión.

Ante las presiones, el paciente Orlando Sanabria dijo que el director de la institución prometió resolver en los próximos días los reclamos, para agilizar los turnos quirúrgicos. Los manifestantes firmaron un oficio en el que dejaron constancia de la situación que se ha vuelto parte de la cotidianidad de un centro, apadrinado desde agosto pasado por el Estado Mayor de Salud.

JULIO MATERANO |  EL UNIVERSAL

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) Marco Ruiz dijo ayer en el marco de la celebración del día del Periodista, que aunque parece que no hay razones para festejar, «celebramos el periodismo que ha soportado de pie la censura y los chantajes del poder político o económico».

Añadió en rueda de prensa, que ayer se celebró además «la valentía con la que nuestros periodistas han caído y se han vuelto a levantar. Celebramos la decisión de quienes se han ido de algunos medios, en atención a sus propias convicciones, y también la de quienes se han quedado para encarar las dificultades y bregar los espacios cada vez más reducidos».

Señaló que hasta la fecha registran 231 agresiones contra 165 trabajadores de la prensa durante la cobertura de las protestas en el país. 65% de los ataques han sido cometidas por funcionarios del Estado, 21% por manifestantes, y 13% por civiles armados.

Los principales victimarios fueron funcionarios del Estado. 62% las cometieron efectivos de la Guardia Nacional, 16% policías regionales, 10% la Policía Nacional, 4% funcionarios de alcaldías, detalló.

«Frente a estas agresiones, prevalece la impunidad. Ni uno sólo de los casos denunciados ante la Fiscalía General de la República ha sido investigado y menos ha conocido justicia», dijo.

Ruiz aseguró que «la ausencia de un liderazgo consolidado que haga frente a la crítica, ha puesto al Gobierno de Nicolás Maduro como el responsable de la vulneración más abierta y evidente a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información».

EL UNIVERSAL

El sospechoso de haber asesinado a Juan Montoya en los disturbios registrados en el centro de Caracas, tras la marcha opositora del pasado 12 de febrero, habría huido del país.

Así lo aseguró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien reveló que «quien presuntamente mató a Montoya está prófugo y está en el código rojo (tiene orden de captura en la Organización Internacional de Policía Criminal)».

El anuncio lo hizo la jefa del Ministerio Público en una rueda de prensa que ofreció ayer, luego del desayuno celebrado con los periodistas que cubren su despacho para conmemorar el Día del Periodista.

Durante su comparecencia Ortega Díaz confirmó que al agente de la Policía de Caracas y coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela lo habría asesinado con un arma distinta con la que le arrebató la vida a Bassil Dacosta con minutos de diferencia; y que una tercera experticia hecha en Brasil lo confirmó.

«La investigación del Ministerio Público fue muy científica. La experticia que se hizo en Brasil ratificó lo que los expertos del Ministerio Público señalaron», dijo y anunció que los resultados de este examen serán incorporados a la acusación contra los ocho policías.

JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL