La semana pasada American Airlines anunció que recortará sus operaciones en Venezuela en casi un 80% debido a la deuda de 750 millones de dólares que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro hasta marzo pasado con la compañía norteamericana. Distintas organizaciones de venezolanos radicados en los Estados Unidos estimaron que esta decisión los aislará aún más de su país.
José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), apuntó que el anunció de la aerolínea constituye «una prueba del desastre económico del país, cuyas consecuencias la sufren los ciudadanos», según consigna El Nacional.
Colina agregó que la reducción de los vuelos hacia Venezuela, que pasará de 48 a tan sólo diez por semana, «asilará cada día más al ciudadano común, que al final es quien paga los errores y la falta de responsabilidad del régimen corrupto de Nicolás Maduro».
A partir de esta medida, American sólo volará a Caracas desde Miami, lo que deja entrever que eliminará los vuelos desde Nueva York (John F. Kennedy), San Juan (Puerto Rico) y Dallas (Texas).
Según datos de las aerolíneas internacionales y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Gobierno venezolano debe unos cuatro mil millones de dólares a las compañías aéreas, deuda producto del sistema de control de cambio de divisas en el país.
Para Patricia Andrade, directora de Derechos Humanos de Venezuela Awareness (VAF), la decisión de la compañía norteamericana «muestra la fracasada política económica del modelo revolucionario liderado por Nicolás Maduro».
La directora de VAF añadió que esto «no afectará al sector oficialista», ya que «disponen de sus aviones privados para viajar libremente al exterior, por lo que poco les importa una decisión como la de American Airlines».
Este martes se dio a conocer que el próximo 11 de julio saldrá una caravana de venezolanos desde Miami hacia Las Vegas. El objetivo de la misma será reclamar al senador Harry Reid la discusión inmediata del proyecto en la Cámara Alta. La iniciativa busca sancionar a los miembros del gobierno chavista que estén relacionados con la violación de derechos humanos.
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