Autoridades venezolanas agilizan las acciones contra el dengue y el chikungunya para evitar que siga propagándose por el país, informó el director del Ministerio de Salud, Jesús Toro.

Indicó que mantiene la vigilancia frente a la posible presencia del virus . “Desde el momento que en la OMS se estableció el alerta, nos avocamos a preparar nuestro sistema de vigilancia para detectar casos importados y autóctonos para confirmar la presencia del virus”. Reseñó Unión Radio.

Dijo, que hay reactivos para hacer las pruebas en el país, aunque la cantidad de reactivos que proveen los organismos oficiales está sobrepasada por el número de casos en el mundo.

Destacó que el virus es nuevo en América, pero en África tenía 300 años. “En seis meses tenemos 77 mil casos en América, hay caso importados en Carolina del Norte en Estados Unidos, en México. Mientras en Europa en España y en Francia”.

Toro destacó que tanto el sector salud público como el privado, está preparado para hacer el diagnostico clínico.

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El Alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, y funcionarios de la dirección de Obras, Mantenimiento y Servicios, recuperaron las aceras, hicieron bacheos, demarcaron la vialidad y levantaron un muro de contención ecológico en la calle Mosensol, de la urbanización El Marqués. La obra contó con la participación de los vecinos del sector, quienes desde hace más de un año solicitaron la intervención esos espacios.

“Esta es una obra completa, de recuperación integral, no sólo de la calle, sino también fue la construcción del muro de contención ecológico; en total la inversión superó los tres millones de Bolívares. La recuperación del espacio la estaban pidiendo los vecinos desde hace tiempo y aquí estamos cumpliendo con ellos. Con trabajos como estos seguimos entregando obras para mejorar la calidad de vida de los residentes del sector y así ofrecer más seguridad. Queremos seguir trabajando y mejorando”, declaró el edil.

La rehabilitación integral de la calle fue de 320 metros, comprendió desde el colegio María Santísima hasta la intersección de la avenida Sanz. En este espacio se colocaron brocales y cunetas, se nivelaron 20 tanquillas de servicios, vertieron 60 toneladas de asfalto para bacheo y además de la demarcación de la vialidad, fueron instalados reflectivos tipo ojo de gato.

El área intervenida en el muro de contención fue de 750 metros cuadrados, la obra mide 75 metros de longitud, 10 de altura y tiene 900 perforadores de acero.

Pedro Arnal, vecino de la zona calle Cayaurima (adyacente a la Mosensol), agradeció la labor de la Alcaldía, que escuchó la propuesta del Consejo Comunal Tepuchamuy y comenzó el trabajo en conjunto. «Finalmente en diciembre se inició el proyecto y ahora tenemos una zona completamente diferente, antes ni se podía caminar por aquí y el tránsito vehicular se dificultaba, propiciando así los asaltos”, indicó.

El representante de los vecinos espera que la recuperación de la zona sea progresiva. “Es una urbanización que en más de 50 años no le habían invertido dinero en obras para la comunidad”.

NOTA DE PRENSA

La Sala Constitucional, con ponencia de su presidenta, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el presidente del Partido Social Cristiano Copei, Roberto Enríquez, contra un grupo de altos funcionarios del Gobierno Nacional, por la presunta negativa a entregar las divisas para la adquisición de papel periódico.

El recurso judicial fue solicitado contra el vicepresidente para el Área Económica y ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez; los ministros del Poder Popular para la Planificación, Jorge Giordani; de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, y de Comercio, Dante Rivas; los presidentes del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, y del Centro Nacional de Comercio Exterior, Alejandro Fleming.

Alegó el directivo de la organización política en su escrito que estos funcionarios serían los responsables de la violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, información, y a la libertad de prensa.

Precisó la Sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que constituye un hecho público y notorio que los organismos con competencia en materia económica y financiera del Estado, han llevado a cabo diversas subastas públicas que responden a las necesidades reales y efectivas del país para lograr la estabilidad económica y el bienestar del pueblo, con prevalencia en aquellos sectores indefectiblemente asociados al cumplimiento de los objetivos y fines estatales, como lo son el sector salud, alimentación, educación, textil, entre otros de igual relevancia; en cuyas operaciones cambiarias, ha participado el sector papel, editorial e imprenta, entre otros.

Indica la sentencia, que no resulta evidente que las políticas económicas en materia cambiaria, que viene implementado el Ejecutivo Nacional a través de los organismos competentes, en coordinación con el BCV, menoscaben o amenacen menoscabar el derecho a la libertad de expresión al que en tantas ocasiones la Sala Constitucional ha resguardado en sus diversas decisiones.

Recordó el TSJ que la acción de amparo no tiene como propósito el prevenir situaciones hipotéticas que, posiblemente, puedan generarse a consecuencia de actuaciones u omisiones atribuidas a órganos del Poder Público, (lo cual no se verifica en el presente caso), pues su carácter específico solo opera en los casos en que se materialice una violación expresa o una amenaza de lesión, directa e inmediata de algún derecho o garantía constitucional. Es decir, cuando la violación o amenaza tiene evidencias objetivas de existir y, en consecuencia, de causar la posible lesión constitucional, lo cual, en definitiva, hace descartable de la tutela constitucional las situaciones futuras hipotéticas, inciertas o eventuales.

Concluyó el Alto Juzgado que la acción de amparo interpuesta y la supuesta lesión o amenaza de lesión denunciada, es inadmisible, en aplicación del artículo 6, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

LA PATILLA

Omar Gatrif, integrante del equipo de abogados defensores en el caso de Hernando Garzón y Sandra Flores, explicó que la jueza Vanessa Parada, del Tribunal de Control número 2, negó la revisión y la medida cautelar solicitada por el Fiscal José Ángel Lamas, quien había pedido la revisión de la medida privativa de libertad y requerido la libertad bajo régimen de presentación.

El abogado aseveró que el referido Tribunal “de manera infundada y temeraria desatiende la solicitud y niega la revisión del caso y la libertad solicitada por el Ministerio Público, que de acuerdo al artículo 354 del COPP sería procedente la liberación del matrimonio Garzón”.

“Denunciamos que hay un choque de criterios frente a dos entes, el Ministerio Público y el Poder Judicial perjudicando a Hernando Garzón y a Sandra Flores, quienes ya deberían estar en libertad, pero permanecerán detenidos por el momento”, dijo.

Recordó el abogado que el matrimonio Garzón Flores se encuentra privado de libertad en la Comandancia General de la Policía de Barinas, luego de ser detenidos en un procedimiento irregular.

La Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia rechaza esta decisión del Tribunal de negarle la libertad a los esposos Garzón, a pesar que el mismo Ministerio Público había solicitado una medida cautelar de libertad y lo califica este hecho como un nuevo atropello del Poder Judicial a quienes piensan distinto.

Desde Primero Justicia seguimos solidarios con Hernando y Sandra y deploramos que la justicia se haya convertido en un brazo del gobierno nacional para amedrentar a estudiantes, manifestantes y dirigentes que disientes de la situación y la crisis que está viviendo el país. Seguimos en la lucha hasta lograr la libertad del matrimonio Garzón y de todos quienes son perseguidos por este gobierno por razones políticas.

NOTA DE PRENSA

«Dios me dio una nueva oportunidad de vida (…) Pude ver a mi madre agonizando en medio de los restos del autobús», así describió su experiencia Maryuri Masirribi (18), quien sobrevivió al accidente ocurrido este lunes en la autopista Regional del Centro (ARC) que dejó un saldo de 19 personas fallecidas, entre ellas su madre, Victoria Cortés (49).

Masirribi explicó que todo sucedió mientras dormía, y el impacto del vehículo fue lo que la despertó.

«Vi muchos muertos, personas con sus rostros destrozados por los restos del autobús», indicó.

Agregó que en el trayecto el chofer fue detenido en dos oportunidades por exceso de velocidad.

Dijo que luego del accidente los bomberos llegaron a auxiliarles aproximadamente en 15 minutos. Su madre fue trasladada hasta un centro asistencial pero falleció.

La joven sufrió politraumatismos y persisten sus dolores en todo el cuerpo.

Victoria Cortés era ama de casa y madre de seis hijos. Ambas viajaban desde Barquisimeto hasta Caracas para hacer diligencias en Fiscalía.

Maryuri, quien espera la entrega del cuerpo de su madre en la morgue de Bello Monte, pide a las autoridades que se investigue el caso.

De los 19 fallecidos en el suceso solo ocho se encuentran en la medicatura forense capitalina.

Con información de Natalia Matamoros

EL UNIVERSAL