El diputado a la Asamblea Nacional Abelardo Díaz anunció que solicitará dos acciones ante el Ministerio Público contra el gobernador José Gregorio Vilema Mora.

Una de éstas, es por el delito de falsa atestación específicamente ante el Ministerio Público que efectuó el Gobernador del estado Táchira José Vielma Mora contra Daniel Ceballos. «El Ministerio Público se acogió a este testimonio, esta declaración del Gobernador para acusar por rebelión al alcalde Daniel Ceballos, quien hoy se encuentra, entre otra cosas, por culpa de este testimonio de Vielma Mora, preso en la cárcel militar de Ramo Verde».

A juicio del parlamentario nacional, el argumento de Gobernador es «falso» ya que considera que no existen elementos ni consignaron alguna prueba o indicio válido que pueda determinar una responsabilidad penal que señale que Daniel Ceballos participó en un delito grave como el de rebelión civil.

«Este testimonio es falso y Vielma Mora hizo un testimonio falso ante el Ministerio Público (…) El gobernador también involucra al diputado Gustavo Delgado y a mi persona, Abelardo Díaz, en que supuestamente hicimos un llamado en los medios de comunicación para que se dieran hechos violentos y vandálicos pero no consigna ni una sola prueba, ni un solo video de alguna declaración. Le digo al señor gobernador que presente algún video donde yo hubiese hecho una convocatoria para realizar un hecho violento en el estado Táchira», expuso Díaz.

Aseguró que la primera autoridad del Táchira no presentará ninguna prueba porque no existe y reitera en que Vielma mintió al Ministerio Público para encarcelar a Daniel Ceballos. «Lo hizo con alevosía, con mala intención para privar a un alcalde tachirense de su cargo y de su libertad y para separar a unos pequeños hijos de un padre inocente que usted está acusando con un testimonio falso».

Díaz también señaló que también ejercerá una acción privada ante los tribunales penales contra el Gobernador del Táchira por delitos de injuria y vilipendio.

Manifestó estar claro en la forma en la que se manejan los tribunales y la Fiscalía en el país, sin embargo, recordó que estos delitos no prescriben y que algún día las instituciones serán autónomas y tendrán que activar estos juicios y estos procedimientos contra funcionarios públicos, que a juicio, han actuado de mala fe para buscar encarcela a dirigentes políticos de la oposición únicamente por razones políticas.

Fuente: El Universal

El partido Copei se une al plan para recolectar firmas que serán enviadas al Papa Francisco,  en aras de  que interceda ante el Gobierno nacional,  para que se le otorgue la medida humanitaria al ex comisario Iván Simonovis.

Lysaris Marrero, presidenta del Frente Femenino de Copei, manifestó que en el país no hay separación de poderes, en referencia a la reiterada negativa de la medida humanitaria.

«En ningún momento fue juzgado por crimines de lesa humanidad (…)  sino que simplemente las leyes que lo apresaron, lo juzgaron y condenaron sí contemplan la medida humanitaria».

Aseguró que el comisario padece 19 patologías y la jueza se ha pronunciado haciendo mención a cinco  de ellas. «Hacemos un llamado a la jueza, permítanle a Simonovis morir con su familia, que no muera en los calabozos de Ramo Verde».

«Solamente con una de las 19 patologías que el padece, como es la osteoporosis, que tiene una osamenta equivalente a hombre de más de 80 años, así sea amarrándose los zapatos puede sufrir de una fractura de columna, ya ha tenido dos fisuras a nivel cervical y lumbar (…) una fractura en esos niveles significa que puede morir inmediatamente por un trombo embolismo que se desprende del núcleo de la fractura».

Por su parte, Armando Arratia, miembro de la Dirección Nacional de Copei y presidente de la Fracción de Abogados Social Cristianos, indicó que el juicio que se le inició al dirigente Leopoldo López tiene  connotaciones de nulidad absoluta, porque los elementos de convicción que han sido aportados al juicio son elementos que no constituyen delito probatorio. «Solamente existen diferencias de pensamiento distintas a las del Gobierno».

Asimismo, sostuvo que todos los juicios contra los estudiantes y manifestantes son nulos.

Agregó que los procesos judiciales que fueron iniciados en distintas locaciones como pasillos de autobuses, guarniciones militares, entre otros; son centros no idóneos para la instrumentación de un proceso y que  el Código Orgánico Procesal Penal declara  su nulidad, así como  a las declaraciones tomadas pasadas las seis  de la tarde. «La Fiscal General de la República, los fiscales, así como los jueces que hayan instaurados estos procesos y hayan convalidado estas acciones son responsables civil, penal y administrativamente de las consecuencias que se deriven».

NOTA DE PRENSA