Vecinos de San Diego asistieron a una asamblea de ciudadanos con la participación de la líder opositora María Corina Machado, el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, los diputados Tomás Guanipa, Alfonso Marquina y la candidata a la alcaldía por la Mesa de la Unidad, Rosa de Scarano.

Machado reiteró su apoyo a la esposa del destituido alcalde Enzo Scarano y aunque reiteró que se trata de unas elecciones inconstitucionales, se mostró segura de alcanzar la victoria el próximo domingo.

La exdiputada expresó que el municipio será único. “No solo tendrá un alcalde sino dos, porque a Enzo Scarano lo escogieron legítimamente el 8 de diciembre del 2013”. Cada ciudadano que ejecute su derecho al voto demostrará de lo que están hechos los venezolanos. Las elecciones del 25 de mayo serán ejemplo para toda Venezuela y La Habana.

Cecilia A. Chirinos

El Carabobeño

El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, instó al Gobierno a asumir el diálogo con «seriedad» para buscar respuestas a los graves problemas que vive el país, «no sólo con palabras, sino con hechos. Esa demostración debe ser concreta, no sólo promesas», expresó.

A su juicio, el Gobierno sólo ha renovado promesas: «Pero las promesas no bastan, queremos ver acciones, hechos, porque lo que está en juego es la seriedad con la que nosotros hemos asumido este desafío, el desafío de liberar a los venezolanos, de encontrar salidas, respuestas y soluciones a los gravísimos problemas del país».

Admitió que el diálogo «no está roto», y ellos tienen toda la disposición de regresar a la mesa de diálogo cuando se vean algunas respuestas por parte del Gobierno. «Porque esta es una democracia pluralista, según lo establece la Constitución, y los poderes públicos deben actuar para todos».

Respecto a los estudiantes detenidos pidió una medida para resolver el problema, «porque condenamos la represión, la cual ha sido desmedida y desproporcionada». En una democracia donde los acuerdos son normales, no se buscan pactos, acotó, y donde «ser oposición no es un delito», porque toda oposición busca relevar al que esté en el Gobierno.

Reafirmó su apoyo a las manifestaciones pacíficas. «Pero las fuertes represiones, que son ordenadas, no acabarán con las protestas. Además usan armas inadecuadas para dispersar manifestaciones. La Mesa de la Unidad es partidaria de un cambio pacífico, democrático y electoral. Nunca hemos celebrado golpes de estado y nunca lo daremos».

Por otra parte, reconoció el trabajo de los cancilleres de Unasur y el Nuncio Apostólico quienes se encuentran en el país y han dedicado tiempo a la crisis de Venezuela, quienes siguen apostando por el entendimiento y el diálogo.

El Impulso

SOLO SERVICIO NOCTURNO (de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.)

MUNICIPIO LIBERTADOR

PQ. 23 DE ENERO: El Observatorio, San Soucci

PQ. LA PASTORA: Manicomio, Obrero

PQ. SAN JUAN: Centro Simón Bolívar, El Silencio

PQ. SUCRE: Alta Vista (Parte baja), Carretera Vieja de La Guaira, Cortada de Catia, Cutira, El Refugio, Los Flores de Catia, Los Frailes (Parte baja), Los Magallanes,

Ruperto Lugo (Parte baja), Pérez Bonalde (Entre Av Sucre y calle Panamerican)

MUNICIPIO CHACAO

Altamira (Parte Alta), El Pedregal, La Castellana (Parte Alta), Los Palos Grandes (Parte Alta)

PQ. CANDELARIA: Pedro Camejo

PQ. EL RECREO: La Colina (Parte intermedia), Maripérez (Parte Alta), Pinto Salinas, Simón Rodríguez

PQ. LA PASTORA: Diego de Lozada, Sabana de Blanco.

MUNICIPIO BARUTA

La Tahona (Parte Alta), Los Naranjos del Cafetal.

MUNICIPIO SUCRE

Boleíta Norte (Parte Alta), El Marques (Parte Norte), Horizonte

MUNICIPIO BARUTA

La Limonera;

MUNICIPIO CHACAO

Altamira (Parte Baja e Intermedia), Bello Campo, Campo Alegre, Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Chacao, Country Club (Parte Baja), El Rosal, La Castellana (Parte Baja), La Floresta, Los Palos Grandes (Parte Baja e Intermedia), San Marino

MUNICIPIO SUCRE

Base Aérea G Francisco DE Miranda, Boleíta Norte y Sur, California Norte y Sur, Campo Claro, La Carlota, La Lucha, Los Chorros, Los Dos Caminos (Parte Baja), Montecristo, Parque Francisco de Miranda, Santa Eduvigis, Sebucán.

SOLO SERVICIO DIURNO (de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.)

MUNICIPIO LIBERTADOR

PQ. SAN JUAN: La Quebradita;

PQ. SUCRE: Propatria (Bloques 1, 2 y 12), La Silsa (2do y 3er plan), Casalta I y II, Lomas de Urdaneta

SIN SERVICIO

MUNICIPIO SUCRE

Buena Vista, El Llanito, La Urbina, Monseñor Lebrún, San Miguel

MUNICIPIO LIBERTADOR

PQ. SAN PEDRO: Las Acacias, Los Rosales, Valle Abajo

PQ. SANTA ROSALIA: Cementerio, Los Rosales, Prado de María

PQ. LA PASTORA: La Pastora (Casco Central)

PQ. ANTIMANO: Algodonal, Carapita, El Progreso, La Yaguara

PQ. EL PARAÍSO: El Paraiso (Desde Los Pinos hasta Montalban I)

PQ. LA VEGA: La Tumbita, Los Pinos, San Miguel, Terrazas de La Vega.

PQ. LA VEGA: Las Margaritas, Los Cangilones.

MUNICIPIO SUCRE

Campo Rico, El Marques (Parte Sur)

MUNICIPIO LIBERTADOR

PQ. LA VEGA: Juan Pablo II, Montalban II y III

Parroquia 23 DE ENERO: Caño Amarillo, Monte Piedad, Santa Rosa, Sierra Maestra

PQ. LA PASTORA: LÍdice, El Polvorín

El Universal

La organización International Crisis Group (ICG) sostiene que la ONU debe tener cabida en los esfuerzos para dar con una salida negociada a la crisis venezolana, que si se agrava, puede tener consecuencias graves para toda la región y especialmente para Cuba y Colombia.

En declaraciones a Efe con motivo de la publicación del informe “Venezuela: punto de quiebre”, el director para la región latinoamericana de ICG, el peruano Javier Ciurlizza, expuso su preocupación por la situación en ese país caribeño, cuya estabilidad, según dice, “pende de un hilo muy delicado”.

En el informe, de 22 páginas, ICG advierte de que no hay tiempo que perder para hallar una solución a la crisis, y evitar así tanto un mayor deterioro socio-económico como una escalada de la violencia, y considera imprescindible la participación de la comunidad internacional, pues ni el Gobierno ni la oposición de Venezuela pueden, a su juicio, encontrarla solos.

Al respecto propone incorporar de alguna manera a la ONU al diálogo “por ahora frágil” entre el Gobierno y la oposición de Venezuela que se lleva a cabo desde abril con la intermediación de Unasur y el Vaticano y que avanza “muy lentamente”.

Ciurlizza opinó que la ONU puede ayudar a “destrabar el proceso, con asesoría técnica y apoyo político, y también en la supervisión del cumplimiento de los acuerdos” que se lleguen a alcanzar.

El informe menciona que el hecho de que Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) carezca de una estructura organizativa “clara” y la división de opiniones existente entre sus miembros acerca del proceso político venezolano son obstáculos para la labor de mediación que realiza junto al Vaticano.

ICG plantea la posibilidad de que la ONU diseñe “una agenda aceptable, una metodología clara para la toma de decisiones y un calendario razonable” para el diálogo.

Mientras tanto, es necesario, dice la organización, que “tanto Unasur como los países con influencia sigan llamando al diálogo en los términos más firmes y recordando a todos los implicados la necesidad de respetar la ley y los derechos humanos”. Los actores internacionales están “cada vez más preocupados, y con buenas razones para ello”, por la posibilidad de que si no se logra resolver definitivamente, o en su defecto contener la crisis, se produzcan “graves consecuencias a escala regional”, agrega.

Ciurlizza identificó a Cuba y Colombia como los países que pueden resultar más afectados; el primero porque podría truncarse el incipiente proceso de reformas si cae el apoyo económico venezolano y el segundo por el papel de Venezuela en el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC que se desarrolla en La Habana.

“Una inestabilidad mayor en Venezuela podría hacer pensar a las FARC y el ELN (otra guerrilla colombiana) que no van a tener garantías para la implementación de los acuerdos” que se logren con el Gobierno de Colombia, señaló.

Refiriéndose a Cuba, Ciurlizza exclamó que “¡ojalá que sea una fuerza estabilizadora!” en Venezuela.

En el informe se señala: “los cubanos desempeñan un rol estratégico como consejeros políticos y técnicos del régimen de Nicolás Maduro y, por tanto, potencialmente poseen el nivel para persuadir a Caracas de que un arreglo pacífico de la disputa es en favor de sus intereses (y de los de Cuba también)”.

A Brasil se le atribuye un papel similar al que podría tener Cuba y se destaca que el Gobierno de Dilma Rousseff “parece estar de acuerdo con otros observadores externos en que la crisis (en Venezuela) no puede tratarse solamente como un asunto nacional”. El informe también llama a los gobiernos con influencia en la oposición y expresamente a EE.UU. y Canadá a enviar un mensaje claro de que “solo son aceptables las formas pacíficas y constitucionales de disidencia”.

ICG menciona que es particularmente importante seguir esa recomendación debido a las “serias discrepancias” existentes en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática.

También existen facciones dentro del chavismo, según el informe, y en ambas partes el liderazgo está “fragmentado”, pero ese hecho es menos visible del lado del Gobierno, porque es “menos transparente”, dice ICG.

Sobre la responsabilidad de la violencia, que ha dejado más de 40 muertos desde febrero y de la que se culpan mutuamente ambas partes, ICG concluye que, de acuerdo con sus investigaciones y las de organizaciones de derechos humanos, hay “abundante evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y a civiles pro-gobierno con las muertes y heridas” infligidas en las protestas.

Para ICG, “no está claro que alguien de la oposición haya usado armas de fuego en las protestas. En cualquier caso, la evidencia es débil. Las únicas muertes que parecen ligadas claramente a los manifestantes son las relacionadas con accidentes ocasionados por las barricadas, incluido el uso de alambradas y otros obstáculos”.

Ciurlizza subrayó por último que para reactivar el diálogo es necesaria “la liberación lo más pronto posible y sin condiciones de los presos políticos y de los estudiantes detenidos” en las protestas callejeras que han agudizado la polarización de Venezuela.

Agencias

La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramìrez, sostuvo que en más de meses no se han llevado a cabo detenciones de personas durante la realización de manifestaciones pacíficas. Detalló Ramírez que se han producido mil presentaciones ante los tribunales pero han sido por casos de flagrancia en actos violentos. Indicó que de esta cifra el 95% de los detenidos han obtenido medidas cautelares y el restante 5% ha sido sometido a otro tipo de medidas.

Declaró que en la conyuntura actual de protestas han defendido los derechos de quienes están descontentos con el Gobierno, razón por la cual estima no deben hacerse críticas sobre la parcialidad de la institución que dirige a favor del oficialismo. «Cómo se puede decir que estamos defendiendo al Gobierno si nuestra labor ha sido propender a medidas menos gravosas» para los detenidos.

Aseguró que la Defensoría ha hecho su trabajo en el caso de jóvenes detenidos. «He recibido en mi despacho a madres de jóvenes detenidos, hemos mediado, hemos elaborado informes médicos, psicológicos y hemos elevado casos a la consideración del Consejo de Derechos Humanos con resultados positivos».

«Solo el derecho a la vida es absoluto»

La Defensora suscribió la medida tomada por el Tribunal Supremo de Justicia según la cual el derecho a la protesta no es absoluto, dijo que los únicos que deben serlo es el derecho a la vida y que cuando una protesta es violenta lo que priva ese derecho a la vida.

«Los únicos derechos absolutos son la vida y la integridad física que no admiten ponderación de ningún juez, pero la libertad de expresión tiene como límites el honor y a la no propaganda de guerra. De manera que un juez puede ponderar si una expresión de descontento pone en riesgo la vida, ¿las guarimbas no lo hicieron con la (colocación) de guayas de árbol a árbol?», declaró en entrevista con Globovisión.

«El tribunal lo que ha hecho es generar un mecanismo de contención, en Francia tienes que pedir permiso con un mes de antelación y si la protesta supera un número de personas son tres meses de antelación, hay que pagar una fianza si existen daños en esa protesta», agregó.

Dijo que en los casos en los que se han prohibido marchas que tienen como destino instituciones del Estado es por los «antecedentes» y el manejo de información «que no reposa en la Defensoría» y que manejan solo los órganos de «inteligencia» sobre acciones de naturaleza violenta. Aseguró que la Defensoría ha atendido todas las críticas de quienes discrepan del Gobierno y también del desempeño de la institución.

Al ser interrogada sobre las actuaciones de las que tiene conocimiento en contra los colectivos que han sido señalados como violentos, la defensora indicó que los colectivos son agrupaciones de naturaleza social y que cada persona que cometa un delito «será investigada de manera personalísima, pertenezca a un colectivo, a una iglesia evangélica o a una organización de boy scouts».

Defendió la labor social que asegura hacen muchas de esta agrupaciones. «Aquí ninguna persona puede organizarse para la violencia, en el caso de los colectivos hemos más bien recibido denuncias sobre una campaña de discriminación que limita seriamente su organización social, cultural y los trabajos que hacen».

Caso Simonovis

La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, señaló que el organismo ha sido promotor de una «informe médico objetivo» sobre la situación de salud del comisario Iván Simonovis, pese que es de conocimiento público el número de estudios que se han realizado y que dan cuenta del padecimiento de Simonovis de más de 19 patologías.

Recordó que sobre este mismo caso, por los sucesos de abril de 2002, ya fueron liberados otros comisarios y que parte de las gestiones para esas liberaciones las realizó la Defensoría. «Pregunten quiénes permanentemente hicieron visitas a estos comisarios», acotó.

Indicó que en la Defensoría «han tenido una mala experiencia» con el caso de Simonovis porque es el mismo comisario el que rechaza la intervención de la institución. «No quiere entrevistarse con nuestros defensores por estar en contra de las instituciones pero sus familiares pueden decir cuántas veces lo hemos atendido pero nosotros no llamamos a las cámaras para hacer de nuestro trabajo un espectáculo. Estamos conformes de cumplir con la Constitución, bandera y juramentos».

«Reitero la independencia del Poder Judicial tanto para el caso del alcalde Edgardo Parra y el comisario Iván Simonovis, esas son decisiones en las que el juez evalúa y decide en función de las condiciones de salud. No podemos opinar, tenemos que acatar las decisiones que emanan de la justicia venezolana».

El Universal