PRONUNCIAMIENTO
Frente a la situación por la que atraviesa la Dra. María Lourdes Afiuni, magistrada del Circuito de la Corte de Caracas Área Metropolitana de Venezuela; la Asociación Nacional de Magistrados del Perú reafirma lo siguiente:
• La división de poderes y la independencia que debe existir entre ellos constituyen un presupuesto y base fundamental de cualquier Estado Democrático de Derecho; por ello, debe asegurarse de modo permanente el respaldo de los poderes políticos del Estado a la consolidación de la independencia de los poderes judiciales y de los jueces, evitando toda acción o decisión que pueda condicionar política, económica, social o funcionalmente la independencia del poder judicial como poder del Estado, o la de los jueces.
• En la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada el 10 de Diciembre de 1948, los pueblos del mundo firman, entre otras cosas, su voluntad de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y realizarse la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin distinción alguna, allí se consagra la independencia judicial.
• Los Principios Básicos destacan que la independencia de la Judicatura está garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación nacional y a fin de garantizar la independencia del cuerpo judicial, establece los criterios propios del status de los jueces, como su competencia profesional, selección y formación, condiciones de servicio e inamovilidad.
• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 26º que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Asimismo, el artículo 46º de la Constitución expresa que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral, y que por tanto, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por dichas consideraciones; el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú:
1. RECONOCE que la decisión de la 63° Asamblea de la FLAM de que los diversos órganos miembros de tan importante organización expresen en un comunicado su solidaridad con la Jueza Venezolana María Lourdes Afiuni y su abogado José Amalio Graterol, cuestionando severamente la actitud de las autoridades venezolanas en los diversos niveles donde se afectaron sus derechos (Poder Ejecutivo y Poder Judicial), es una muestra de nuestra adhesión irrenunciable a la defensa de los derechos de ser social de los cuales no debe ser privado un juez como la jueza ya citada por haber mantenido incólume sus prerrogativas jurisdiccionales de independencia y autonomía judicial, razones por las que nuestra Asociación, por unanimidad, se pronuncia exigiendo la inmediata absolución y libertad de nuestra colega venezolana María Lourdes Afiuni.
2. SE ADHIERE a las conclusiones emitidas por el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados – IBAHRI respecto a las irregularidades en el proceso iniciado contra la Jueza María Lourdes Afiuni y su abogado José Amalio Graterol; y, SOSTIENE que las acciones de hostigamiento que viene ejecutando el Estado Venezolano en su contra se inscribe en un patrón documentado de violación de los derechos humanos.
3. EXHORTA a las Autoridades Judiciales Venezolanas competentes a defender la independencia judicial, asegurando condiciones favorables para asegurar la independencia de poderes, el mejor ejercicio de la magistratura independiente e imparcial, solo sujeta a la Constitución y la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa y libre de toda presión, condicionamiento o injerencia indebida externa; teniendo presente que sin independencia de la judicatura no hay separación de poderes y sin esa separación no hay garantías para el Estado de derecho ni la democracia
4. INVOCA el cumplimiento del debido proceso en las investigaciones, incluyendo el derecho de la defensa, el derecho de ser oído/a con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable de manera independiente e imparcial, así como el derecho de la presunción de inocencia, de acuerdo a lo que establece el artículo 14º del Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles y en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Lima, 14 de Mayo de 2014
NOTA DE PRENSA
