Grupos paramilitares han sido los responsables de 48 ataques contra periodistas y medios de comunicación desde febrero pasado. Así lo denunciaron el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en un informe publicado hoy, el cual alertaron sobre el incremento de la violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación que se ha registrado desde el inicio de las protestas estudiantiles y la consecuente represión oficial.

En el reporte se asegura que grupos irregulares, algunos autodenominados como colectivos, afectos al Gobierno actuaron contra 416 manifestaciones, en las cuales se produjeron fallecidos y heridos ante la mirada complaciente de las autoridades.

«31% de las protestas en el mes de marzo registraron ataques de paramilitares. Lo que pone en evidencia el rol destacado de las células paramilitares en el patrón de represión que viene desarrollando el Gobierno de Venezuela en contra de manifestantes pacíficos», concluyeron las agrupaciones.

Los grupos parapoliciales o paraestatales han sido utilizados por regímenes autoritarios como el facismo italiano, el nazismo alemán, la dictadura cubana o la panameña de Manuel Antonio Noriega para acallar a la disidencia por la violencia y así salvar la responsabilidad del Estado alegando que son individualidades quienes actúan.

Tras afirmar que estos ataques han afectado la cobertura informativa, el Observatorio e IPYS informaron que en 10 estados del país han registrado la actuación de estas agrupaciones, las cuales han ejecutado «un secuestro. Además, ocurrieron prácticas de intimidación y persecución, agresiones físicas, amenazas de muerte, robo de información, daños a las herramientas de trabajo y a la infraestructura de medios de comunicación».

En el informe se cuestionó el llamado que el presidente Nicolás Maduro hiciera en febrero pasado a los colectivos afectos a su Gobierno para que ayudaran a la policía y a la Guardia Nacional a enfrentar las protestas, bajo la frase de su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, de «candelita que se prenda, candelita que se apaga».

Fuente: EU 

10 personas fueron detenidas por su responsabilidad en el ataque ocurrido el jueves contra un vehículo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en Porlamar, estado Nueva Esparta, informó el gobernador Carlos Mata Figueroa.

Indicó que los involucrados en el acto vandálico fueron trasladados al destacamento Nº 76 de la Guardia Nacional Bolivariana y se les abrió el procedimiento administrativo correspondiente.

Mata Figueroa recordó que la quema del vehículo de Corpoelec ocurrió en medio del desmantelamiento del denominado «campamento de la libertad» que se había levantado en las adyacencias de la Redoma de Los Robles, municipio Maneiro.

«Nos pareció que era una protesta tranquila sin ningún problema y los dejamos que la hicieran, pero en la tarde quemaron un vehículo de Corpoelec y ahí se tuvo que proceder de acuerdo con unas informaciones que ya se manejaban», explicó.

Destacó que en la tarde del mismo jueves se decidió desalojar el campamento porque los cuerpos de seguridad ya poseían información sobre la existencia de bombas molotov y objetos contundentes, los cuales efectivamente se encontraron en el lugar.

«Se desmanteló y entre todos hay más de catorce detenidos a quienes se les están siguiendo los procedimientos administrativos legales, sin violentar los derechos humanos, incluso se les han hecho exámenes forenses para que la población sepa que ahí no se violentó o golpeó a nadie», enfatizó el gobernador insular.

La camioneta incendiada pertenecía a la Unidad de Uso Racional y Eficiente de la Energía de Corpoelec encargada de realizar inspecciones, dictar charlas y supervisar el plan de canje de bombillos, entre otras actividades que contribuyen con el uso racional de la energía.

El subcomisionado de Distribución de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en Nueva Esparta, Ángel Bermúdez, declaró la mañana de este viernes que el acto violento afectará el servicio que presta la empresa.

«Ahora tendremos que atender a nuestros usuarios en Margarita y Coche bajo ciertas limitaciones. Estamos ubicando los ciertos por donde pueden circular nuestros vehículos, sitios que no conlleven riesgos. Esto retardará las acciones de restablecimiento de circuitos o la atención al público», detalló.

Fuente: GV

Quien puede tres, puede cinco. Al menos, eso piensa la Mesa de la Unidad Democrática, que apuesta por realizar una renovación total del Consejo Nacional Electoral (CNE). Del quinteto directivo, tres tienen ya sus períodos vencidos: Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz. Sin embargo, la coalición opositora considera que la reforma de la cúpula también debe alcanzar a las rectoras Socorro Hernández y Tania D’ Amelio, quienes -en principio- deberían permanecer en sus puestos hasta 2016.

Esta iniciativa es impulsada por Un Nuevo Tiempo (UNT) y cuenta con el aval del resto de los integrantes de la MUD. «La idea es tener un organismo electoral realmente equilibrado, tal como lo establece la Constitución de 1999», destacan fuentes de la alianza. De los cinco árbitros, son precisamente Hernández y D’ Amelio quienes exhiben claros vínculos con el chavismo. La primera ocupó el Ministerio para la Ciencia y Tecnología y la presidencia de CANTV bajo el Gobierno del difunto presidente Hugo Chávez, al tiempo que su colega fue dirigente del extinto Movimiento Quinta República (MVR) y diputada oficialista ante la Asamblea Nacional por el estado Vargas.

La Asamblea Nacional ya instaló los comités preliminares para remozar parcialmente el ente comicial y también el Tribunal Supremo de Justicia, donde nombrarán a 11 magistrados de un total de 32. La MUD estima que el Consejo Moral Republicano debe seguir el ejemplo y abrir cuanto antes el proceso que culminará con la selección de los nuevos responsables de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y el Ministerio Público.

A diferencia de los casos del CNE y el TSJ, donde la AN llama a la sociedad para emprender la reestructuración de estos organismos, el artículo 279 de la Carta Magna establece que es el propio Poder Ciudadano el que debe convocar un comité de evaluación de postulaciones para cambiarse a sí mismo. Los períodos de la fiscal Luisa Ortega Díaz, la defensora Gabriela del Mar Ramírez y la contralora Adelina González concluyen en diciembre de este año. No obstante, en la oposición creen que «para luego es tarde» y plantean al triunvirato montarse en la ola de rectores y magistrados para refrescar ya estas instituciones.

Para nombrar a las autoridades del CNE, TSJ y Poder Ciudadano se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de la AN. Pero, la elección de los miembros del Consejo Moral Republicano tiene una particularidad, pues si los diputados no se ponen de acuerdo – reza el mismo artículo 279 de la Constitución – los nombres de los aspirantes (tres por cada puesto) se llevarán al Poder Electoral para ser sometidos a una «consulta popular».

Aunque cada comité de postulaciones tiene su propia dinámica, chavismo y oposición podrían abordar como un todo la renovación de los poderes públicos, uno de los temas que la MUD ha colocado sobre la mesa de diálogo que adelanta con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un acuerdo general podría evitar, por ejemplo, tener que realizar una elección para ungir a los sucesores de Ortega Díaz, Ramírez y González.

Fuente: El Universal

Presentan en el Palacio de Justicia a más de 100 jóvenes detenidos en el desalojo de los campamentos estudiantiles en la madrugada de este jueves, informó Liliana Camejo, representante del Foro Penal Venezolano.

Se espera la distribución de los jóvenes en las salas para iniciar las audiencias. Asimismo, se conoció que están habilitando un área especial en el Palacio de Justicia para comenzar el proceso.

«Nunca había habido una detención masiva con tanta gente en el mismo momento. Esto es un colapso tanto para las autoridades militares, como para el circuito penal, como para los defensores públicos y privados porque nunca había habido una detención con tantos jóvenes al mismo tiempo», señaló Camejo.

Más temprano, Camejo aseguró a Globovisión.com que los jóvenes se encontraban en buen estado de salud. “Por informes de algunos padres que sí tuvieron acceso en la noche de ayer, puedo decir que los estudiantes están bien y se les han hecho los exámenes forenses requeridos por la ley”, agregó.

De acuerdo con la abogada, se estima que hay 180 jóvenes en custodia en el Core 5. Además del Foro Penal Venezolano, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Fundepro se encuentran en el lugar para garantizar el debido proceso de los detenidos.

Menores de edad

Este jueves liberaron a 5 menores de edad que dieron cumplimiento a los requisitos de fianza otorgado por el tribunal responsable del caso. Hoy también soltaron a 6 adolescentes que también cumplieron con la fianza.

Estos jóvenes fueron detenidos en el campamento de Chacao y en la zona de Santa fe. Se le imputan cargos relacionadas a la instigación al odio, obstaculización en la vía pública y resistencia a la autoridad.

El abogado, Luis Cabrera informó que solo queda un menor de edad, los serán presentados ante el tribunal el próximo lunes, mientras tanto el joven permanecerá en la sede de la GNB en Petare.

¿Campamentos ilegales?

Camejo afirma que según declaraciones de funcionarios del gobierno, los campamentos desalojados de Altamira, plaza Bolívar de Chacao, Las Mercedes y Santa fe eran ilegales.

“La única razón por la que pueden clasificar a los campamentos como ilegales es en el caso de que obstruyan el libre tránsito, pero los campamentos, como manifestación pacífica no estaban obstruyendo la vía. Todos estaban sobre las aceras. Además muchos de los vecinos apoyan esas iniciativas”, explicó.

Fuente: Globovision