Estudiantes del estado Táchira denunciaron la detención de 20 de sus compañeros tras las manifestaciones registradas esta semana en la entidad.

 

Destacaron el caso de Anyely Pernía, estudiante de la Universidad Católica del Táchira (Ucat), detenida el pasado; aseguran que se encuentra en delicado estado de salud producto del abuso de autoridad por parte de efectivos de Politáchira.

 

«Ella sufrió una hemorragia interna y daño en los riñones, la golpearon más de 15 policías y no se encontraba ningunaa fémina», aseveró Andri Niño, estudiante de la Ucat.

 

Asimismo, los estudiantes exigieron las destitución de Carlos Colmenares, director de la Policía del Estado.

 

Por su parte, el director de la Policía aseguró que sus efectivos no actuaron de forma violenta contra los estudiantes. «Todo lo que están alegando en contra de los funcionarios policiales es falso; en ningún momento golpearon a la alumna, nosotros somos garantes de los Derechos Humanos», explicó Colmenares.

 

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó hoy que el Ministerio Público ha acusado a 347 personas, por estar presuntamente vinculadas con los hechos de violencia acaecidos en el país desde el 12 de febrero hasta la fecha.

 

Así lo dio a conocer durante el programa «En Sintonía con el Ministerio Público», transmitido por Radio Nacional de Venezuela, en el que puntualizó que hasta el momento suman 118 acusaciones, 33 sobreseimientos y un archivo fiscal.

 

Indicó que del 1 al 8 de mayo de este año, fueron presentados 29 actos conclusivos, de los cuales 20 son acusaciones y 9 sobreseimientos.

 

Asimismo la funcionaria precisó que 813 personas han resultado lesionadas, mientras que se han registrado 41 fallecidos durante los referidos hechos.

 

Más policías procesados

 

Tras reiterar que su despacho investiga 142 casos de presunta violación a los derechos humanos, de los cuales 138 son por trato cruel, 2 por homicidio consumado y otros 2 por torturas, la funcionaria reveló que la cifra de funcionarios detenidos aumentó en dos hasta llegar a los 19.

 

EL UNIVERSAL

 

Padres y representantes acudieron este jueves al Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para rechazar la consulta educativa y la resolución 058. También solicitaron la mediación de este organismo para evitar que los estudiantes sean formados con estos textos que, aseguran, tienen contenidos políticos.

 

«Que se recoja en todo el territorio venezolano los 42 millones de textos que se distribuyeron de la Colección Bicentenaria y que se recoja la Constitución Nacional con los gráficos que son un adoctrinamiento para los niños en el país», exclamo el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Román.

 

 

En Carabobo continúan las asambleas de padres y representantes en diversos colegios públicos y privados. Aseguran que estas medidas atentan contra la Constitución y tratados internacionales que establecen la educación libre, plural y democrática.

 

«La negativa de los padres en participar en esta consulta es masiva, porque está, básicamente, fundamentada en el Plan de la Patria que establece que seremos un país socialista y que establece que el currículo debe ser elaborado con valores socialistas», manifestó la vocera de Padres Organizados, Adelba Taffin.

 

Igualmente, Taffin sostuvo que no van a participar en la consulta porque «lo que busca es lograr el respaldo posible para ellos decir que la mayoría de los venezolanos apoyamos el currículo bolivariano».

 

Integrantes de algunos Consejos Educativos de Padres también rechazan estas medidas emprendidas por el Gobierno nacional, critican el contenido político y propagandístico que, aseguran, se evidencia en la Colección Bicentenaria.

 

«Nosotros estamos en contra del adoctrinamiento porque estamos conscientes que la educación tiene que ser de libre pensamiento. Toda reforma es importante, pero no hacerla basada en ideología política, sino tratar la mejor tecnología y los mejores preceptos educativos que puedan haber en la actualidad», añadió Valentín Espinoza, uno de los padres.

 

Anunciaron que las asambleas y pancartazos se mantendrán en los próximos días en los colegios de la región.

 

Fuente imagen: Ricardo Graffe

 

Un funcionario de la Policía de Aragua fue asesinado la noche del pasado miércoles en el sector San José del municipio Girardot, estado Aragua.

 

El policía identificado como Daniel Alejandro Carrillo, de 31 años, se encontraba en un cauchera cuando de manera sorpresiva dos sujetos armados lo interceptaron para robarlo y al resistirse, le propinaron dos impactos de bala.

 

Carillo era escolta en la Jefatura de Administración de la Policía de Aragua. Hilda Andrade, tía de la víctima, indicó que era hijo único y padre de dos hijos.

 

Se presume que el responsable del asesinato es un sujeto apodado como «El Josmita», de la calle J. J Montesinos de Piñonal. Se pudo conocer que efectivos del Cicpc allanaron su vivienda la mañana de este jueves, donde encontraron una escopeta.

 

GV

Usuarios de la red social Twitter reportan que un grupo de personas protestan en la autopista Prados del Este, a la altura del Distribuidor Santa Fe, dejando libre un solo canal. La manifestación causa fuerte retraso desde el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

 

Asimismo, informan que se encuentra cerrado el acceso en el elevado hacia Bello Monte por personas que se reúnen a protestar, específicamente en la avenida Miguel Ángel de Colinas.

 

 

 

Durante la mañana se han registrado protestas, a propósito del desalojo por parte de la PNB y GNB de campamentos estudiantiles, que estaban ubicados en Baruta y Chacao.

 

El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, informó sobre la detonación de bombas lacrimógenas en Altamira. Se conoció a través de las redes sociales, que la policía Nacional Bolivariana (PNB) activó los gases para dispersar algunas protestas que se estaban iniciando.

 

Asimismo, trascendió que los uniformados han ingresado a algunos comercios para detener a manifestantes. Un equipo de Globovisión en el lugar, informó que 2 personas fueron detenidos durante los incidentes.

 

Al parecer, los aprehendidos fueron trasladados hasta la sede de la PNB en el municipio Sucre.

 

Protestas en el casco de Chacao, Bello Monte y Santa Fe

 

El paso por avenida Francisco de Miranda está cerrado debido a varias barricadas colocadas tras el desalojo de las carpas estudiantiles durante la madrugada de este jueves. El cierre se ejecuta desde la avenida Luis Roche hasta Parque del Este, en ambos sentidos.

 

Un equipo de Globovisión.com reportó que cerca del Centro Plaza, hay un grupo de motorizados que han intentado pasar por el lugar, pero los vecinos del municipio se lo ha impedido, generando un clima de tensión. Incluso, se originó un altercado cuando una moto se cayó. Además, se escucharon detonaciones de artefactos pirotécnicos.

 

Se informó que está cerrada la primera transversal de Los Palos Grandes y fue suspendido el canal de contraflujo de Las Mercedes. También se reportó que en el casco de Chacao y en la avenida Miguel Ángel de Colinas, Bello Monte, hay personas protestando.

 

Entre tanto, en la Plaza Alfredo Sadel el tránsito es normal, pero dirigentes estudiantiles preparan una agenda de protestas para el trascurso del día. Para el 10 de mayo, los universitarios están convocando una movilización hasta la sede de la Nunciatura.

El Metro de Caracas informó, a través de su cuenta en la red social de Twitter, que 6 rutas de Metrobús fueron suspendidas «en resguardo de los usuarios, personal y unidades de transporte».

 

Las rutas que no prestarán servicio comercial son: Altamira-Cafetal, Altamira – Hatillo, Altamira – La Trinidad, Plaza Venezuela-Bello Monte, Chacaíto – Las Mercedes y Chacaíto – Baruta – Club Hípico.

 

 

 

 

 

 

GV

 

 

Decenas de jóvenes estudiantes piden “auxilio” luego de ser sorprendidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana esta madrugada. voanoticias.com

 

Los jóvenes que se encontraban instalados en cuatro campamentos al este de Caracas, y los efectivos de la Guardia Nacional ingresaron armados a desmantelar y erradicar lo que ellos consideraban “los últimos rezagos de las protestas antigubernamentales”, que se iniciaron el pasado mes de febrero.

 

Según las autoridades venezolanas allanaron drogas, explosivos y armas en los campamentos, pero los jóvenes niegan las acusaciones y señalan que son solo pretextos para justificar sus acciones violentas.

 

“Fuimos brutalmente amedrentados. Ahora se excusan con drogas y armas. Hago un pedido de auxilio al mundo a que observe que esto ya es dictadura”, dijo Francia Cacique, de 24 años, coordinadora de uno de los campamentos.

 

Luego del operativo que se inició alrededor de la tres de mañana del jueves, el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez dijo en la televisión estatal que “se tenía evidencias que desde estos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas: a incendiar cabinas del metro, a incendiar patrullas, etc”.

 

Asimismo dijo Rodríguez haberse respetado los derechos humanos de los detenidos, pero no existe mayor información sobre el destino de los jóvenes detenidos.

 

VAONOTICIAS

El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, aseguró tener pruebas de que la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, de apoyar logísticamente a los campamentos que este jueves fueron desmantelados en los municipios Chacao y Baruta.

 

«Se la pasaba metida en esas carpas. Les lleva cosas y está pendiente de la logística. Algún elemento logístico viene de Voluntad Popular porque indudablemnete es uno de los que alienta este tipo de acciones violentas permanentemente» dijo Rodríguez Torres.

 

Este jueves, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desmontaron los cuatro campamentos que mantenían opositores en la avenida Francisco de Miranda, en la Plaza Bolívar de Chacao, así como en Santa Fe y en la Plaza Alfredo Sadel (en Baruta).

 

Durante el desmontaje, precisó Rodríguez Torres, «se incautaron drogas, explosivos, morteros y granadas lacrimógenas, que eran utilizados en actos terroristas y de ataque a los cuerpos de seguridad del Estado».

 

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