La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que representa a parte de la oposición venezolana, le solicitó Washington que no imponga sanciones contra funcionarios del chavismo involucrados en las violaciones de los derechos humanos, dijo el jueves la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, en testimonio ante una comisión del Senado, publica El Nuevo Herald.
Las declaraciones fueron emitidas en el marco de los esfuerzos de los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez por adelantar la aprobación de las sanciones que congelarían las cuentas y propiedades de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro involucrados en actos de corrupción y en la feroz represión de manifestantes que ha dejado un saldo de más de cuarenta muertos, cientos de heridos, miles de arrestos y decenas de torturados.
Fuentes cercanas al proceso dijeron a el Nuevo Herald que en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado está emergiendo un claro consenso a favor de la aprobación de las sanciones y que la iniciativa posiblemente será sometida a votación en el transcurso de las próximas dos semanas.
En la audiencia también comenzaron a emerger algunos nombres de los posibles sancionables, confirmando algunos de los nombres divulgados previamente por el Nuevo Herald.
Rubio dijo que entre las personas que próximamente podrían ser blanco de sanciones se encuentran: Luisa Ortega Díaz (Fiscal General), Gabriela Ramírez (Defensora del Pueblo), Henry Rangel Silva (gobernador de Trujillo) y el ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres.
El Senador también mencionó los nombres de varios altos oficiales de la Guardia Nacional que han estado involucrados directamente en la represión de los estudiantes, incluyendo los jefes de algunos de los Comandos Regionales.
Jacobson, quien durante la sesión trató de defender la decisión del Departamento de Estado de no hacer uso de las facultades que ya tiene para aplicar las sanciones por su propia cuenta, explicó que esto se debe en parte a una solicitud formulada por un sector de la propia oposición.
Argumentó que ese sector desea que Washington no aplique las sanciones porque podría alterar el proceso de diálogo que actualmente sostiene el régimen con dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática.
Al ser consultada por Rubio sobre quién exactamente hizo la solicitud, Jacobson respondió: “Senador, no me siento cómoda [con la idea de] estar aquí sentada dándole los nombres de individuos. [Pero] Miembros de la MUD que están participando en el diálogo, han discutido esto con nosotros”.
La revelación se produce en medio de la creciente sospecha entre los opositores que respaldan las jornadas de protesta de los estudiantes de que la MUD, al sentarse a dialogar con el régimen que previamente había declarado ilegítimo, sólo está fortaleciendo la posición de Maduro.
El subsecretario de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales Tomasz P. Malinowski, corroboró que la decisión del gobierno de dejar de lado las sanciones por el momento está influenciada por la posición de ciertos líderes de la oposición.
“Hay muchos factores, pero el más importante para mí, en la medida que encaro estos problemas, es el juicio de la gente que estamos tratando de ayudar en el terreno, y eso tampoco está en blanco y negro, porque sabemos que hay diferencias en la oposición”, dijo.
“Pero puedo decir que las decisiones que hemos tomado y que estamos tomando, literalmente a diario, están informadas por consultas con gente muy valiente y dedicada en Venezuela, que han decidido por ahora que se le dé a este diálogo una oportunidad. Y que podrían decidir no darle una oportunidad la próxima semana, o una semana después de eso, si estos arrestos continúan”, agregó.
Las declaraciones de los funcionarios del Departamento de Estado fueron de inmediato rechazadas por la Mesa de la Unidad Democrática.
“Ningún vocero de la MUD ha solicitado a funcionario norteamericano alguno lo que hoy ha trascendido en los medios. Y si alguna organización o individuo de la sociedad civil lo ha hecho, es bajo su responsabilidad y debe asumirla”, manifestó la agrupación en un comunicado.
En la audiencia quedó en evidencia la percepción de que el diálogo convocado por Maduro es simultáneamente una cortina de humo y el mayor obstáculo a la aprobación de las sanciones y varios de los senadores expresaron sus dudas sobre la sinceridad del régimen de buscar una salida negociada a la crisis política que aflige al país.
“Mi paciencia se está agotando. No quiero mantenerme de brazos cruzados y ver cientos de arrestos, gente torturada”, expresó Menéndez, antes de recomendar a los miembros de la comisión que leyeran el informe publicado por Human Rights Watch que denuncia las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen.
“Si ustedes leen el informe, y ustedes creen que no hay que hacer nada, entonces algo está mal”, expresó.
La audiencia fue realizada horas después que el gobierno lanzara otra redada contra los campamentos de los estudiantes que se manifestaban en Caracas, acción que despertó múltiples denuncias de jóvenes desaparecidos y arrestados.
Rodríguez Torres anunció que al menos 243 personas fueron detenidas en la redada de cuatro campamentos y que muchos de ellos serán presentados ante los tribunales.
Las redadas fueron mencionadas en la audiencia como un ejemplo más del endurecimiento del régimen hacia los manifestantes.
Analistas consultados dijeron que la firmeza mostrada por los senadores en la audiencia también dejó en evidencia de que ya están dispuestos a actuar ante la renuncia del Departamento de Estado de aplicar las sanciones por su propia cuenta.
“El mensaje de la audiencia de hoy es claro: hay un consenso en la Comisión de Relaciones Exteriores porque quedó demostrado que la administración no tiene hoy una estrategia para enfrentar el estado policial que ha montado Maduro en Venezuela”, dijo Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends.
Fuentes cercanas al proceso dijeron que la intención de las oficinas de Rubio y Menéndez es someter las sanciones a votación en los próximos días.
“[El proyecto de ley] va a ser introducido la próxima semana, o a más tardar en la siguiente”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.
Antonio Maria Delgado
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