Grupos de civiles oficialistas atacaron a los estudiantes mientras los policías se comportan como observadores, indicó la profesora de esa casa de estudios, Ligia Bolívar. La acción generó que los estudiantes se replegaran dentro del recinto universitario, mientras en las afueras se mantenían los órganos de seguridad.

En los alrededores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Montalbán, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se enfrentaron con Ucabistas mientras realizaban una protesta y fueron replegados con bombas lacrimógenas. Además, grupos civiles armados dispararon contra los manifestantes.

Carlos Vargas, representante del Consejo General de Representantes Estudiantiles (Cogres), de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), denunció que mientras se desarrollaba una manifestación en la avenida Teherán, por las detenciones, realizadas por de los cuerpos de seguridad, contra universitarios de las sedes de la UCAB Guayana y Montalban, un grupo identificado con el oficialismo comenzó a lanzar piedras y cohetones contra los manifestantes.

Añadió que los oficialistas se encontraban armados y lanzaron ráfagas contra los estudiantes. Dijo que en medio de la acción no hubo heridos.

«Los grupos de civiles oficialistas atacaron a los estudiantes mientras los policías se comportaban como observadores», indicó la profesora de esa casa de estudios, Ligia Bolívar.

Carlos Vargas explicó que la GNB se presentó en el acceso principal del recinto universitario y lanzaron unas siete bombas lacrimógenas. Indicó además que unos 100 funcionarios de la Policía Nacional actuaron en el hecho.

La acción generó que los estudiantes se replegaran dentro del recinto universitario, mientras en las afueras se mantenían los órganos de seguridad.

Las autoridades de la UCAB están tratando de desalojar el campus en orden, y las actividades académicas y administrativas fueron suspendidas.

Fuente: EU

Alfredo Romero afirmó que, desde el 4 de febrero, su organización tiene contabilizadas 2.590 personas detenidas, de las que «más del 70 % son o han sido estudiantes»

Organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos humanos en Venezuela rechazaron este martes la «criminalización» que, dicen, sufren por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro contra su labor, desde el inicio de las protestas antigubernamentales a principios de febrero.

«Estamos varias organizaciones de derechos humanos con objeto no solo de rechazar estas amenazas, agresiones directas contra organizaciones y activistas(…) sino también con objeto de llamar la atención a los propios funcionarios públicos y al Gobierno», afirmó el director del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, en una rueda de prensa.

Para ello puso como ejemplo a varios miembros de las ONG, acusados la semana pasada por el ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, de formar parte de un plan para desestabilizar al Gobierno en anuencia con Estados Unidos, algo que ellos niegan.

Además, el director del FPV recordó que su organización tiene registradas más de 80 denuncias por «torturas y tratos crueles» por parte de las fuerzas de seguridad contra los detenidos en las protestas que sacuden el país desde principios de febrero.

Las manifestaciones contra el Gobierno de Maduro se desarrollan desde hace casi tres meses y, hasta hoy, se han contabilizado 41 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, la mayoría de estos ya en la calle con medidas cautelares, como la presentación periódica ante los tribunales.

Romero manifestó que estas 80 denuncias son solo las que se han presentado ante las instituciones oficiales, aunque afirmó que el FPV ha registrado alrededor de 500 porque «no todas las personas se atreven a denunciar ante las instituciones oficiales».

El pasado viernes la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, indicó que la Fiscalía tiene adelantadas «142 investigaciones por derechos fundamentales, casos de violaciones a los derechos humanos» y que para entonces se encontraban privadas de libertad 197 personas, entre ellas 14 estudiantes, cifras que chocan con las del FVP.

Romero afirmó que, desde el 4 de febrero, su organización tiene contabilizadas 2.590 personas detenidas, de las que «más del 70 % son o han sido estudiantes» y que el número de privados de libertad es de 131 desde esa fecha.

Por su parte, el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, pidió al Ejecutivo que «respete» el trabajo de estas organizaciones ya que, al no hacerlo, se «debilita» la posibilidad de que las víctimas «puedan tener Justicia».

Asimismo, exhortó a las autoridades venezolanas, «fundamentalmente al Ministerio Público», a cumplir con su responsabilidad y a no estar, dijo, «emitiendo opiniones irresponsables que lo que hacen es encrispar más el ambiente político que hay en el país».

Fuente: Agencias

Ocho personas fueron detenidas en la noche del lunes en las Residencias Los Olivos, en la urbanización del mismo nombre en Puerto Ordaz, por un grupo de civiles armados que los montaron en un autobús escoltado por camiones blindados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Testigos del hecho comentaron que los jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria en el estacionamiento e interior del edificio, en el que también fue detenido el vigilante. Al momento de la detención, no participaban en manifestaciones ni tenían artefactos explosivos, usados comúnmente en las guarimbas.

Los detenidos son Leonard Cano, Guillermo Ramos (17), Karla Bello (18), Zoraima Rodríguez (18), Nelson Goitia (18), Roger Fernández (18), José Pino (20) y el vigilante Dennys Vargas.

El abogado del Foro Penal, Antonio Aguado, denunció que esta tarde la Guardia Nacional Bolivariana cerró los accesos al Palacio de Justicia en Puerto Ordaz con barreras de seguridad, «tomaron el Tribunal y se escucha que quieren traer a los chamos a las cinco y media para nombrarles defensores públicos y que no sean defendidos por el Foro Penal. Eso nos están manifestando y estamos viendo esta situación totalmente irregular».

Está previsto, dijo, que la audiencia de presentación de los ocho detenidos sea en la mañana de este miércoles, pero aseguró que se mantienen alertas. «Nos dijeron que la audiencia es mañana, pero estamos pendientes de las patrullas a ver a dónde los llevan; hasta ahora no han sido llevados al Tribunal pero si los llevan llegaremos allá».

El Destacamento 88 de la GNB informó anoche a través de su cuenta en Twitter @GNBCORE8 que las ocho personas fueron capturados en flagrancia «por alteración del orden público sector los Mangos. Obstaculizaban avenida lanzando morteros».

Fuente: eluniversal

La gerente de Movilidad Miranda, Isángel García, informó que actualmente se encuentran paralizadas 21 unidades de transporte pertenecientes al plan Mi Ruta Escolar, del estado Miranda, como consecuencia de la falta de repuestos para el sector transporte en el país.

García indicó que el problema afecta principalmente y de manera directa a los niños que residen en zonas rurales o de difícil acceso que asisten a las escuelas estadales, quienes son los beneficiados con este plan.

También señaló que los autobuses duran en promedio entre 4 y 6 meses en el taller mecánico a la espera de un repuesto. “En primera instancia, no conseguimos los repuestos y cuando llegan el sobreprecio está hasta 300 % más alto que el precio base. Esto incide en el funcionamiento de nuestras unidades”, añadió.

Asimismo, García reiteró que la única solución a esta problemática se encuentra en manos del Gobierno central. “Muchos de los repuestos son importados y hasta que el Ejecutivo nacional no otorgue las divisas a las empresas que los comercializan, no se regulará el mercado de este sector», enfatizó.

Fuente: GV