En las afueras de la ciudad, el chofer del taxi dobla en una estrecha calle de tierra, se detiene frente a una casa de bloques de hormigón como otra cualquiera y toca dos veces el claxon. Un hombre se asoma y otea a ambos lados de la calle desolada antes de abrir un portón alto y hacer entrar el auto.
La razón de su cautela se amontona en una esquina del patio en tanques plásticos: alrededor de 200 galones de gasolina venezolana baratísima. Venezuela aumentó esta semana el precio del pollo, el arroz y el azúcar con la esperanza de estabilizar la economía y detener el flujo de mercancías de contrabando hacia Colombia, que según afirma se lleva alrededor del 40 por ciento de su producto nacional.
El aumento de precio, el cual vino acompañado de un aumento del 30 por ciento del salario mínimo, está reviviendo las especulaciones de que la gasolina podría ser el próximo paso.
En Venezuela, la gasolina es realmente más barata que el agua. Un galón de combustible de un índice de octano de 95 cuesta apenas 5 centavos, en comparación, una botella de agua de un litro cuesta más de un dólar. El gobierno socialista se enorgullece de contar con las mayores reservas de crudo del mundo, y la gasolina barata se considera prácticamente un derecho nacional. Pero está además hundiendo a la economía. Rafael Ramírez, el presidente de la compañía petrolera estatal PDVSA, dijo recientemente que las subvenciones petroleras cuestan al país $12,500 millones al año.
En Colombia, la gasolina es solo el ejemplo más flagrante de cómo los productos venezolanos alimentan un próspero mercado negro por valor de miles de millones de dólares, y que los expertos advierten que está jugando un papel importante en el mercado del lavado de dinero a nivel global.
El contrabando a lo largo de la frontera de 1,274 millas entre ambas fronteras es tan viejo como la frontera misma, y los pueblos fronterizos están prácticamente basados en el comercio. Pero las gasolineras que venden gasolina venezolana en grandes cantidades a lo largo de la costa atlántica de Colombia, a casi cinco horas de la frontera, ofrecen un atisbo de lo omnipresente que es el comercio con Venezuela.
En su oficina en el centro de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, director general de DIAN, dijo que es difícil cuantificar el problema.
Colombia confiscó $12 millones en mercancía venezolana de contrabando el año pasado, pero esa cifra subestima el valor de reventa de la mercancía y representa además solo una fracción de lo que cruza la frontera. Estudios sugieren que solamente el contrabando de combustible, arroz y aceite de palma representan hoy alrededor de $1,500 millones en la economía de la nación, según Ortega. Otros calculan el valor total del contrabando venezolano en alrededor de $6,000 millones al año.
Eso no es sorprendente, dijo Ortega. En sus esfuerzos por controlar la inflación y complacer a las masas, Venezuela ha impuesto límites de precio a todo, desde champú hasta automóviles. Las mercancías venezolanas son a menudo cinco veces más baratas que en Colombia, y en el caso de la gasolina esa diferencia es aún mayor. Mientras que un galón cuesta 5 centavos en Venezuela, cuesta $4.36 en este lado de la frontera.
“Cuando se habla del contrabando venezolano, se habla de todo”, dijo Ortega. Solamente en el poblado fronterizo de Cúcuta, “se ven todos los días 200,000 motocicletas [cargando mercancías venezolanas] que cruzan la frontera varias veces al día, son como hormigas. Y si eso se suma, puede causar un gran impacto en cualquier lugar”.
La lista de artículos confiscados en el 2013 brinda un atisbo del hambre de Colombia por mercancía venezolana: $80,000 en leche y productos lácteos, $673,000 en arroz, $138,000 en cerveza. Pero también hay bolígrafos, chatarra, peines, fotocopiadoras, suministros médicos, motocicletas y bulldozers.
Las autoridades pararon asimismo más de 2,000 vehículos cargados de gasolina, diésel y otros combustibles, entre ellos tanqueros repletos de gasolina.
Si el contrabando está afectando a los negocios colombianos, está además alimentando los disturbios en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro culpa al contrabando con Colombia de los anaqueles vacíos y las especulaciones con los precios que han acabado lastrando a Venezuela con la inflación más alta del hemisferio, al 57 por ciento.
El gobierno ha estado tratando de detener ese flujo con un aumento de la seguridad y obligando a registrarse a los clientes de las tiendas de abarrotes estatales para evitar el acaparamiento y la reventa.
En marzo, Maduro reemplazó al jefe de la aduana, José David Cabello, hermano del presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, quien es considerado como uno de los hombres más poderosos del país. Algunos han propuesto medidas drásticas, tales como cerrar la frontera al anochecer, para tratar de disuadir el soborno de los guardias de la frontera.
El país ha abierto además nuevos mecanismos para comprar el bolívar, lo cual ha ayudado a calmar un poco los mercados de divisas. Hace apenas unos meses, los bolívares se vendían a alrededor de 80 por un dólar, ahora son unos 50. Ese cambio de un 38 por ciento encarece los artículos venezolanos en Colombia.
Hay señales de que esas tácticas están funcionando. El mercado central de Santa Marta en la costa atlántica de Colombia está a casi 175 millas de la frontera con Venezuela. Pero los vendedores aquí afirman que sienten los cambios de política de Caracas en el bolsillo.
Aunque la diferencia de precios entre los países explica el comercio en parte, no lo explica todo, dijo Ortega. Existen además señales de que el contrabando — no sólo desde Venezuela, sino desde Panamá y Sudamérica — se esta usando para lavar dinero de la droga.
Mientras Estados Unidos y Europa han hecho difícil el movimiento de efectivo, el narcotráfico ha recurrido a la mercancía para mover riquezas, dijo. En estos momentos, alrededor del 60 por ciento de toda la ropa que entra a Colombia es contrabando, y gran parte de ello es parte del negocio del lavado de dinero, dijo. La práctica es particularmente destructiva porque los que lavan dinero no se preocupan por sacar ganancias a la ropa, ellos solo quieren mover dinero sin ser detectados, dijo.
El combustible es también parte de esa cadena, dijo. Hay indicaciones de que el cártel mexicano de Sinaloa y las guerrillas y pandillas colombianas se están beneficiando del contrabando de combustible. Y los laboratorios de droga de Colombia están usando gasolina y cemento venezolanos subsidiados para convertir la coca en cocaína.
“Fernando”, el dueño de la gasolinera ilegal en Santa Marta, acordó hablar con el Miami Herald siempre y cuando no se usara su nombre. El vende el combustible por $4 el galón, solo un poco por debajo del precio oficial en Colombia, pero los clientes lo prefieren porque su mayor índice de octano hace que dure más, dijo.
Fernando también está sintiendo últimamente las medidas de Venezuela. Antes, ómnibus escolares cargados de latas de gasolina eran los que le traían sus suministros. Pero ahora el tráfico es menos visible. La última moda son las camionetas picop Ford F150 con dobles tanques de gasolina que pueden traer hasta 54 galones a la gasolinera con cada viaje.
El dijo que, siempre y cuando se pueda hacer ganancias con la gasolina venezolana, la misma continuará cruzando la frontera. “¿Qué tiempo llevan tratando de evitar que Colombia exporte cocaína?”, dijo. “Si no pueden parar las drogas, ¿cómo van a poder para la gasolina?”
Nuevo Herald
